“Con Cristina, la inflación la manejaba Moreno poniendo una 9 mm arriba de la mesa, y mintiendo con los números del INDEC”, dijo Luís D’Elía, recordando algunos vicios autoritarios del ex Secretario de Comercio de Cristina Fernández de Kirchner.
Lo que pocos saben, o recuerdan, es que ya en tiempos de Menem el ex militante de la Guardia de Hierro acostumbraba esgrimir recursos poco ortodoxos para intimidar al prójimo. Ya en los años 90 solía exhibir chapa de autoritario y cartel de prepotente.
Sus primeras exhibiciones de autoritarismo las desplegó ante los artesanos de Buenos Aires a quienes, como en los tiempos de la dictadura, persiguió.
Fue cuando desde la municipalidad conducida por Carlos Grosso intentó desarticular la organización interna de los artesanos y calificarlos como simples comerciantes.
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Para ello, Moreno retenía permisos, condicionaba asambleas, expulsaba gente y manipulaba actos eleccionarios. Incluso llegó a amenazar de muerte al delegado de los artesanos de Plaza Italia, Alberto Garófalo.
Desde 1984 funcionaban en la jurisdicción de la Municipalidad de Buenos Aires cinco ferias artesanales, todas ellas bajo directa dependencia de la Secretaría de Cultura. Pero la paz y la tranquilidad que había se terminó con el advenimiento del menemismo.
Los artesanos comenzaron a ser perseguidos por un funcionario que cambió la caracterización de su trabajo haciéndolos depender de la flamante Dirección General del Trabajo (DGE). Ese funcionario se llamaba Guillermo Moreno, luego ascendido a Subsecretario de Producción.
La artesanía, una opción de vida
Los artesanos pegaron gritos al cielo, alegando que no podían pertenecer a un organismo cuya función era crear puestos de trabajo a través de micro-emprendimientos productivos.
“Nosotros no somos desempleados ni ejercemos la artesanía por falta de empleo. Somos artesanos por una opción de vida”, protestaron.
En agosto de 1990, Guillermo Moreno fue designado al frente de la recientemente creada Dirección General de Empleo (DGE). De inmediato empezó a lanzar una serie de acciones destinadas a desarticular la organización interna de los artesanos.
Una de sus primeras medidas fue condicionar las asambleas, única herramienta con la que contaban esas personas para discutir sus derechos, sus obligaciones y sus necesidades.
Un día, llamó a su despacho al delegado de la feria de Plaza Italia, Alberto Garófalo, para exigirle su renuncia. Se negó a hacerlo, y Moreno lo amenazó de muerte. Como el amenazado hizo la denuncia correspondiente, terminó expulsado.
Los artesanos comentaban que no era el único caso, y aseguraron saber de varios más que no se animaron a hacerlo público porque hubiera significado lisa y llanamente la pérdida de su fuente laboral.
Más aún, el 9 de noviembre de 1990 Moreno comunicó a los artesanos de Plaza Intendente Alvear que debían hacerse cargo de los costos de ampliación de la calzada donde estaba asentada la feria. Si para el día 23 no aceptaban, les dijo, serían echados y su lugar ocupado por otros que aceptaran participar del financiamiento de la obra.
Según los artesanos, la medida escondía una intención de Moreno de ubicar en el lugar a punteros políticos, muchos de los cuales no cumplían con los requisitos de la propia Dirección.
Hubo tal conmoción que hasta la Controladuría General Comunal tuvo que intervenir.
Éste organismo de contralor calificó al proyecto como “una clara presión tendiente a hacer abonar (a los artesanos) una contribución no prevista en el régimen tributario de la Municipalidad”.
También, aconsejó a Moreno que “trate de mejorar su relación con los artesanos permisionarios, evitando la formulación de exigencias o presiones fundadas en la amenaza de revocar o no renovar permisos en caso de no aceptarse sus “sugerencias”.
Más acusaciones
De parte de los artesanos hubo otras denuncias, igualmente graves, contra Moreno.
Algunas eran: “recurrir sistemáticamente a la amenaza sobre sus fuentes de trabajo, usar indebidamente la reglamentación para impedir la participación de los artesanos sindicados de opositores como candidato a las elecciones, no respetar los organismos democráticamente elegidos en cada una de las ferias, no reincorporar a todos los sancionados y expulsados, y no dejar sin efecto todos los ingresos políticos”.
Tales denuncias llevaron al Concejo Deliberante a elevar sendos pedidos de informes, uno al Ejecutivo comunal y otro a la Comisión Municipal de la Cámara de Diputados.
Se decidió, finalmente, que lo mejor para todos era que las ferias salieran de la órbita de Moreno y volvieran a depender de la Secretaría de Cultura, como en los tiempos de Alfonsín.
Sobre estos incidentes, el periodista Sergio Núñez destacó en el número de marzo de 1992 de una conocida revista de la época: “El autoritarismo, viejo mal de tiempos pasados, se resiste a desaparecer”.
*Historiador y escritor.