Simplificación, consenso y blanqueo: las claves de la reforma tributaria de Milei

El 10 de diciembre, Javier Milei se pondrá la banda presidencial en el Congreso y asumirá la responsabilidad, como presidente de la Nación. Y en las horas posteriores a su arribo a la Casa Rosada, una de las prioridades del nuevo gobierno pasará por impulsar una reforma tributaria.

El tema ha estado “en boca de todos’ en los últimos meses. Por caso, el mismo libertario ha remarcado la “necesidad” de transitar hacia un equilibrio de las cuentas fiscales. Por el otro, los gobernadores e intendentes, han mostrado diversas posturas al respecto: algunos mirando con preocupación el efecto en la recaudación que puede tener una modificación brusca de la matriz impositiva y otros, alentando una simplificación.

Hay incertidumbre por si es viable en el corto plazo o si requiere de gradualismo hasta alcanzar el equilibrio en donde la caída recaudatoria y el recorte del gasto no terminen impactando en la gente.

¿Desde dónde se parte? Un reciente informe de LCG proyectó un déficit primario del 2,7% del PBI, casi un punto por arriba de la meta comprometida con el FMI, del 1,9%.

Según la consultora, el gasto público consolidado (Nación+Provincias+

Municipios) cerrará el año en torno al 38% del PBI. Y aunque es el punto más bajo del mandato de Alberto Fernández, está alejado del promedio de los 90, objetivo que persigue Milei y su equipo.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para alcanzar el equilibrio se requiere una caída de al menos el 25% del gasto primario, equivalente a casi 5 puntos del PBI.

El contador tributarista César Litvin remarcó que “toda reforma tributaria requiere lograr, primero, un equilibrio fiscal”. “Si eso no existe, es incompatible porque habrá menor recaudación que los gastos y el problema persistirá”, dijo en diálogo con PERFIL.

Coincidió Alejandra Sarni, asesora impositiva en BDO Argentina. “El reordenamiento del sistema tributario no es una tarea sencilla”, aseguró. “Nadie duda de que vamos a una tendencia de reducción fiscal. Pero esto no se va a poder concretar, por lo menos de manera total, ni en el inmediato ni en el mediano plazo. Lo primero es reducir el gasto público”, dijo.

En este contexto, Litvin sostuvo: “Suponiendo que se logre el equilibrio, los impuestos que hay que reformular tienen que ver con dos pilares básicos. Uno de ellos es simplificar el sistema tributario”.

Según datos del Iaraf, existen 148 impuestos, tasas y contribuciones en Argentina, aunque sólo diez aportan el 91% de los ingresos, mientras el 9% restante se completa con las otras 138 imposiciones.

“Y el otro es lograr competitividad”, agregó Litvin. Este es un reclamo de la industria ante el interés de Milei de avanzar con una apertura unilateral del comercio que pueda imponer una presión de la competencia global contra las empresas locales; que, en buena parte, responden a la fuerte presión impositiva, de entre el 40% y 50% para el sector formal. “La falta de competitividad no es responsabilidad de la PyME, sino del desbarajuste del Estado en lo que es cargas, tasas, aportes, contribuciones, costos laborales y los 150 impuestos que se pagan, además de los costos de las materias primas. Si se corrigen esas cosas, y hay reglas del juego claras, yo puedo ser competitivo”, expresó José Tamborenea, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas.

“Y en el podio de los impuestos más distorsivos, y que más afectan nuestra competitividad, está Ingresos Brutos. Hay que buscar un consenso con las provincias para reformularlo”, aseguró Litvin.

Un acuerdo fiscal con las provincias no es menor. Un punto clave del debate pasa por aquellos tributos coparticipables, recaudados por el Estado Nacional y de los que luego, en base a un porcentaje, se reparte ‘una porción’ o su totalidad a las distintas regiones del país.

Dos de las más importantes son Ganancias y el IVA, ambos modificados en plena campaña electoral por el, hasta el 10 de diciembre, ministro Sergio Massa. Esto provocó el enojo de los gobernadores, quienes no pudieron anticiparse a la baja en los ingresos, de manera brusca, y denunciaron que, sin ellos, se les hacía imposible pagar los sueldos y los aguinaldos.   

Para Sarni, será clave para el próximo gobierno “trabajar en una nueva Ley de Coparticipación Federal”, que data de 1988. La ley dispone que, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se los queda el Estado Nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% se reserva para el ATN.

“Se habla de que el 50% de la recaudación del impuesto a los débitos y créditos bancarios se sume a la masa coparticipable, algo que tiene una asignación específica, la Anses”, argumentó.

Este interés se confirmó en las últimas horas, cuando se acordó la presentación de un proyecto de ley para coparticipar el también llamado Impuesto al Cheque, buscando compensar el agujero que generó en las cuentas provinciales la eliminación de los dos activos y la tendencia de que esto se mantendrá en el 2024.

Según la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, en 2022 las jurisdicciones recibieron $ 6.527.242 de origen nacional, siendo Buenos Aires la que más recibió a nivel total, quedándose con $ 1.471.986.

Blanqueo y moratoria. Más allá de que Milei habla de un equilibrio fiscal a partir de la eliminación de “costos” por parte del Estado, necesitará financiamiento para aplicar las políticas que busca llevar adelante, considerando sus propios dichos, en donde afirmó que “la billetera del capital humano va a estar abierta”.

Otro punto de incertidumbre: de dónde generará esos ingresos. Para Litvin “en este proyecto de reforma estarán presentes dos herramientas que se usan cuando se está en una situación de tanta inestabilidad económica e informalidad, como son el blanqueo y la moratoria”.

Respecto a la primera, Sarni consideró que “es una necesidad para recaudar y para reinsertar a muchas empresas al sistema formal”, aunque aseguró que “requiere no solo de un acompañamiento que brinde seguridad jurídica y estabilidad fiscal después de haber blanqueado, por ejemplo, divisas desde el exterior, sino también de otras acciones” como la reducción de la alícuota de Bienes Personales, “uno de los impuestos más perjudiciales de la actualidad”, que se aplica sobre los bienes situados en el país y en el exterior.

Según el informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa del Indec, en el segundo trimestre del 2023 los argentinos poseían fuera del sistema financiero local US$ 264.948 millones, cifra que comprende el dinero alojado en cuentas bancarias declaradas en el exterior, los fondos atesorados en cajas de seguridad o los billetes guardados “en el colchón”, tanto en dólares como en otras divisas. Representa más de 10 veces las reservas actuales del Banco Central, de US$ 21.538 millones al 27 de noviembre.

La moratoria, para Litvin, “es una herramienta que da la posibilidad de que el contribuyente que no ha podido pagar los impuestos tenga la posibilidad de hacerlo y, de esa manera, se haga un cambio en el activo del Estado”.

Ambos expertos coincidieron en que, para que estas disposiciones sean efectivas, el gobierno de Javier Milei debe “generar confianza”.