A partir de 1993, con las principales reformas del Estado en marcha (sobre todo de Administración Financiera) comenzó un ciclo de negocios especulativos de Deuda Pública que aún se repite por períodos según el funcionario rentado de turno. En esa década se permitió a los bancos acreedores de Argentina cambiar títulos de deuda por bonos en dólares con mercado secundario, es decir con la posibilidad de vender esos papeles sin necesidad de contarlos en sus pasivos. No se trataba solo de un negocio basado en los intereses a cobrar, sino en la posibilidad de vender deuda local a personas físicas o jurídicas con mayor capacidad de exigir el pago en el tiempo y utilizar esa capacidad para forzar un nuevo endeudamiento en mejores condiciones para ellos, mientras la parte deudora (nuestro país) quedaba expuesta a condiciones de difícil de renegociación, tanto por los montos en juego, como por la jurisdicción legal.
Así, el Estado argentino, durante el período preferido del actual Presidente, comenzó a emitir bonos en dólares a cambio de dinero fresco para mantener viva la convertibilidad (una dolarización sin dólares), pagando con ese dinero deuda anterior. Para compensar los sucesivos faltantes (por pagar deuda con más deuda) se emitían nuevos bonos a tasas cada vez más altas, en un negocio sin fin para los acreedores-especuladores, pues como señalamos, los bonos además de devengar intereses podían venderse al mejor postor. Esa dinámica constituyó una verdadera sangría que duró casi una década, hasta que el país quedó a tiro del default en 2001, pues ya no había mercado posible para papeles de deuda con intereses cada vez más altos (y más riesgosos).
Pero como un país, para dejar de pagar debería desaparecer de la faz de la tierra (literalmente) siempre hay lugar para un nuevo canje de deuda vieja por nueva y ese recordado año, con tantos pasivos acumulados, el negocio debía ser tan grande que se lo denominó “mega” intercambio o megacanje.
Megacanje I. Terminada la década de bonos por bonos y al borde de la crisis tan mentada, un grupo de funcionarios rentados comenzaron a diseñar el primer meganegocio con deuda argentina. Los mismos que habían ideado el fracaso financiero de los 90 con Domingo Cavallo como inspiración y parte, propusieron salir de la crisis a través de la misma dinámica, pero de un solo golpe: el megacanje. Previamente, para sostener la posibilidad del deudor (Argentina) de emitir nuevos bonos, se debía contar con fondos de respaldo, y a instancias del FMI se aprobó un crédito por 40 mil millones de dólares conocido como “Blindaje”, supuestamente para cubrir al país ante las acreencias acumuladas por parte de los grupos especulativos. Aparte del Fondo Monetario, participaron el BID, el Banco Mundial, bancos privados y AFJP, con un aporte también de las arcas españolas. El acuerdo sostenía enviar montos menores al acordado (40 mil M) por períodos espaciados, en la media que el Estado nacional cumpliera las metas pactadas con el organismo multilateral de crédito (FMI).
Es importante retener las palabras que se usaron entonces y se repiten hasta nuestros días para justificar estas políticas: seguridad jurídica, confianza de los acreedores y de los “mercados”, tranquilidad financiera, entre otros sintagmas. Pero los costos no deben medirse solo en dinero, más allá del carácter usurario que tienen este tipo de negociados, sino también en relación a la política institucional con y para la ciudadanía: el gobierno de entonces se comprometió, entre otras cosas, al recorte de las jubilaciones futuras, la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres, la desregulación de las obras sociales, el recorte presupuestario en perjuicio de la salud y la educación, y el achicamiento del Estado (es decir, menos prestaciones y obras para la ciudadanía), entre otros ajustes.
Ante la pronta insuficiencia demostrada por el Blindaje, pues se ejecutó solo un 10% del monto acordado y el país seguía sin dólares, en mayo del mismo año el Honorable Congreso de la Nación delegó facultades al Poder Ejecutivo para renegociar la Deuda Pública dando vía libre al nuevo meganegocio. Los funcionarios de entonces, Domingo Cavallo (otra vez ministro de Economía como en los 90) y Federico Sturzenegger (secretario de Política Económica de la Nación) firmaron el decreto 648/01 (16-05-2001) para un nuevo Canje de Deuda de Títulos Públicos, designando a los colocadores principales de esos bonos (es decir, eligiendo a los bancos que venderían esos papeles en el mercado internacional cobrando millonarias comisiones). Para cumplir los objetivos de pago lanzaron el plan “Déficit Cero”, otra consigna repetida por funcionarios y periodistas hasta la actualidad cuando de negocios de deuda se trata.
