Con bastante condimento político y militante en algunos casos y en otros por finalización de contratos, el Gobierno ha ingresado en los útimos tiempos en una clara tendencia de reestatizaciones, lo cual ha provocado reacciones de distintos sectores empresariales y ha generado temor acerca de una profundización de ese camino.
Fueron varios los casos en los últimos meses en los que el Estado ha tomado el control de empresas y de prestaciones de servicios. El más reciente, y que levantó polémica, fue el de la Hidrovía del Paraná, donde el Estado tomó el control esta última semana para organizar luego una nueva licitación.
Además de la Hidrovía, en los últimos meses se reestatizaron diversos corredores viales, la empresa Impsa y, en junio, trenes de carga. Tras la polémica que se generó el año pasado con el fallido intento de estatizar Vicentin, esta avanzada comienza a estar en el ojo de la tormenta.
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Analistas advierten que esa estrategia provoca muchas suspicacias y preocupaciones hacia adelante, porque consideran que, en la medida en que se vayan ampliando las estatizaciones, “más problemas generará para el balance de las cuentas públicas” en el mediano plazo.
La preocupación de analistas y dirigentes empresariales se basa en la experiencia de la década anterior, donde hubo un avance muy fuerte sobre empresas privatizadas que terminaron en manos del Estado, muchas de las cuales actualmente presentan una situación económica deficitaria.
Hidrovía. Ante la exigencia del ala dura del oficiliasmo, el Ejecutivo resolvió reestatizarla por 12 meses, por lo que el corredor pasó a ser controlado por la Administración General de Puertos (AGP). El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, afirmó que ahora se inicia el proceso para el llamado a licitación para “sostener esta red troncal tan vital para la economía” argentina.
Impsa. El Gobierno decidió capitalizar la empresa de tecnología energética mendocina, que atravesaba una profunda crisis financiera. La compañía contó con una capitalización nacional y provincial por un total de 20 millones de dólares.
La “estrategia” del Gobierno continuó con la decisión del Ministerio de Transporte de rechazar la prórroga de las concesiones ferroviarias de las líneas de carga Sarmiento, Mitre y Roca, tras treinta años de administración con balance negativo.
El Gobierno asumirá el control de esas operaciones. En una primera instancia de transición y a partir de 2022, Trenes Argentinos Cargas pasará a estar a cargo de las operaciones, mientras que la administración de la infraestructura ferroviaria y de la totalidad de los bienes estará a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura.
Rutas. A fines de 2020, se oficiliazó la decisión para que la Dirección Nacional de Vialidad recupere y mantenga la administración de Corredores Viales Nacionales, con más de 3 mil kilómetros de rutas nacionales cuyo mantenimiento se encuentra en manos de privados o de algunas provincias.
Fue por medio de un decreto que devolvió al Estado la gestión y administración de las rutas 3, 5, 7, A008, 8, 9, 11, A012, 33, 34, 35, 36, 193, 205, 226, autopista Riccheri, autopista Jorge Newbery y autopista Ezeiza/Cañuelas, entre otras.
Ante este panorama, en el Gobierno aseguran que “no hay ninguna avanzada reestatizadora, sino que se trata de un trabajo concreto para mejorar las prestaciones del servicio y que el Estado esté más presente en los distintos sectores estratégicos del país”.
Sin embargo, las opiniones de los analistas muestran claras diferencias a la hora de analizar las reestatizaciones.
Así, por ejemplo, Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, recalcó a PERFIL que “no hay una tendencia a la estatización en la economía en este último tiempo”. “Para nada, no nos parece que esto sea una tendencia”, afirmó.
“Lo que vemos que hay es el rescate de empresas en problemas, como el caso de Impsa, donde el Estado pone la plata. Si pone la plata, que no sea un Estado bobo y a cambio de eso tenga una participación en la dirección, como corresponde. Y con respecto a la Hidrovía, caducó una privatización de su administración y el Estado recupera eso para ver cuáles son las mejores soluciones para su desarrollo”, recalcó Asiain.
El especialista resaltó que “no nos parece que la dicotomía sea sector público, privado, cooperativo, sino que muchos sectores por su tamaño, por el peso que tienen sus rubros, son de interés público y, en ese sentido, nos parece importante que esté presente y que no cierre, como es el caso de Impsa o lo que pasó con el tema Vicentin”.
Contrapunto. Una opinión distina es la que emitió Camilo Tiscornia, de la consultora Castiglioni-Tiscornia. “En realidad, lo que se observa es una cuestión de concepto ideológico para avanzar en lo que en el oficialismo llaman rubros estratégicos, para que en definitiva quede semánticamente mejor que una avanzada de reestatización”, enfatizó.
Para Tiscornia, el grave problema de estas medidas “es la carga cada vez más pesada que se le va imponiendo al Estado, el cual viene demostrando desde hace muchos años una situación muy deficitaria”.
“Las reestatizaciones tienen siempre un costo fiscal muy elevado y eso sí agrava el problema del balance de las cuentas públicas hacia adelante”, agregó el economista.
