La política de la seguridad de la era kirchnerista se ha caracterizado, en su trazo grueso, por “poner el guiño a la izquierda, y doblar a la derecha.” A pesar de su presunción de “progresismo”, los gobiernos kirchneristas han respondido al problema del delito, la violencia y el narcotráfico, con más policías, penas más duras, más cárcel, y la utilización de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia en cuestiones domésticas, entre otras medidas, todo lo cual se asemeja –paradójicamente, o no– a respuestas comúnmente tildadas de reaccionarias por los progresismos en seguridad.
En efecto, en primer lugar, el número de policías por habitante ha venido creciendo en Argentina desde el 2003, colocando al país al tope en el ranking regional. A pesar de que los progresismos en seguridad son críticos de la expansión de policías, pues plantean que esto sesga la respuesta estatal a lo meramente represivo, a expensas de los recursos para la prevención social o comunitaria, los gobiernos kirchneristas aumentaron la dotación de las fuerzas federales en alrededor de un 25% y la de la provincia de Buenos Aires en un casi 65%. Así, ante el problema de seguridad, más policías.
En segundo lugar, el Código Penal ha visto inflarse a partir de iniciativas toleradas o impulsadas por los gobiernos kirchneristas a lo largo de estos años, las que también fueron en dirección contraria a lo pregonado por los progresismos en la materia. Las leyes “Blumberg”–por las cuales se elevan la severidad de las penas, se permite la sumatoria, se limita la libertad condicional, entre otros cambios– han sido el ícono al respecto, aunque no el único caso. Alguno dirá que fueron fruto de la necesidad de un gobierno aún débil, y no de su convicción. Pero lo que vale como justificación para abril del 2004, no vale para abril del 2012, donde el gobierno kirchnerista hizo y deshizo a su antojo en el Congreso, gracias a sus amplias mayorías legislativas. Asimismo, el intento de corrección hecho por el proyecto de nuevo Código Penal fue dejado naufragar sin defensa alguna por parte del Gobierno, a diferencia que lo que sí hizo en otros proyectos que –aunque polémicos– resultaban de su interés. Entonces, ante el problema de seguridad, más penas.
En tercer lugar, la proporción de personas encarceladas en relación al total de la población de la Argentina ha crecido sostenidamente desde el 2003. Mientras que las izquierdas modernas promueven una agenda penal que expande las penas alternativas a la prisión y limita el uso de la cárcel como sanción, el ciclo kirchnerista ha ofrecido más cárcel. Algunas apologetas dirán que buena parte de ese incremento se debe a las modificaciones procesales acontecidas en la provincia de Buenos Aires, que elevaron las prisiones preventivas. Pero, ¿no es acaso el gobierno de la provincia de Buenos Aires parte del modelo kirchnerista? ¿No se convalidan esas políticas, al erigir a su gobernador en candidato del “proyecto”? ¿Acaso lo que se denuncia en el oponente, se tolera en el propio? Más allá de estas incoherencias, lo cierto es que ante el problema de seguridad, los gobiernos K respondieron con más cárcel.
En cuarto lugar, y a pesar de los fuertes discursos en política militar y derechos humanos, el gobierno kirchnerista será recordado como el primer gobierno de la democracia que emplea a las FF.AA. en la represión del narcotráfico. Mientras Menem lo había anunciado, pero no lo hizo, Cristina Kirchner no lo anunció, pero sí lo hizo. En efecto, mediante el operativo “Escudo Norte” (Decreto 1.091/ 2011), se utilizan efectivos militares para patrullar y vigilar la frontera con Paraguay. En dichas operaciones policiales realizadas por los militares, durante el primer semestre del corriente año el Ejército Argentino decomisó marihuana por el equivalente al 10% de lo decomisado por Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. Entonces, ante el problema de seguridad, el gobierno K respondió con militares.
En quinto lugar, a lo largo de estos años los gobiernos kirchneristas han utilizado la inteligencia civil y militar para fines distintos a los que fueron creados. Mientras que las visiones progresistas intentan limitar el objeto, alcance y área de operaciones de los servicios de inteligencia, en aras de proteger derechos civiles y políticos básicos, los gobiernos kirchneristas también serán paradójicamente recordados como aquellos que dramáticamente expandieron el uso de los servicios de inteligencia para fines policiales y políticos. Ciertamente, el espionaje político es condenable, pero también lo es convertir a un servicio de inteligencia en auxiliar de la Justicia, pues implica crear y operar una policía secreta, algo incompatible con el régimen democrático. Así, ante el reclamo de seguridad, el gobierno K respondió con los espías.
El argumento también podría nutrirse de casos como la Ley antiterrorista N° 26.734 promovida por el Gobierno y sancionada en diciembre de 2011, por la cual se define de una manera difusa el acto terrorista. Esto levanta las críticas de las izquierdas modernas que buscan acotar dicha definición, de modo de limitar el alcance de los instrumentos excepcionales que se utilizan para responder al terrorismo. También podría criticarse, desde una perspectiva progresista, la impronta de la política criminal bajo la era K, incapaz de perseguir el crimen organizado y el delito de guante blanco, y sesgada hacia sus eslabones marginales y vulnerables, como muestra los condenados por narcotráfico en estos años. Por caso, en el reciente procedimiento por el cual se decomisan 12 toneladas de marihuana en la provincia de Buenos Aires, el único arrestado hasta el momento ha sido el chofer del camión cisterna que la transportaba… Finalmente, como dato anecdótico, cabe destacar que una de las decisiones más significativas y progresistas en materia de política de drogas–el fallo Arriola, por el cual se despenaliza en ciertas circunstancias la tenencia de drogas para consumo personal– el Procurador General de entonces designado por el Gobierno había dictami-nado en contra de la admisibilidad del caso por parte de
la Corte Suprema.
En resumen, a pesar de todos los guiños dados a la tribuna progresista, la política de seguridad K ha promovido acciones comúnmente clasificadas de “derecha” por esa misma tribuna. No obstante, la mayor crítica no es tanto la incongruencia de su discurso o lo hipócrita de sus críticas como la pérdida de una oportunidad histórica para realizar los cambios necesarios que permitan proteger mejor la vida, libertad, salud y propiedad de los argentinos.
En efecto, en lugar de aprovechar las condiciones ideales que gozaron durante buena parte de estos años los gobiernos K –léase, superávit fiscal, mayorías legislativas, amplia popularidad, control político de la provincia de Buenos Aires, mejora económico-social general– y realizar reformas estructurales que modernicen el sistema de seguridad interior y sus componentes fundamentales (la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, y la Prefectura Naval), los gobiernos kirchneristas no hicieron más que reproducir y escalar un sistema de seguridad y penal vetusto, inadecuado para dar cuenta de los problemas corrientes, extremadamente corrupto y–por tanto– regresivo en la protección de los argentinos. Por ello, más allá de los “relatos”, la única verdad es la realidad. Y la realidad criminal dejada en herencia es tan dramática como acuciante.
* Politólogo. Especialista en seguridad.