Finalmente, ante los fracasos sucesivos de estos pasamanos de deuda, en noviembre se firmó otro DNU (1387) para poder emitir nuevos bonos y postergar más vencimientos. En diciembre de ese año el fracaso financiero con Domingo Cavallo y Federico Sturzenegger a la cabeza estalló, y no pudo ser más elocuente la reacción de la ciudadanía, en muchos casos con organización y creatividad, en otros con sorpresa y espontaneidad, impugnando casi doce años de neoliberalismo continuado que, si se suma el período dictatorial, del cual participó también Cavallo (estatizando deuda privada vía seguros de cambio) y se incluye buena parte de la economía del alfonsinismo (también estatizando deuda) fueron casi 25 años de negocios financieros ruinosos para las arcas nacionales, siempre bajo prerrogativas liberales. Como si le faltara un remate a esta historia, la gestión económica de Cavallo-Sturzenegger, en ese fatídico diciembre de 2001, confiscó los ahorros de miles de ciudadanos comunes, en el mayor atentado contra la propiedad privada cometido desde el Estado en democracia.
Por ese negociado fueron procesados –en particular, por el modo de selección de los bancos intermediarios– Domingo Cavallo (quien para el expanelista Milei fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina); Federico Szturzenegger (factótum del actual megaDNU inconstitucional), Guillermo Mondino (hermano de Diana Mondino, la actual canciller), Daniel Marx (negociador de la deuda argentina durante el menemismo), Horacio Liendo (abogado de los poderosos de siempre), y David Mulford (el banquero estadounidense que nunca se presentó a declarar), entre otros. El perito financiero Moisés Resnick Brenner, que actuó en la causa, afirmó que el país sufrió un perjuicio valuado en 55 mil millones de dólares por el salto de la tasa de interés que implicaba el canje de bonos. Mientras tanto, las comisiones pagadas a los bancos Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank y Crédit Suisse First Boston ascendieron a 150 millones de dólares.
Este tipo de delitos, tan complejos como gravosos, no sólo deben calificarse como hechos de “mega” corrupción (nunca mejor puesto el prefijo) por el dinero que obtienen sus intermediarios a costa de la ciudadanía, sino que, por su escala y mecanismos, son mega-fracasos para el país a futuro, pues condicionan la política macroeconómica al endeudarlo en divisas, es decir, la moneda que más necesita para crecer y equilibrar sus cuentas. La causa, iniciada tardíamente en 2006, con una primera instancia de confirmación de procesamientos en 2007, terminó dilatándose en un poder judicial cómplice. Así, entre la prescripción por desidia de la investigación y “falta de nuevas pruebas”, en 2014 se declaró la inocencia de los responsables de un escándalo que le costó miles de millones de dólares al Estado. No alcanzan todos los sobornos de la historia, ni miles de bolsos llenos de dinero, ni miles de manos en la lata para alcanzar montos como los mencionados. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia criticaron el fallo en tanto venía “a sumarse al mensaje de impunidad que prima sobre la persecución criminal por aquellas medidas de gobierno en las cuales se comprometen no solo el erario público, sino la vida misma de las generaciones presentes y futuras, su posibilidad de comer, educarse y curarse”.
Megacanje II. Los meganegocios de deuda volvieron en igual formato una década y media después, en 2016, cuando algunos de los mismos funcionarios del primer escándalo reincidieron en el fracasado plan, proponiendo un cambio de deuda vieja por nueva, sin pagar ningún costo político, sino como máximo un costo judicial que no termina de ser tal, ya que es un terreno en el que suelen tener influencia ellos mismos o sus jefes políticos, y los mejores abogados. Durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, el entonces subsecretario de Finanzas Santiago Bausili (socio de Luis Caputo en la consultora Anker, y en este 2024 presidente del Banco Central de Milei) intervino en un nuevo megacanje, en principio por 7 mil millones de dólares, para postergar vencimientos de deuda con más deuda. Uno de los bancos favorecidos fue el Deutsche Bank, empleador de Bausili hasta apenas horas de asumir como funcionario público. Lo acompañaron en este nuevo fracaso financiero su socio Luis Caputo (en ese 2016 secretario de Finanzas, hoy ministro de Economía al que Milei propone llevar en andas por conseguir la inflación mensual más alta en décadas), Federico Sturzenegger (en ese momento presidente del Banco Central, bajo cuyo mandato cuadruplicó la inflación respecto de la meta que él mismo había fijado; hoy asesor de facto del Gobierno) y Mario Quintana (fundador y presidente de Farmacity, por entonces secretario de Coordinación Interministerial). Ya sin cargo, pero aplaudiendo la maniobra, Cavallo funcionó para Macri como exégeta y festejante de sus políticas.
