Parece que en este proyecto se pelean mucho más que posiciones progresistas o conservadoras. Es que la Ley 24.901 obliga a las obras sociales y a las prepagas a subsidiar la escolaridad de los niños y jóvenes con discapacidades, y la reforma redirige esos fondos al pago de profesionales que asistirían a los alumnos en las escuelas comunes.
Los fondos en cuestión los giran las obras sociales, pero luego el Estado, a través del Sistema Unico de Reintegro (SUR), creado en 2012 bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de la Salud, devuelve ese dinero a través del sistema de seguridad social. “El Estado intervino la administración de SUR porque allí hay todo un conflicto y una investigación judicial”, recuerda Seda. En 2008 fue denunciado judicialmente Héctor Capaccioli, ex titular de la Superintendencia, acusado de supuestos aportes irregulares a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
“La caja de los discapacitados es importante, a tal punto que hasta (Hugo) Moyano discutió nombramientos de autoridades de SUR para poner allí gente de su línea”, declara el director Carlos Marín.
Las acusaciones son cruzadas. Güercio manifiesta a PERFIL su “preocupación” por “grupos que pretenden tener más representación que un diputado nacional. Bregan por sus intereses. Las cuotas son altas y no quieren perder el negocio”.
Liliana Pérez explica que la cuota del colegio de su hijo es 9.760 pesos. “Como tengo convenio con OSDE, nos la reintegran. Pero además tiene psicopedagoga, psicóloga y ahora, que está por recibirse, necesita una terapeuta ocupacional. La obra social reintegra 180 pesos por profesional y con un tope. No hay buenos profesionales que cobren ese dinero”, explica.
No son sólo palabras. “Hay chicos que pueden aprender mejor y ser más felices en una escuela especial y otros integrados en una común”, dijo María Angélica Fontán, que fue supervisora de educación especial en la Ciudad durante 22 años.
La educación especial nació a principios del siglo XX, convencida de que había que separar a los niños con discapacidad de los que no las tenían. Regía en ese entonces un modelo médico, que ponía el acento en el déficit y en la segregación.
En los años 60 se empezó a hablar de “integrar” a los ciegos a las escuelas comunes. En 1967 se registran las primeras experiencias de integración de ciegos en primaria. En los 70 se multiplicaron las experiencias de “escuelas de recuperación”, donde asistían chicos con dificultades menores y se pensaba que en un futuro podían unirse a la escuela común. La integración, tal como se la conoce hoy, estalló como modelo con la democracia a partir de 1983, cuando se empezó a hablar de las “necesidades especiales”.
