Luego de las PASO, el gobierno nacional tomó una serie de decisiones en base a su política de seguridad que implican cambios en el gabinete, en el mando del Servicio Penitenciario Federal y la puesta en debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. Esto hizo que otro tema que estaba en el fondo del cajón, se desempolvara: la creación de una policía municipal para la provincia de Buenos Aires. PERFIL habló con distintos especialistas para que cuenten qué implicaría la conformación de esta clase de fuerza y cuáles serían sus efectos en el panorama provincial. Destacan la importancia de debatir a fondo la conformación e implementación de una medida que tendría incidencia directa en la sociedad.
Son cuatro los proyectos presentados en la Provincia. Aquellos que tomaron mayor relevancia fueron los de Nuevo Encuentro, el Frente Renovador y el sciolismo, tras un año y medio de estar archivados y pasar por varias disputas. En rasgos generales, estas iniciativas plantean la creación de una nueva fuerza armada en los municipios con más de 100 mil habitantes dedicada a tareas de prevención del delito; pero no de investigación, mantención del orden público, ni de casos complejos ya que estos seguirían siendo parte de la órbita provincial o federal. Las principales diferencias entre las iniciativas se dan a nivel autonomía en el poder del intendente, la financiación y la formación de la fuerza (Ver “Proyecto por proyecto”). El especialista en seguridad y ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Diego Gorgal, indica que el Conurbarno es la zona más conflictiva del país y –al mismo tiempo– la que tiene menor tasa de policía por habitante. Según el Censo 2010, son 35 los municipios que podrían adherir a la nueva Policía, donde conviven casi 13 millones de personas y 55 mil policías bonaerenses.
En la provincia, desde 2006, los partidos con menos de 70 mil habitantes ya cuentan con esta clase de seguridad, regulada por el intendente y el Poder Ejecutivo provincial. Este proyecto, ideado por León Arslanian, tenía la finalidad de descentralizar la Policía Bonaerense. En este sentido, Gorgal asegura que lo que está en juego con la policía comunal es lo mismo: “Es una rediscusión de la distribución de poder en la provincia de Buenos Aires”. Varios de los intendentes y funcionarios que apoyan la medida se basan en el concepto de proximidad, es decir, que los oficiales estén cerca del vecino, pero ¿puede ser efectiva en la realidad cotidiana? Paola Spatola, abogada y presidenta del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana, explica que “el policía tiene que ser un vecino, tiene que salir del distrito porque es el que puede entender la problemática”. Aunque Sabina Frederic, antropóloga especialista en temas de formación en seguridad, afirma que esto se basa en un modelo inglés y que la actual policía también conoce el territorio donde trabaja. Otro punto de debate es la formación. Frederic dice que hay algo que es fundamental y que no existe para la Policía Bonaerense actual: “el reentrenamiento permanente es lo que está menos desarrollado y habría que fomentarlo en la nueva policía”.
El manejo de la caja. En relación a la financiación, Fabián Bergenfeld, especialista en seguridad y justicia de la Fundación Bicentenario por la transparencia y las políticas públicas, indica que la policía municipal debería ser financiada por partes iguales por el municipio y la Provincia. “Aunque para ello es necesario contar con un efectivo cumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al no concretarse el traspaso de la Policía Federal a la órbita del jefe de Gobierno provoca que coexistan dos policías con total falta de coordinación”. Paola Spatola realiza una observación en relación a la diferencia en la solvencia económica de cada municipio: “la financiación debería salir de las rentas de la gobernación porque no se puede financiar desde las intendencias por la disparidad de recursos. A algunas les sería imposible.”
La mano negra. “El tema está en que la Justicia no termina de avanzar sobre la recaudación ilícita y negocios de las policías, a pesar de ser un secreto a voces”, denuncia Sabina Frederic. El dilema entonces es si esta estructura no podría traspasarse a la policía comunal y convertirse en una especie de “Guardia Pretoriana” de aquellos jefes comunales que se caracterizan por tener prácticas antidemocráticas y poco transparentes en el uso de su fuerza y perpetuidad en el poder. Por su experiencia a nivel internacional, el ex viceministro niega la posibilidad de hacer una ley para que los funcionarios “sean buenos o criteriosos”. Fabián Bergenfeld agrega que puede haber resistencia a asumir la responsabilidad por el accionar policial por los costos políticos que ello puede generar. De esta manera, los vecinos tendrían una cara directa a quien reclamarle por la inseguridad, el intendente.
De todas maneras, los especialistas consultados indican que la implementación de este servicio no es una medida suficiente. El intendente de Morón, Lucas Ghi, quien reclama esta policía desde que asumió en 2009, explica su postura: “Que una fuerza nutrida por hombres y mujeres del distrito haga tareas de prevención va a ayudar a reducir el delito. Pero, claramente, tiene que estar acompañado de un abordaje integral con medidas como reinserción de personas privadas de su libertad para que no vuelvan a cometer delitos”. Por último, concluye: “Las democracias más seguras no son sólo las que tienen policías más eficientes, sino las menos desiguales, donde existen oportunidades equitativas en derechos”.
La postura del “sheriff”
Le dicen “el sheriff”. En noviembre de 1999 corrió delincuentes a los tiros. Cuando era intendente de Ezeiza puso en funcionamiento el programa “Tolerancia Cero”, que lo definió como pionero en la implementación de cuadrículas y utilización de la tecnología aplicada a la prevención. Partidos de izquierda y militantes por los derechos humanos lo califican como “mano dura”. Este es el nuevo ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados, quien ya antes de asumir estaba a favor de esta clase de fuerzas comunales. Desde su sillón de la intendencia, planteaba la necesidad de una ley “para que cada policía compita en la calle para ver quién corre más a los delincuentes”. Esas fueron sus particulares palabras en una entrevista para la revista La Tecla en 2012.