El Megacanje II fue otro fracaso financiero deliberado no solo como política pública, que hundió aún más a la Argentina de lo que lo habían hecho las políticas de Menem, Cavallo, De la Rúa, Bullrich, Sturzenegger, las privatizadas, las AFJP, los bancos, los grandes grupos económicos en 2001, sino que también resultó ser un escándalo judicial. En 2018, el recordado fiscal federal Federico Delgado pidió citar a indagatoria a Caputo, junto con Bausili y Quintana. Más adelante, el 17 de junio de 2020, en un petitorio del propio fiscal Delgado al juez de la causa, puede leerse: “tal como fue señalado por la fiscalía al momento de solicitar las declaraciones indagatorias en el marco de la presente, en la causa nro.13.008/2017 del Juzgado Federal nro.9, se investigó la presunta simultaneidad del Sr. Caputo en las firmas Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por inversiones realizadas entre las mismas”. En relación a Caputo, superior directo de Bausili en ese momento, escribe también Delgado: “Por último, otra de las presuntas firmas integradas por el Sr. Caputo, según el trabajo periodístico denominado ‘paradise papers’, es ‘Alto Global Fund’, una empresa dedicaba a invertir en bonos de deuda argentinos.” El fiscal Delgado había dejado claro que en relación a las negociaciones con los holdouts había reunido todos los elementos para la imputación penal, “por el artículo 294 del CPPN con relación a Luis Andrés Caputo, Santiago Bausili y Mario Quintana, en tanto se habría vulnerado la ley penal en los términos del artículo 265 del Código Penal, es decir el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.” Incompatibles, en el fondo, con la apuesta democrática.
En 2021, Bausili fue procesado por negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público y el juez Casanello lo embargó por $ 10 millones. De hecho, no solo era demasiado reciente su relación laboral con el Deutsche Bank al momento de asumir como funcionario público, sino que hasta 2018 siguió cobrando bonos del banco por un plan de pagos acordado cuando fue empleado de la entidad financiera. En diciembre de 2023, el mismo día que fue propuesto por Javier Milei para presidir el Banco Central, la Sala 2 de la Cámara Federal, en una absolución exprés, revocó el procesamiento de Bausili. No tiene remate.
¿Cuál es el límite del fracaso? La particularidad de estos fracasos financieros para el país no radica solo en el modus operandi (endeudar al país para pagar deuda como círculo vicioso), sino en los nombres que desde la década del 90 se repiten sin solución de continuidad utilizando al Estado para hacer negocios de los que luego no hay escapatoria. Negocios de capitales privados con dinero del erario público sólo posibles con funcionarios del Estado dispuestos a permitirlo (¿a un determinado precio?). El negocio más rentable para estos capitales (bancarios y no bancarios) es la deuda y su refinanciación con nueva deuda, no su cancelación de principal (capital). La imposibilidad de pago de personas físicas o jurídicas es un negocio de oportunidad para los bancos, pero cuando el deudor es un Estado, se multiplica la tasa de ganancia de estos especuladores ligados a entidades crediticias. Se trata de situaciones en la que funcionarios encargados de la operatoria por parte del Estado argentino e intermediarios financieros (bancos, consultoras, estudios de abogados especializados) se parecen demasiado, mientras disuelven los “deberes del funcionario público”, que consisten en defender el interés de la ciudadanía frente a esos acreedores y no al revés.
Los montos que se manejan son estratosféricos y las comisiones que cobran los privados por intermediar son millonarias, visibles para el caso de estos últimos, inconfesables cuando se trata de ministros o secretarios de Estado. Aunque también hay que repetir que, en la mayoría de los casos, estos funcionarios cobran su comisión en una especia muy valorada, llamada “futuro”, ya que no pocas veces terminan trabajando para las entidades financieras por ellos beneficiadas, y alcanza con ver en sus páginas web los clientes de sus consultoras. La promiscuidad, en ese sentido, está a la orden del día. Y como se trata de un negocio de nunca acabar (pagar deuda con mas deuda) y los responsables cobran en presente o futuro, al momento de pagar el país sigue lidiando ya en tribunales extranjeros, pues al emitir bonos en otra moneda el Estado argentino renuncia expresamente a su soberanía jurídica, en lo que se conoce técnicamente como “prorroga de jurisdicción”, y los litigios se resuelven donde están asentados esos capitales… curiosamente siempre con el mismo resultado.
