La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su respaldo general al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, aunque planteó objeciones puntuales sobre cinco artículos que, según la entidad, podrían generar “inestabilidad y conflictividad” en el sector productivo.
Desde la organización empresaria señalaron que la actualización de la legislación laboral y de los convenios colectivos es necesaria, pero cuestionaron los cambios propuestos en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132, al considerar que introducen modificaciones sensibles sin una transición adecuada.
“Nosotros siempre fuimos partidarios, y hace muchos años que lo venimos expresando, de que había que realizar una actualización tanto de la ley como de los convenios”, sostuvo el vocero de CAME, Salvador Femenia, en diálogo con PERFIL. En esa línea, destacó que varias de las modificaciones contempladas en el proyecto reflejan prácticas que ya se dan en la realidad, especialmente en el universo pyme.
“Cuestiones como las horas extras o el fraccionamiento de vacaciones, para las pymes en la práctica ya están sucediendo, muchas veces por pedido del trabajador. Nosotros no tenemos la estructura de las grandes empresas, tenemos un trato más directo con los empleados y llegamos a acuerdos de conveniencia para ambos, pero que la ley en realidad no permitía”, explicó. Por eso, remarcó que “en términos generales, estamos de acuerdo”, aunque aclaró que “todo obviamente es discutible”.
Uno de los principales focos de preocupación de la entidad está puesto en la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos. El presidente de CAME, Ricardo Diab, advirtió que si bien los convenios pueden y deben ser revisados, “no pueden caer de un día para otro porque generarían una incertidumbre muy compleja”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Diab alertó que desarmar el entramado actual sin una instancia de transición “generaría más caos que soluciones en este momento”.
En el mismo sentido, el vocero de la entidad explicó que el artículo 126, que modifica la ley 14.250, “se mete con la ultraactividad y deja como vigentes solo las disposiciones normativas, pero no las obligaciones que forman parte del convenio”. Según señaló, esto “debilita la autonomía tanto del sector gremial empresario como del sindical para la libre negociación” y genera “imprevisibilidad”, además de entrar en tensión con el artículo 14 bis de la Constitución y con convenios internacionales de la OIT.
Obligatoriedad de los aportes patronales
Otro punto central del cuestionamiento es el artículo 128, que elimina la obligatoriedad de los aportes patronales a las cámaras empresarias. Para CAME, esta medida coloca a las entidades empresariales en una situación de “desigualdad absoluta” frente al sector sindical.
“Es válido que se mantenga el aporte obligatorio de los sindicatos, pero no así que para las entidades empresariales sea voluntario. Eso nos deja en una situación totalmente inequitativa y en desventaja de poder”, sostuvo el vocero. Y agregó: “En la práctica, que el aporte sea voluntario significa que nadie va a aportar, lo que nos desfinancia totalmente como entidad representativa de los intereses de las pymes”.
Desde la confederación remarcaron que las pymes representan el 99% de las empresas del país y advirtieron que la quita de estos recursos pondría en riesgo programas clave, como los de formación profesional que CAME desarrolla en todo el territorio nacional. “Gracias a las capacitaciones que hacemos, muchas empresas y pequeños comercios se han sostenido incorporando nuevas habilidades”, subrayaron.
Además, rechazaron el argumento de que estos aportes tengan un impacto significativo en los costos. “Es ínfimo por empleado. De hecho, el no pago por parte de grandes empresas no se tradujo en menores costos ni en precios más bajos: en diciembre, lo que más aumentaron fueron los alimentos”, indicó el vocero, en referencia a los dichos del ministro Federico Sturzenegger.
Por último, CAME alertó que la aplicación de los artículos 130, 131 y 132 podría derivar en futuros conflictos legales, según el análisis de sus asesores jurídicos.
Ante este escenario, representantes de la entidad ya mantuvieron reuniones con la mayoría de los legisladores que integran las comisiones correspondientes, así como con senadores y gobernadores. El objetivo es que el Poder Legislativo contemple estas observaciones antes de la votación definitiva de la norma.
