La voz de Lula resuena en la sede de los metalúrgicos.
Ha elegido el sitio de donde surgió, rodeado de sindicalistas y trabajadores como señalando que ese hecho es el que se busca castigar.
Lula dice: “No saben que el problema de este país no se llama ‘Lula’, el problema de este país son ustedes, la conciencia del pueblo, el PT, el MST. No sirve de nada detener mi sueño, porque cuando deje de soñar soñaré a través de la cabeza de ustedes”.
Los acontecimientos que llevaron a la detención del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva resultan preocupantes, no solo por sus consecuencias en la nación hermana sino también por su peso mundial, por sus posibles proyecciones sobre el conjunto de nuestra región. Esos hechos abren serios interrogantes sobre la vida democrática, la estabilidad política, social y económica de Brasil y de América Latina.
Medida proscriptiva. Como denunció y repudió enérgicamente el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina en su Comunicado del pasado 5 de abril, las decisiones judiciales que llevaron al encarcelamiento de Lula tienen un carácter proscriptivo y completan un golpe institucional que comenzó hace casi dos años con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Si entonces se desplazó a quien había sido elegida por el voto mayoritario del pueblo brasileño, ahora se intenta impedir que su partido y su líder histórico, el de mayor respaldo en las últimas décadas, regresen al gobierno en las próximas elecciones presidenciales, programadas para octubre de este año. Así lo venían mostrando todos los sondeos de opinión, el regreso de Lula a la presidencia era la alternativa más probable, ya que encabezaba todas las encuestas con un 40% de intención de votos, duplicando el porcentaje del rival que aparecía como segundo.
Si bien aún no está dicha la última palabra, resulta claro que poniendo preso a Lula se busca privar al pueblo brasileño, y en especial a sus mayorías, del derecho a elegir democráticamente con la participación de todos los candidatos.
Pandora. Recordemos que el encarcelamiento de Lula tiene su origen en la delación premiada de un empresario que, a cambio de que le redujeran la pena, se avino a involucrarlo en una causa por pago de sobornos. Aunque el juez Sérgio Moro, como él mismo reconoció en su fallo, no encontró pruebas materiales contundentes, igual condenó y ordenó la prisión del ex presidente basándose en dichos de otros imputados y su “firme convicción” de que Lula era culpable. Incluso no tuvo en cuenta testimonios ni elementos aportados por la defensa, lo que pone seriamente en duda su imparcialidad y el respeto a los derechos constitucionales de los procesados.
En un país donde los resonantes casos de coimas involucran a muchos empresarios, funcionarios y políticos, la lucha contra la corrupción es una bandera que se está usando con fines no tan loables. Así lo indica la distinta vara aplicada a la hora de juzgar, como lo atestiguan los casos del actual presidente Temer y los hombres de su entorno, sobre los que pesan muchos elementos de prueba en su contra.
De más está decir que bajo ningún punto de vista se concibe la corrupción como un instrumento político válido. La corrupción es ese ácido que corroe los principios democráticos de nuestras sociedades, es el presupuesto que falta en educación y salud para los más humildes, es la inseguridad ciudadana y los delitos aberrantes, es ese tándem perverso conformado por corruptos y corruptores (uno cobra pero hay otro que paga) que consolidan los principios de subordinación y dependencia de la periferia al centro dominante. Esto explica en parte por qué no podemos romper el presente de nación subdesarrollada.
La corrupción no es solo un conjunto de pícaros que han decidido asegurarse el futuro, es un fenómeno mucho más complejo, con raíces en la política y la sociología, muy propio de sociedades de baja calidad institucional y con rasgos autoritarios, donde se licúan los principios republicanos y se hipoteca el destino de nuestros hijos.
El Poder Judicial debería ser al ancla del sistema de garantías públicas y privadas, pero en sociedades “frivolizadas” ha decidido jugar, o por lo menos una porción importante de él, un rol que le es impropio. En una competencia por aparecer como los más puros entre los puros, muchos magistrados se muestran más interesados en consolidar su poder corporativo y en las repercusiones mediáticas de sus fallos que en la administración de justicia equitativa. Un dato llamativo es que los mismos medios que buscan mostrarlo como el adalid contra la impunidad señalan que el apuro del juez Moro por “cumplir su sueño” de ver preso a Lula obedece a que está preparando sus valijas para viajar a Estados Unidos, donde piensa radicarse para dar clases y conferencias en universidades e instituciones norteamericanas.
