Un manual para estudiantes describe a la Argentina como un país que se caracteriza por la variedad que ofrece tanto a nivel geográfico como cultural. Su diversidad en el paisaje es muy amplia: desde cataratas, lagos y bosques, hasta desiertos de sal. Pero hay un mapa que no sale en los textos escolares: el de la producción ilegal de estupefacientes. De acuerdo con datos de la DEA, la Argentina sería uno de los 25 países que registran mayor producción de precursores químicos.
Hoy su producción se basa en la cocaína y, en menor medida, en drogas más complejas, como éxtasis y LSD. Según datos de la Secretaría de Seguridad de la Nación, en lo que va del año se desbarataron 235 “cocinas” en todo el país, una cifra que para diversos especialistas no sería ni el 10% de la real.
El último informe de la Sedronar sobre “centros de procesamiento ilícito de estupefacientes” detalla que Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy son las provincias que más cocinas de fraccionamiento y producción de narcóticos poseen. Según esta investigación, la mayoría de los lugares de adulteración se ubican en la provincia de Buenos Aires con el 46%, a la que le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (13%), y las provincias de Córdoba (27%), Salta (7%) y Tucumán (7%). El informe, publicado en 2011 y basado en ochenta centros en todo el país, agrega que los centros de fabricación se ubican en un 76% en la provincia de Buenos Aires, 7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el resto en Córdoba (7%), Tucumán (7%) y Jujuy (7%). Para actualizar el panorama, PERFIL consultó a especialistas en cada una de estas provincias de mayor producción.
Salta y Jujuy. Todo comienza en Bolivia. Más específicamente en los campos de coca de Yacuiba. Por su ubicación geográfica, las primeras provincias de la “ruta banca” son Jujuy y Salta. “Salta posee dos ingresos legales: la ciudad de Orán (a la altura de Aguas Blancas) y por la Ruta 34 (Salvador Mazza), donde se puede cruzar la frontera caminando por pasos no habilitados y hay tránsito de mercadería no controlada”, indica Ricardo Toranzo, titular de la fiscalía federal Nº1 de Salta a PERFIL. El funcionario especifica que en los alrededores del cauce del Río Seco hay barrios con movimientos muy fluidos “que hace que sean fronteras muy permeables y dificultosa para controlar”.
El traslado es variado. En su mayoría “es terrestre, a través de mulas, camellos o en coches. También puede ser por vía aérea en pistas clandestinas o es arrojado desde el aire en zonas boscosa”. Los búnkers aquí hacen un trabajo de refinamiento de estupefacientes de la pasta base de la hoja de coca (PBC). “La purificación en el país se debe a la facilidad que existe en el territorio de contar con precursores químicos (como carbonato de sodio y ácido clorhídrico) para esta etapa de elaboración del clorhidrato de cocaína”. En la Argentina, no hay constancias de plantaciones de coca: “Se da más que nada en Colombia, Perú y Bolivia, mientras que el trabajo de los precursores químicos se encuentran en Argentina, Brasil y Ecuador”, aclara Toranzo.
El procedimiento de fraccionamiento puede repetirse varias veces, según la calidad buscada. “En el camino van quedando residuos que vuelven a comercializarse (el más impuro es el paco)”, especifica Alberto Aragone, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy. En esta provincia, el punto de más traspaso se da en La Quiaca y para que el traslado sea posible hasta Buenos Aires es esencial la Ruta 34. Este camino luego desemboca en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Rosario o Buenos Aires. En Santiago del Estero y Tucumán, según fuentes locales, se suele acopiar la droga y de allí se establece el transporte a grande urbes o al exterior vía aérea.
Córdoba. Los corredores más activos en la tierra cordobesa son por la Ruta 38. Las localidades lindantes como La Cumbre, Capilla del Monte, La Falda, Santa María de Punilla y San Marcos Sierra son destinos “comunes” para el arribo de marihuana, cocaína y otras sustancias ilegales. Otro corredor es el de la Ruta 9 Norte, con la Ruta 60, que es un corredor “histórico”. “Sólo que en los últimos tiempos, se sospecha que la 38 empezó a ser más activa”, aclaró Juan Federico, periodista local especializado en narcotráfico.
