Federico Sturzenegger respaldó la decisión del Gobierno de eliminar el arancel del 35% que regía sobre la importación de termos, vigente desde hace más de dos décadas. A través de una extensa publicación en sus redes sociales, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado cuestionó los resultados del esquema de protección y centró sus críticas en la empresa argentina Lumilagro, una de las principales fabricantes nacionales del rubro.
“La Resolución 835/25 con firma de Luis Caputo da por concluido, luego de 23, años el régimen de protección antidumping a la industria de los termos”, sostuvo Sturzenegger, quien introdujo su publicación en X con una frase provocadora: "UNA HISTORIA QUE TE DEJARA MAS FRIO (O CALIENTE) QUE EL AGUA EN UN TERMO LUMILAGRO".
En la misma publicación, el también exsecretario de Política Económica durante el gobierno de Fernando de la Rúa, recordó un spot de campaña de 2011 de Cristina Fernández de Kirchner, en el que el dueño de Lumilagro declaraba: “El problema no es competir sino cómo competir”.
Según Sturzenegger, esa frase expresa una contradicción entre el discurso y la práctica: “Curioso. Porque no decía que el kirchnerismo le había otorgado una protección anti-dumping que le daba un privilegio relativo a la competencia externa”, escribió.
En su análisis, el funcionario de Javier Milei cuestionó la eficacia del régimen. Según datos citados en su mensaje, la empresa contaba con 284 empleados en 2011, mientras que actualmente tiene 129, de los cuales solo 11 están abocados a la producción de termos de acero, segmento que más creció en los últimos años.
“La gente ya no usa termos de vidrio (por el obvio motivo que se rompen), sin embargo, pareciera que Lumilagro no ha migrado plenamente a la nueva modalidad de consumo”, agregó Sturzenegger.
El ministro consideró que el sistema anterior “incentiva al empresario a sostener la ineficiencia", ya que desincentivaba a las compañías a mejorar su competitividad para no perder los beneficios del arancel.
"La medida del kirchnerismo imponía un precio mínimo de 15 dólares para la importación de un termo. Usemos los datos de 2023 para evaluar el costo de la medida. En ese año se importaron 12 millones de dólares de termos a un precio promedio de 11,4 dólares. Como los más baratos tenían que pagar un diferencial a los 15 dólares, la medida generó un costo extra para los consumidores de unos 4 millones de dólares. En los 23 años de protección serían unos 90 millones de dólares", expresó el funcionario. Y agregó: "Ese es el monto en el que las familias argentinas, ricas y pobres, tuvieron que poner para proteger a Lumilagro".
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Sturzenegger planteó tres preguntas en su análisis: "Primero, si el esfuerzo tuvo un resultado. Segundo, si el sistema tiene lógica. Tercero, si moralmente corresponde".
Respecto al primer punto, el ministro sostuvo que la planta de Lumilagro “fue decreciendo” y que "en termos de acero no logró aumentar su participación de mercado, aunque haya explotado ese rubro". "Si era para darle tiempo a la empresa, 20 años parecen no haber sido suficientes”, expresó.
En cuanto al plano "moral", el funcionario designado por el DNU 586/2024, expresó que no corresponde obligar a millones de trabajadores argentinos a subsidiar a los empleados de una empresa en particular.
Sturzenegger luego cuestionó: "¿Quién tiene la autoridad moral para decirle al resto de los millones de laburantes que tienen que poner 4 millones de dólares por año para sostener a esos otros trabajadores? ¿Quién toma esa decisión? Porque en un país con los índices de pobreza de Argentina, ¿quién tiene la autoridad moral para pedirle a una familia que ponga dinero de su bolsillo, que necesita para los alimentos o salud de sus hijos, para defender a una empresa puntualmente?"
La publicación cerró cuestionando al concepto de “Estado presente” que promueve el kirchnerismo, al que acusó de “mostrar a los ganadores pero ocultar los costos”. Sturzenegger, quien fue procesado y luego absuelto por presunto delito económico durante el denominado “Megacanje”, reivindicó la nueva política como una corrección de esa “injusticia” y afirmó que “el camino es la libertad que propugna nuestro presidente Javier Milei”.
El ministro gradeció a Luis Caputo, titular del Ministerio de Economía, y a Eduardo Marzoratí, secretario de Comercio, por su trabajo en la resolución. Finalizó su publicación con la consigna “VLLC!”.
La medida implicó la eliminación del arancel del 35% a la importación de termos busca reducir los precios para el consumidor argentino. Se espera que con mayor competencia ingresen productos a precios más accesibles, lo que pondría presión sobre los fabricantes locales.
RM/ff