Esta campaña judicial ha abierto en Brasil una caja de Pandora, con el riesgo de llevar a un caos institucional del que nadie saldrá bien parado. Para agravar aún más la situación, en ese contexto se dieron a conocer las torvas declaraciones de altos jefes del Ejército brasileño, dándole poco menos que un ultimátum al Superior Tribunal Federal (el equivalente a nuestra Corte Suprema) para que Lula fuese preso. Por suerte, esa postura no fue acompañada por las otras Fuerzas Armadas, que llamaron a respetar el orden constitucional, lo cual deja al descubierto una escisión entre los mandos militares, de consecuencias imprevisibles.
Ya existe preocupación internacional por cómo estos hechos pueden afectar la situación institucional de Brasil. Es difícil imaginar que en estas circunstancias puedan consolidarse los tibios signos de recuperación económica que venían registrando algunos medios especializados. En un contexto mundial ya de por sí complicado por las guerras comerciales entre Estados Unidos, Europa, Rusia y China, resulta arriesgado pronosticar el destino de inversiones productivas hacia un país donde en cualquier momento el Parlamento destituye al gobierno o el principal candidato presidencial va preso para impedir que se presente a elecciones.
Y teniendo en cuenta el peso específico de Brasil, no podemos dejar de preocuparnos por las proyecciones que todo ello puede tener en toda nuestra región, empezando por Argentina.
La voz de los líderes presos. Quizás para alentar una tranquilidad que es más una expresión de deseo que una realidad, desde los medios más hostiles a Lula, como los que integran la red O Globo, se afirma que estando en prisión perderá el poder que tenía. Hay ejemplos históricos de que puede ocurrir al revés.
En Argentina tenemos un caso paradigmático: el 17 de Octubre, que no solo puso en libertad a Perón sino que lo consagró como el principal líder histórico de nuestro pueblo. Es cierto que no parece ser el caso en Brasil, para lo cual se combinan diversos factores históricos y políticos. Desde sus orígenes como nación independiente en el siglo XIX y hasta nuestros días, Brasil ha tenido agendas nacionales e internacionales propias, con rasgos diferenciados de los del resto de América Latina. Entre otras características, no goza de una cultura de movilización de masas, como la de otros países de nuestra región. A eso quizá se puede sumar que el empuje de Lula como líder, tras dos presidencias, no es el mismo que cuando estaba al frente de la principal central obrera brasileña.
Ahora bien, si la realidad histórica de Brasil y la situación de Lula pueden hacer improbable que suceda algo similar al 17 de Octubre, tampoco es posible descartar que, como él mismo afirmó recientemente, cuanto más lo ataquen más crezca su relación con el pueblo. Recordemos que las décadas de prisión padecidas por Nelson Mandela terminaron agigantando su figura entre las grandes mayorías sudafricanas. Muchas veces, la voz de los líderes detenidos injustamente resuena con la contundencia de un trueno.
Un grave peligro para la democracia y la paz de la región. Más allá de cuál resulte el futuro del liderazgo de Lula, queda planteada la preocupación alrededor de la gestación de una tendencia antidemocrática en nuestra región, dispuesta a imponer políticas contrarias a los intereses nacionales y a las decisiones de las mayorías populares.
Hasta hace tres décadas, como padecimos quienes hoy peinamos algunas canas, para llevar adelante esos proyectos se recurría a los golpes cívicos-militares y las dictaduras abiertas. Luego, como también nos tocó sufrir en la mayoría de los países latinoamericanos, para la desestabilización y el derrumbe de gobiernos democráticos se echó mano de los “golpes de mercado”, para dictar “ajustes” y “reestructuraciones” sobre la población.
Hoy cabe preguntarnos si no estamos ante un nuevo entramado corporativo que, envuelto en la toga de la Justicia y la lucha contra la “corrupción de los políticos”, teje una alianza oculta entre los poderes fácticos, una parte del poder judicial y, en el caso de Brasil, miembros de un poder militar añorantes de su viejo rol de “salvadores de la patria”.
Se trata de un muy grave peligro, ante el cual debemos poner nuestros mayores esfuerzos en defensa de la democracia, la convivencia y la paz en nuestras sociedades, que tantas luchas y sacrificios han costado y cuestan a los pueblos de nuestra América.
*Secretario general de la CGT.