Los alrededores del cementerio San Vicente (sudeste de la Capital, barrios Maldonado, Müller, Altamira, Colonia Lola, Bajada San José, Campo de la Ribera) forman la zona donde más proliferaron las cocinas de drogas. El periodista de La Voz del Interior le contó a PERFIL que las cocinas hace años “empezaron a disgregarse por todas partes, mucho al sur, en barrio Villa El Libertador y alrededores. Pero el sector más caliente es el de los alrededores del cementerio San Vicente”.
Félix Crous, titular de la Procuraduría Adjunta de Narcocriminalidad, asevera que “la Policía es parte del Estado, con relaciones permanentes con la comunidad y ahí su involucramiento es muy evidente”. El ejemplo del “narcoescándalo de Córdoba” es el más claro: hasta el momento, un comisario, un oficial y un suboficial se encuentran detenidos en el marco de la investigación por nexos entre policías, narcos y políticos. En esta provincia, en 2012 se incautaron casi 200 kilos de cocaína. Pero como parte del operativo Octubre Blanco, el mes pasado, se decomisó el mayor cargamento de drogas de la historia de Córdoba: 583 kilos de cocaína en la Ruta 9, cerca del norte provincial.
Santa Fe. En la cuna de la bandera, el principal ingreso de drogas a nivel terrestre se da por la Ruta 34, que atraviesa toda la provincia y termina en Rosario. Pero fuentes locales detallaron que “hay otras rutas alternativas donde se traslada la droga. También hubo casos de cargamentos por avionetas y barcazas”.
Esta provincia sufrió lo que podría haber sido el peor golpe al Estado por parte de bandas narcocriminales: 14 balas calibre 45 que recibió la casa del gobernador Antonio Bonfatti el 11 de octubre. Hasta el momento hay tres detenidos, presuntos integrantes de bandas narco. En Rosario, los barrios más afectados por el negocio son Ludueña, en zona noroeste; Tablada, Nuevo Alberdi y La Granada, al sur, y Las Flores, en el centro de la ciudad. Según la concejala del bloque radical María Eugenia Schmuck, en algunos barrios se sabe quién manda, pero otros no tienen dueño. En los últimos años se multiplicó la presencia de kioscos, casas precarias de venta de droga. “Aquí no hay bandas al estilo del Cartel de Sinaloa (México). En los medios nacionales, Rosario se vende como si fuera México, pero no está muy organizado el asunto. Hay mucho “imprevisto”, especificó un periodista local y agregó que la red de comercialización y seguridad con los “soldaditos” es lo más establecido. Esto no quita el entramado de complicidad con otros sectores de poder: abogados, venta de autos de alta gama, contadores que limpian prontuarios, negocios inmobiliarios y protección de la policía provincial. Según la investigación Calles perdidas, de la Universidad Nacional de Rosario, $ 1.500 por día cuesta la protección policial y $ 300 gana un soldadito armado, mientras que uno desarmado gana 150. Este año, policías federales desbarataron “la cocina más grande en la historia país” en un country de Funes.
Buenos Aires. La próxima parada de la Ruta 34 es Buenos Aires. En los últimos meses, según la Policía Bonaerense, se decomisaron 17 laboratorios en la Provincia, hubo 18.269 procedimientos y se incautaron 28 mil pastillas de éxtasis. El comisario Rubén Darío García, inspector de prevención de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la Provincia de Buenos Aires, habló con PERFIL sobre la situación que se vive: “En los barrios es muy común la presencia de cocinas de estiramiento, más que de producción”. Cuando se le preguntó por las zonas más afectadas del interior, García indicó que Zárate y Campana son lugares que no poseen menos control, más que nada “social” . Aclara que en la Provincia hay mucho “contrabando hormiga”. El menudeo se da de manera impensada: libros, langostinos, dulce de leche y frutillas. Para García, el crimen se organiza por zonas y no hay un armado de bandas a nivel nacional. Por su parte, el especialista y asesor en narcotráfico, Norberto Emmerich, explica que en Buenos Aires en general actúan carteles nacionales o en manos de población extranjera, como peruanos, paraguayos o colombianos. “Ellos producen acá porque buscan reducir costos de traslado y logística como cualquier empresa”, agrega el especialista.
