Mientras las organizaciones de trabajadores planteaban su agenda social frente a un régimen político –la restauración conservadora– que había clausurado su apertura a los derechos políticos y sociales, hubo dentro de ese régimen quienes entreveían el modo de capitalizar aquellas demandas. Manuel Fresco, político conservador bonaerense con simpatías hacia el fascismo europeo y vínculos con los intereses económicos británicos, será uno de los primeros en establecer una política sociolaboral que incorporaba a los trabajadores como sujetos de derechos colectivos desde el Estado.
Fresco asume la gobernación de la provincia de Buenos Aires el 18 de febrero de 1936. Previamente, había desempeñado un papel importante en la oposición a Hipólito Yrigoyen, como presidente de la Cámara de Diputados y al frente del Partido Demócrata Nacional (PDN) bonaerense. Fresco admiraba abiertamente a Mussolini, permitió la libre circulación de la propaganda fascista e incluso formó su propia milicia y se convirtió en un principal referente de los grupos nacionalistas que buscaban un líder fuerte. Era el típico caudillo nacionalista criollo, defensor del orden, la jerarquía y el patriotismo. Su lema era “Dios, patria y honor”.
Pero al mismo tiempo su política se orientará a atender la situación de los menos privilegiados, estableciendo una amplia gama de leyes sociales destinadas a los trabajadores. Durante su gobierno, la Legislatura provincial sancionó 400 leyes, 209 por iniciativa del Poder Ejecutivo y 191 de origen legislativo.
Cuando Fresco asume el cargo de gobernador, a fin de ganar más adeptos y perfilarse en las elecciones presidenciales busca el respaldo de la clase trabajadora y encarga a Armando Spinelli la elaboración de un proyecto de ley orgánica para la reorganización del Departamento de Trabajo provincial. Spinelli basó gran parte del proyecto de ley en la “Carta del Lavoro” de la Italia fascista, basada en la llamada “conciliación de clases”.
Al amparo del Estado. La ley 4.548 se vio impulsada por la necesidad de dotar al Departamento del Trabajo de un estatuto moderno que le diera autoridad y jerarquía. Fue sancionada y contó con el apoyo de grandes sectores de poder, como también de algunas agrupaciones de trabajadores. Estableció el estatuto más moderno del país: reglamentaba el derecho de huelga y el trabajo a domicilio, y perfeccionaba el mecanismo legal para resolver las diferencias entre obreros y patrones. Establecía, además, un régimen legal con garantías para la cobertura de los accidentes de trabajo; bases legales para la limitación del trabajo agobiador y la higiene de la vivienda ofrecida como complemento del salario; y creaba una sección de estadística social y económica destinada a seguir tales procesos.
La ley consideraba que debía organizarse y legislarse la actividad sindical y colectiva de patrones y obreros, imponiéndole deberes y responsabilidades y a la vez reconociéndoles la personería y los derechos “que corresponden a los fines últimos de la asociación y crear una instancia a cargo del Estado para dirimir los conflictos entre capital y trabajo, a fin de que el primero no use a su arbitrio la influencia que suele estar a su alcance y que el segundo tampoco use a su arbitrio la fuerza del número, la agitación y la propaganda anárquica o comunista”.
El capítulo VI de la ley legislaba sobre el régimen de las asociaciones profesionales, ya fueran patronales u obreras, a los efectos de su actuación ante el Departamento del Trabajo. Para que a las asociaciones les fuera acordada la personería, debían estar regidas por un estatuto social adoptado por la mayoría de sus miembros y acreditar que perseguían una finalidad socialmente útil, inspirada en la acción gremial y de acuerdo con las leyes, con expresa exclusión de “ideologías contrarias al sistema constitucional vigente”. Las asociaciones, para obtener la personería, debían aceptar el control amplio de sus actos, reuniones o asambleas por los funcionarios del Departamento del Trabajo.
A favor y en contra. Dentro de las agrupaciones de trabajadores, la reorganización del Departamento de Trabajo tuvo aceptación en la Federación Obrera de la Construcción bonaerense. Asimismo, Américo Bozzi y Hamleto Bonsotti, secretario y presidente de la UIA, manifestaron su adhesión. En contraposición, José Domenech, secretario general de la CGT, no apoyó la política de gobierno de Fresco, mientras que la UCR no formuló ninguna crítica oficial. Quien sí realizó una crítica frontal fue la Federación Socialista Independiente, que manifestó que el Departamento de Trabajo buscaba someter a los gremios a la política totalitaria del gobierno y que las autoridades, al intervenir como tribunales en las cuestiones del trabajo, servían a los intereses de la clase patronal y particularmente a las grandes empresas.