Una pregunta que tal vez permita comprender el aprendizaje de algunos de los actores de la zaga, mas no de las mayorías perjudicadas: ¿Será por el nivel tan grosero de los delitos económicos en cuestión eso que esta vez Sturzenegger prefirió no tener un cargo público? Así parece, pues de ese modo no tiene que rendir cuentas por lo que haga el Gobierno, ni explicar quién le paga ni en favor de qué intereses trabaja, ya que es evidente que no responde a ningún mandato ciudadano. Por último: ¿Será por el mismo motivo que Cavallo, tan admirado por Milei, dedica su tiempo a ofrecer propuestas financieras desde su sitio web, alentando a la especulación financiera con planes descabellados para conseguir más dólares de deuda? Más allá de las preguntas retóricas, es cierto que estos fracasados financieros (en términos de lo que el país pierde con sus propuestas) han sido exitosos en sus negocios privados (eligieron bien a sus empleadores) y en extender su manto de impunidad a través de un Estado que, hasta ahora, siempre les permitió volver para arruinar el erario público.
¿Megacanje III? En este agitado e incierto 2024, los personajes mencionados ut supra volvieron, ocupando cargos en el Estado o actuando como voceros y defensores del gobierno de Javier Milei. Si bien sus propuestas económicas siempre fueron un fracaso para el país, ganaron dos batallas muy importantes. La primera es el tipo de debate que lograron imponer cuando se habla de economía, pivoteando en ejes como deuda, cotización del dólar, tipos de cambio, tasa de interés positiva o negativa, Leliqs, pasivos remunerados, etc.; como si estos elementos de la economía financiera, combinados de tal o cual forma, dieran una solución a la situación caótica general. Un problema histórico de la Argentina es la falta de dólares, y la forma de conseguirlos es venderle al mundo más de lo que se le compra y recaudar más de lo que se gasta (para disponer de los pesos en función de esas divisas). La única manera de lograrlo es debatiendo y reactivando la economía productiva, no la financiera, que está sobre-estimulada por las operatorias ya mencionadas.
El crecimiento económico argentino depende de su productividad, es decir, de la capacidad de todos los argentinos de trabajar, inventar, consumir, intercambiar, y no de su sistema financiero especulativo-rentístico, que demostró con creces una cosa: solo sirve para generar más deuda y negocios millonarios para una casta. Precisamente, la casta que hoy vuelve a gobernar. Es fundamental reactivar empleo y producción, antes que canjes de deuda, y entender que en un país como el nuestro, por recursos y capacidad instalada, la economía financiera debería ocupar no más de un 15% del total de sus transacciones.
Gracias a personajes como Cavallo, Sturzenegger, Caputo, Bausili, ahora también Milei (y siguen las firmas), terminamos hablando el lenguaje de los especuladores en cada debate público (¡ahí sí!, con la ayuda de periodistas ensobrados o servidores del credo). Mientras que, en el plano individual, bajando aplicaciones en el teléfono para comprar acciones, bonos de deuda o dólar CCL, por necesidad más que por complicidad, relegamos lo que realmente importa; ya que la sociedad no se reproduce ni gracias a esos pavorosos negociados, ni por las changas virtuales de ocasión, sino gracias a todo lo que hacemos cada día, trabajando, intercambiando, imaginando, cuidándonos, formándonos, consumiendo
La segunda batalla que ganaron es la de la impunidad. Es de tal magnitud su blindaje mediático y político, que ahora proponen un nuevo megacanje, según lo que trascendió, ofreciendo a los bancos acreedores de la Argentina, bonos pagaderos a un año ¡atados a la inflación! Especulación e impunidad (o viceversa) solo contribuyen al hundimiento presente y futuro de un país al que, contrariamente a la vacía consigna de este gobierno (“no hay plata”) le sobran plata y recursos de todo tipo. Es imperativo un debate de política productiva, que genere crecimiento real con distribución justa ya que no hay que dudar que alcanza para todos– sin la calamidad en la que nos han sumergido estos delitos financieros con la escala de dañar las condiciones de vida de la ciudadanía de un país, entre otros males. Hay que hacer historia en el doble sentido: por un lado, repasar la saga de “megacanjes” y negociados con la deuda pública a costa del bien común, por otro, advertir, denunciar y evitar que se consume una vez más el delito financiero, para volver a plantar la discusión económica desde el punto de vista de nuestras capacidades, del trabajo, la producción y la innovación, siempre mayoritariamente de dominio público.
* Ensayista, docente, investigador en historia argentina e historia económica.
** Ensayista, docente, investigador (Unpaz, UNA, IIGG-UBA), integra el IEF CTA A y el IPyPP, codirige Red Editorial.
