La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba presentó este lunes 5 de octubre el informe "Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba". Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron 225% promedio y la inflación acumulada fue de 336%, una brecha de 111 puntos porcentuales.
El estudio es cualitativo. Se hizo en junio y julio con grupos focales y entrevistas a personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y transportistas de la Ciudad de Córdoba. Lo impulsó el Defensor del Pueblo Adjunto a cargo, Carlos Galoppo, y lo coordinaron las áreas de Inclusión Social y de Estadística. El informe identifica a los entrevistados solo por su rol.
Pagos que no llegan
Más de 400.000 cordobeses conviven con limitaciones funcionales permanentes. Solo 127.774 tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, alrededor del 3% de la población, según el documento.
El informe registra demoras de varios meses, y hasta de un año, en el cobro a obras sociales y programas estatales. Una profesional prestadora lo resume así: "En mi caso yo trabajo con una obra social que hace un año que no me pagan".
Para las instituciones, el problema se agrava por las cargas sociales que deben pagar a la ARCA. La directora de un centro advierte: "Nuestro único acreedor es ARCA. Si ellos deciden iniciar las ejecuciones fiscales, desaparecemos porque debemos 360 millones de pesos". El Acompañamiento Terapéutico no figura en el nomenclador. Una profesional del área señala: "Se definió un esquema para calcular un valor ético de la hora de AT que lo fija en $16.000, y pagan $3.000".
Transporte y turnos
El informe compara el transporte con el combustible. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la nafta súper subió 559% y el kilómetro del nomenclador, 231%. Lo que antes cubría 0,9 litro hoy alcanza para 0,4. Un representante del sector sostiene: "Los prestadores estamos financiando lo que el Estado está desfinanciando y está destruyendo".
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Para tramitar el CUD, la Ciudad cuenta con siete hospitales con juntas evaluadoras. Solo dos son pediátricos y los turnos se dan a dos o tres meses. La madre de un niño con discapacidad cuenta: "Yo al neurólogo de mi hijo, que está en el hospital infantil, meses lo estuve siguiendo. Porque no tenía turno, porque no había".
Familias que pagan y renuncian
Las familias costean terapias, traslados y funciones de apoyo en el aula. Una madre relata: "Estuvimos como dos años pagando particular. Cuando me toca pagar, yo pago como $150.000, $180.000 solo de sesiones".
El informe señala que la sobrecarga recae sobre todo en las mujeres. Otra madre cuenta: "Tuve que dejar de trabajar mediodía, se me reduce el sueldo y trabajo mediodía por la tarde, pero no tengo otra opción".
Las instituciones también recortan. El representante de un centro describe: "Teníamos una empresa de limpieza contratada, la dimos de baja; los de maestranza hoy tienen que estar abocados a limpiar porque no podemos contratar una empresa por fuera". El tesorero de otra entidad agrega: "Estoy tocando puertas en millones de lugares".
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Pensiones, demoras y "sospecha"
Galoppo expuso demoras de entre 4 y 9 meses para prótesis y medicamentos, y de entre 9 y 14 meses para las altas en centros de rehabilitación. Las resoluciones de pensiones no contributivas, indicó, acumulan atrasos de 2 a 3 años o más.
El informe registra la suspensión de nuevas altas de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y auditorías masivas. Una persona con discapacidad visual que cobra la pensión describe el criterio así: "Vos tenés que demostrarle al Estado que no sabés mover ni siquiera los pies para poder buscar trabajo". Una directora de institución añade que hoy "estamos todos bajo sospecha".
El Estado nacional y la Provincia
Según el informe, la oficina cordobesa de la ex ANDIS, hoy SENADIS, pasó de 12 a 4 agentes presenciales. En Río Cuarto se cerró la atención presencial y 2 de las 4 personas siguen en modo remoto. Sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, referentes de instituciones señalan: "La sociedad sabe que la ley de emergencia en discapacidad se aprobó y cree que se está aplicando".
El informe detalla aportes subnacionales. La Provincia amplió el Fondo Provincial de Inclusión Social con $4.500 millones y creó el fondo "Córdoba Sostiene", con $2.000 millones. La Municipalidad entregó ocho millones de pesos a instituciones del Consejo Municipal de Discapacidad.
La directora de un centro valora la homologación de aranceles de APROSS: "Eso nos salvó a todos". Otra directora advierte: "La provincia no nos va a poder ayudar más porque tiene otros gastos".
Lo que plantea el informe
La Defensoría concluye que el sistema no colapsó por las garantías institucionales sino por el sostenimiento de personas con discapacidad, familias, profesionales e instituciones. Plantea reorientar las políticas públicas hacia las áreas más desprotegidas, con equidad y justicia redistributiva.