A partir de 1935 hubo un incremento de la conciencia nacional en el movimiento obrero, y una parte de la dirigencia conservadora encontró en la ideología fascista una forma de enfrentar o capitalizar esas corrientes. Sin embargo, a pesar de que el gobierno provincial de Fresco suscitó oposiciones y desacuerdos aun dentro de la Concordancia, el gobierno nacional dictó un decreto, en octubre de 1937, designando una comisión encargada de preparar un proyecto del estatuto gremial sobre bases fundamentalmente idénticas a las contenidas en la ley 4.548.
Fraude electoral y otros conflictos. Como reacción a la política obrera del gobierno de Fresco, pronto se empezaron a agudizar los conflictos: se denunciaban la persecución policial contra el movimiento obrero dentro de la provincia, la prohibición de asambleas y la detención de obreros afiliados a varios sindicatos. Esta política evidenciaba el propósito de suplantar las organizaciones gremiales por otras creadas al calor oficial, que respondieran al oficialismo.
Con la llegada de Roberto M. Ortiz a la presidencia, los proyectos de Fresco se desvanecieron ya que el nuevo mandatario había asumido con la promesa de poner fin al fraude político y restaurar la democracia. Así queda expuesto el carácter netamente antifascista de Ortiz, contrapuesto con el de Fresco. En este marco, Fresco perdió la oportunidad de acceder a cargos más importantes. Su carrera política populista había expresado una variante posible para acrecentar el apoyo de las masas obreras con legislación laboral y social que lo trascendería. Pocos años después, el coronel Perón recogería esos antecedentes. A la “Carta del Lavoro” de la Italia fascista, mirada con simpatía antes que él por muchos conservadores de los años 30, se sumaría la experiencia del laborismo británico y las leyes obreras y el sindicalismo de raíz socialista.
La influencia filofascista del peronismo
Un olvidado referente del nacionalismo argentino del siglo XX, Emilio Gutiérrez Herrero, influyó con sus ideas en los orígenes del peronismo. En 1937, fue cofundador de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), la organización filofascista más importante del país en los años de la Segunda Guerra Mundial, fue editor de su periódico Liberación, y desde allí impulsó las mayores movilizaciones en favor de la neutralidad argentina en el conflicto.
Admirador del falangismo español y partidario de la organización corporativa, postuló el rol central de los sindicatos y enunció la consigna “Neutralidad, justicia social e independencia económica”, en contraposición a la de “Dios, patria y hogar”, que inspiraba al grupo. A él se le atribuyen las primeras referencias a “una patria libre, justa y soberana” y a “la liberación nacional”, que se convertirían en bases doctrinarias del justicialismo.
Antes del golpe del 43 se alejó de la Alianza para fundar la Unión Cívica Nacionalista, de escasa proyección, pero en cuyo local surgió en 1954 otro grupo que nucleó a los jóvenes aliancistas contrarios a la ruptura de Perón con la Iglesia: Tacuara.
Fue un ideólogo en el grupo que entonces integraban jóvenes que tomarían distintos caminos, como Rogelio García Lupo, Rodolfo Walsh, Jorge Lozano o Jorge Ricardo Masetti, quien luego se convirtió en el primer guerrillero junto al Che Guevara. Entrevistado en 2007 por Rubén Furman para el libro Puños y pistolas, dijo que la Alianza, grupo de choque del gobierno peronista hasta el 55, había tenido dos refundaciones tras la caída de Perón: Tacuara y Montoneros, a los que consideraba parte de una misma tradición político-cultural.
Su trayectoria ayuda a entender la definición del peronismo como un populismo capaz de perdurar y adaptarse a los cambios de época, contener los extremos del arco ideológico, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, la génesis ideológica de varios de los grupos que participaron en la lucha armada en los años 60 y 70, así como los vasos comunicantes entre peronismo y antiperonismo. Falleció el 28 de enero de
2018, a dos días de cumplir 101 años, en Montevideo, donde estaba radicado desde comienzos de los años 50, cuando llegó como exiliado político por el conflicto entre Perón y los antiguos nacionalistas católicos que inicialmente lo habían respaldado y terminarían participando en su derrocamiento.
*Periodistas e historiadores, autores de La lucha continúa, 200 años de historia sindical argentina.
