El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 anticipa un fuerte ajuste sobre los servicios públicos en lo que es quizás, el momento más sensible para aplicar un tarifazo a los usuarios: la antesala de las elecciones presidenciales. El objetivo es que los hogares de mayores ingresos asuman casi la totalidad del costo de la energía eléctrica mayorista.
La dinámica del 2026 mostró que aún queriendo “liberar” los precios de las tarifas, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, prefirieron el pragmatismo de sostener subsidios “temporales” por un tiempo más largo. Sin embargo, la viabilidad de este esquema tarifario sin mayores sobresaltos no depende de la voluntad política, sino del cumplimiento estricto de la pauta del dólar oficial.
La dirección del ajuste responde a las exigencias establecidas en el último staff report del Fondo Monetario Internacional (FMI). En el documento, el organismo multilateral condicionó la solidez del ancla fiscal a la ejecución de mayores reducciones en la ayuda estatal en materia energética y a una focalización más estricta de las transferencias sociales.
Para sostener un superávit primario proyectado en 1,4% del PIB sin emitir pesos, el Tesoro deberá acelerar la poda de fondos sobre el sector energético y el transporte.
La consultora Colossus Lab señaló que la partida diseñada para cubrir el costo mayorista de la electricidad sufrirá una caída del 46% en términos reales, cayendo de los $ 4,84 billones asignados para 2026 a $ 3,18 billones el próximo año.
El texto presupuestario fija la meta de que la tarifa cubra más del 88% del costo monómico de generación durante 2027, escalando al 91% en los ejercicios posteriores. Así, los hogares sin asistencia del Estado pasarán a pagar el 94,6% del costo real de la electricidad, eliminando virtualmente todo componente subsidiado de la boleta. Por su parte, los 8,8 millones de usuarios englobados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) deberán abonar el 64,3% de la energía.
En el mercado del gas, el Gobierno eliminará paulatinamente los incentivos a las empresas productoras para concentrar la asistencia estrictamente en la demanda. De los $1,21 billones correspondientes al programa de hidrocarburos, dos tercios se destinarán a financiar garrafas para 3 millones de hogares vulnerables y a cubrir las compensaciones del fondo para zonas frías.
El riesgo cambiario en la boleta
La arquitectura de tarifas se sostiene sobre un ancla nominal: el gas en boca de pozo y los contratos de generación eléctrica están dolarizados. Economía diseñó el Presupuesto bajo el supuesto de un tipo de cambio oficial de $1.847,6 para diciembre de 2027, lo que representa una depreciación anual del 15,5%. Esta pauta corre deliberadamente por debajo de la inflación estimada del 18%.
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Al subir por debajo de los precios internos, el dólar abarata el costo de la energía en moneda constante. Es la vía contable que le permite al Estado retirar el subsidio sin que la tarifa minorista crezca mucho. Pero, el riesgo durante el año electoral que suele ser de presión cambiaria es que si el tipo de cambio oficial se devalúa un 10% por encima de lo pautado, el costo de generar electricidad se encarecerá entre $1,3 y $2,6 billones adicionales. Ese shock obligaría al Tesoro a quebrar el equilibrio fiscal inyectando más pesos, o a trasladar el diferencial directamente al usuario en un año atravesado por las elecciones.
Impacto en el salario y transiciones
El avance sobre las tarifas presiona un escenario de consumo interno que ya opera al límite. Según el relevamiento de agosto elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), una familia representativa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios requirió $289.622 mensuales para abonar los servicios de luz, gas, agua y transporte. Esta cifra insume un 14,5% del salario promedio del sector formal medido por el RIPTE.
La canasta de servicios públicos escaló un 54% en comparación con agosto del año previo. Pese a la agresiva corrección, la tarifa que paga el usuario medio apenas cubre hoy el 55% de los costos totales del sistema. El rojo persiste con fuerza en la energía eléctrica, donde se abona el 63% de los costos, y en el gas natural, con una cobertura del 57%.
Frente al deterioro del ingreso disponible - lo que queda para consumir después de pagar los costos fijos - aunque el discurso público del vocero presidencial, Adrián Ravier, insiste en la desregulación y la liberación total e inmediata de todos los precios de la energía, la realidad del bolsillo dictó otra agenda. Las "bonificaciones extra" del 25% para el precio mayorista del gas y del 16,6% para la electricidad que se aplicaron cuando se pasó del esquema anterior de subsidios al actual, de ayuda focalizada, se mantendrán operativas, como mínimo, hasta fines de 2026, indicaron fuentes oficiales a PERFIL.
Ajuste en la movilidad urbana
La compresión fiscal de 2027 también recaerá de lleno en el transporte terrestre. El proyecto presupuestario estipula un recorte del 32% en términos reales para los fondos de compensación destinados a los colectivos, fijando la partida anual en $ 899 mil millones.
La tijera de Presupuesto elimina un tercio de las transferencias reales mientras las propias metas del Estado proyectan un aumento del 3% en la cantidad de viajes diarios en el AMBA y el interior. Un sistema con más pasajeros en circulación y menos inyección de fondos nacionales requerirá aumentos directos en el precio del boleto, o forzará a los gobernadores e intendentes a cubrir el déficit operativo con fondos propios.
