La iniciativa, que contaba con sanción del Senado, fue aprobada en general por los diputados por 209 votos contra 10, todos del PRO (centroderecha de Mauricio Macri y Ricardo López Murphy) después de un debate que se extendió por varias horas.
Se trata de una iniciativa que apunta al mantenimiento de la vigencia de ambos regímenes jubilatorios, ya que permite que la población elija libremente el destino de los aportes.
El debate, que se constituyó en el último del período extraordinario, contó con la presencia representantes de organizaciones de jubilados y sindicatos que colmaron los palcos del recinto de la cámara baja a lo largo de la sesión.
Previamente, las organizaciones sociales y sectores de ATE Capital y Nacional realizaron una marcha frente al edificio del Congreso para respaldar la sanción del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
También, siguieron el debate de la iniciativa, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Anses, Sergio Massa, que ofrecieron una conferencia de prensa para respaldar la iniciativa.
Si bien el proyecto fue respaldado por la mayoría de los bloques parlamentarios, las bancadas del radicalismo, el ARI y del Justicialismo Nacional anticiparon que respaldarían en general la norma pero plantearon sus disidencias en algunos puntos.
Al defender la iniciativa, el titular de la comisión de Previsión Social, el kirchnerista mendocino, Enrique Thomas, dijo que la ley apunta a "mejorar la cobertura de la población, favorecer la estabilidad del sistema y garantizar un haber mínimo del conjunto de los beneficiarios".
Desde la UCR, el diputado por Jujuy, Alejandro Nieva, anticipó el respaldo del radicalismo a la ley que, sostuvo, "empieza a enmendar alguno de los graves daños que se le hicieron a los trabajadores con el diseño de la ley 24241 que se hizo con el propósito de establecer un mercado de capitales".
El ex ministro de Trabajo y actual diputado por el Peronismo Federal, Alfredo Atanasof, respaldó el proyecto, al sostener que permite dejar atrás "la ola estadofóbica neoliberal de privatización del sistema que imperó en los 90".
Por su parte, el Justicialismo Nacional, a través de Jorge Sarghini, anticipó que acompañará el proyecto pero, advirtió, que la norma "tiende a que los pobres pasen al sistema estatal y los ricos queden protegidos por el sistema de capitalizacion. Es una reforma que tiene una total regresividad a mediano plazo".
En un enfático discurso, la diputada del ARI, María América González, recordó la lucha de varios legisladores y jubilados para evitar la sanción de la ley que estableció el sistema "maldito de las administradoras", al adelantar que votará "a favor de la libertad de decisión de los trabajadores".
En tanto, el diputado del PRO, Federico Pinedo, manifestó su preocupación por el "efecto de esta ley en las futuras jubilaciones" y pidió incorporar una claúsula "para garantizar la intangibilidad de los recursos de los argentinos que se jubilen".
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca invertir la presunción sobre los trabajadores que establecía que si no optaban por uno de los dos sistemas, al momento de iniciar su vida laboral, eran considerados dentro del régimen de capitalización.
Se establece que los trabajadores que ingresan al mercado laboral y luego de 90 días no optan por ninguno de los dos regimenes quedarán comprendidos en el sistema de reparto.
Hasta ahora, el sistema funcionaba al revés, ya que si el trabajador no ejerce su opción es enviado a una AFJP entre las que cobran las comisiones más bajas y ya no tiene posibilidad de volver al sistema de reparto.
A través de esta norma, se establece un tope a las comisiones que cobran las AFJP sobre el salario, que busca limitar los gastos de comercialización de las administradoras sobre el aporte del trabajador, a la vez que mejora su ahorro jubilatorio.
Por otra parte, la ley incorpora la posibilidad de que el activo del Fondo de Jubilaciones y Pensiones se invierta en títulos de deuda pública y en certificados de participación en fideicomisos.
De esta manera, la iniciativa apunta además a financiar proyectos productivos o de infraestructura con el objetivo de lograr que las administradoras de esos fondos se comprometan con el crecimiento económico y la solidaridad social del país.
Fuente: DyN y Télam
