domingo 25 de septiembre de 2022
ECONOMIA servicios públicos

Tarifas y acuerdo con el Fondo, una dupla en riesgo

Cuando Guzmán quiere dar señales de acercamiento al FMI desempolva los aumentos de luz y gas; sin embargo, aún la segmentación de la que habla el Gobierno está tan verde como el arreglo con el organismo de crédito.

23-01-2022 03:19

La fecha límite es la segunda quincena de febrero, siempre que haya acuerdo con el FMI en marzo.

El Gobierno insiste en que dentro de un puñado de días tendrá lista la segmentación de las tarifas y que habrá aumentos que partirán desde el 20%, pero llegarían al 70% en el caso de los hogares residenciales de mayor poder adquisitivo.

En Energía, fuentes oficiales admiten que para los primeros días de marzo los aumentos comenzarían a regir y lo que más los horroriza es repetir el grueso error del ex presidente Mauricio Macri y que el impacto en los bolsillos les siga sacando votos.

Hasta ahí, los dichos y temores políticos. En la práctica, no hay ni un solo papel borrador. A esta altura un cruce de estadísticas, entre Anses, AFIP y las propias empresas, al menos en el caso de luz y gas debería estar concluido. En las compañías aseguran que nadie les pidió un solo número; aún cuando, también aseguran, tienen sus propios esquemas de segmentación ya armados y que el Gobierno podría utilizar. Las últimas gestiones en ese sentido se remontan a la prepandemia cuando, por ejemplo, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas había lanzado una ronda de consultas con el sector privado. Solo llegó a concretar un encuentro de una extensa lista: con el CEO  de Edenor, Ricardo Torres.

Lo único que ocurrió la semana pasada fue una convocatoria a audiencia pública para las gasíferas. Allí, las empresas solicitaron aumentos del 76,2%. Recibieron el año pasado que venía para un 6% y argumentan que quedaron muy atrás de una inflación anual del 51%.

La segmentación no es tarea simple, pero requeriría pasar en limpio el tipo de hogares radicados en CABA y GBA. Ese segmento geográfico, valga la redundancia, donde se juegan otras peleas más poderosas que un simple aumento de tarifas. Allí juega el partido troncal el Conurbano, al que aun con porcentajes más bajos también deberían aplicarse aumentos en los mismos bolsillos que corren sin aliento tras una inflación del 51% anual, que sigue en ascenso.

Nadie quiere perder ese bastión dentro de la coalición del Gobierno, sobre todo no lo quiere perder la vicepresidenta Cristina Kirchner a cuyos mandos responden dos piezas claves en el armado de la segmentación: Federico Bernal (Enargas) y Soledad Manín, titular interventora del ENRE, quien acaba de aplicar multas a algunas distibuidoras por los cortes de luz que dejaron a cerca de 100 mil usuarios sin luz en AMBA.

Lo que más horroriza al gobierno es repetir el error del ex presidente Macri

Manín, a quien casi no le conocen la voz en el sector, responde a Federico Basualdo, subsecretario de Energía, a quien el ministro de Economía, Martín Gumzán le pidió la renuncia en mayo del año pasado por desaveniencias internas en torno a la suba de tarifas y aún no se fue.

Son huesos durísimos de roer para Guzmán, quien debe desembolsar este año hasta 14 mil millones de dólares para sostener el nivel actual de subsidios energético más la importación de energía que necesitará la Argentina para sostener su nivel de actividad. Representa casi 4 puntos porcentuales del PBI y, en una economía casi quebrada, claro que está no hay cómo obtener esos recursos.

Tarifas y FMI son una dupla  entrelazada y, hoy, en riesgo. El abanico tarifario no estará formalmente escrito en el acuerdo que el Gobierno pretende alcanzar con el FMI para renegociar la deuda. Sin embargo, es una letra chica anexa indispensable. Tarifas es casi un sinónimo de lo que el Fondo le reclama al equipo económico: menos gasto. Reducir subsidios achicaría el rojo fiscal que el año pasado fue del 3% del PBI.

Por eso cada vez que Guzmán quiere mostrar una carta amigable al FMI, desempolva alguna señal política en torno al ajuste tarifario que dentro de la coalición del Gobierno aún siguen criticando. Incluso dentro del propio equipo de Guzmán hay profundas dudas, supuestamente a un mes de cerrar con el Fondo y luego de dos años de haber comanzado a discutir con el board del organismo internacional de crédito.

Por otro lado, sin ese acuerdo escrito hay profundas dudas en torno a la capacidad del país de afrontar vencimientos abultados en el primer trimestre por cerca de 4 mil millones de dólares.

El río está tan revuelto en materia tarifaria que fuertes jugadores del sector energético, incluso afines al Gobierno del presidente Alberto Fernández, apuestan a que no habrá nada ni en los próximos 15 días ni en estos últimos dos años; y, una vez más, el ovillo quedará en manos del próximo gobierno, sea quién fuere.