El negocio posee dos grandes escenarios. Uno es en los barrios más carenciados, donde, según Emmerich, “aumenta el consumo de paco, enraizado con fuerzas policiales, y la violencia. En San Martín, Villa La Cárcova, ya hay casi 20 chicos muertos en los últimos meses. Los vecinos aseguran que una de las bandas responde a “Rolón”, que estaría protegido por el secretario de Seguridad de San Martín, José María Fernández.
Otro escenario es el de los countries y el mercado de las drogas sintéticas, mayormente consumidas en fiestas electrónicas. Como el caso de la caída de un jefe de una banda narco, empleado de la agencia de viajes de egresados, Travel Rock que vendía cocaína, éxtasis, ketamina y efedrina en fiestas electrónicas.
Ciudad de Buenos Aires. El patovica Julio César Martínez llegó de Ibiza a Buenos Aires con un propósito: cocinar drogas de diseño. Así logró instalar “el primer laboratorio sintético en plena Ciudad de Buenos Aires”, como lo calificaron las fuerzas de seguridad en septiembre. Este “operativo Ibiza” estaba encadenado con el empleado de Travel Rock. Más allá de la producción sintética, los barrios más pobres de la Ciudad viven un fenómeno similar a los de Provincia con “el nivel de adicción, la violencia y la connivencia con sectores policiales”, afirma Luciana Pol, coordinadora de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS. Los especialistas declaran que en Villa Soldati hay una fuerte presencia de ciudadanos de Paraguay; en Constitución, dominicanos; mexicanos en Puerto Madero; colombianos en Pilar; y peruanos en el barrio 1-11-14 de Bajo Flores. Aquí, el mes pasado, cinco personas murieron en un tiroteo. En Zabaleta, durante los últimos dos años, cinco chicos murieron en medio de un enfrentamiento, como el caso de Kevin de 9 años. Para Pol, la violencia es más fuerte en la zona sur (Villa Lugano, Soldati, Pompeya, Barracas) y la lógica se repite: “Las fuerzas llegan al barrio, hacen contactos y buscan protección”.
‘Breaking Bad’ y los narcopolicías
En la exitosa serie norteamericana –que contó la historia de Walter White, el aburrido profesor de química que al enterarse que padecía cáncer decidió volcarse a un nuevo negocio, cocinar metanfetaminas– hubo otro personaje que con el desarrollo de los capítulos fue ganándose al público, Hank: el cuñado del protagonista y un incorruptible oficial de la DEA. En el programa televisivo no hubo personajes que formaran parte de un entramado policial corrupto, como sí los hay en Argentina. Son un eslabón fundamental para el desarrollo de este mercado ilegal. “Acá no hay carteles organizados. Los grandes regenteadores en Argentina son las fuerzas policiales dedicadas al mercado de drogas”, afirma el especialista Norberto Emmerich a PERFIL. Algunas pruebas de esto fueron el pedido de captura al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y los escándalos de la narcopolicía en Córdoba. Pero Buenos Aires no es la excepción, Luciana Pol del CELS asevera que es necesaria “una agenda de reforma, control y lucha contra la corrupción policial”.
Pol advierte que “hay que ser cuidadosos con la solución porque más violencia arrastra más violencia. Lo importante es mejorar la capacidad de investigación penal de delitos”. En el mismo sentido, Félix Crous, procurador adjunto de narcocriminalidad de Procunar, en una entrevista a la Agencia Paco Urondo, criticó cómo se investiga la problemática: “en la fase judicial estamos acostumbrados a investigaciones donde la interceptación del cargamento es la vedette, pero no hay investigaciones proactivas, salvo excepciones”. Para Crous hay que profundizar en la cadena de financiación, producción, logística, distribución y lavado de dinero”. Tanto Emmerich, como Pol hacen hincapié en “la necesidad de un debate profundo sobre el narcotráfico” que además enmarca otros delitos, como trata de personas, prostitución y venta de autos ilegales.
