Un vecino le dijo que debía escribir “para la gente”. Y cuando Cristina Fernández comenzó con su “política agresiva” y fueron evidentes los esfuerzos de su gobierno por asegurarse la impunidad y destruir la institucionalidad, sintió el deber de escribir este libro, en el que explica “qué es la Constitución, la república, el federalismo, el autoritarismo, la libertad de expresión, y luego destaco la violación sistemática de la Constitución que llevó a cabo este gobierno”.
Para Loñ, “este Gobierno violó la Constitución como nunca en un régimen democrático. Para la Presidenta, la democracia consiste en los votos. Si yo tengo los votos, soy democrático”.
—¿A qué se refiere cuando expresa “una aparente asociación ilícita” en relación con este Gobierno?
—Yo digo que acá hubo un plan premeditado que fue implementado a través de distintas leyes y actitudes del Gobierno para lograr la concentración del poder, eliminarle al Congreso su función, que es debatir la ley. Objetivo: cerrarlo. Así, lograr la impunidad a través de las reformas del Consejo de la Magistratura y someter a los jueces a la voluntad del Poder Ejecutivo, como fue notorio en el último intento. Luego para permanecer indefinidamente en el poder e incrementar su riqueza a través de actos de corrupción y montar un aparato estatal, de gente vinculada al Gobierno en medios afines y en relación con la Ley de Medios, y afectar de esa manera la libertad de expresión y avasallar a la Justicia bajo el lema “democratizar a la Justicia”, que yo llamo “demoler a la Justicia”.
—El caso del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa.
—Este es un plan perfectamente implementado porque repiten lo que Néstor Kirchner hizo en Santa Cruz. El caso de Sosa es paradigmático. Era el procurador general, la constitución de Santa Cruz le daba estabilidad en el cargo, pero Kirchner lo saca sin razón.
Loñ invoca a André Malraux, quien en La condición humana escribió que el gobernante no quiere sólo gobernar sino dominar, escapar a la condición humana y ser una especie de dios todopoderoso. No se lo puede contradecir. “Todos los autoritarios y dictadores tienen esa concepción, y acá en el campo moderno un hombre de Ernesto Laclau, de formación marxista, también destaca esto. ‘El’ es el representante del pueblo, o se toma la atribución de decir ‘yo lo represento’, por lo tanto es palabra final. La división de poderes, y que los poderes se deben controlar entre sí, no entra en la cabeza ni de Laclau ni de los autoritarios o dictadores. Por eso la Presidenta siempre dice: ‘Yo gané con el 54% de los votos y entonces hago lo que quiero’, como embestir a la Justicia y eliminar la actividad del Consejo de la Magistratura, que es un órgano introducido por la reforma de 1994 para asegurar la independencia de los jueces. La Presidenta es autoritaria.
—Usted también habla de las rebeliones pacíficas.
—Si, Stéphane Hessel, filósofo y escritor francés, escribió un libro, Los indignados, en el que dice que hay que resistir los ataques a la dignidad y habla de la rebelión pacífica. Eso fue lo que sucedió aquí en las marchas del 13S, el 8N y el 18A.
Loñ se muestra particularmente preocupado con las amenazas a la libertad de expresión que advierte, en especial en el tema del acceso a la información, pero tiene confianza en la Corte, “que ha sido muy cuidadosa con la libertad de expresión en varios fallos”.
—¿Se debe reformar la Constitución?
—No veo razones. El objetivo del Gobierno sólo era la reelección indefinida y someter a los otros poderes al Poder Ejecutivo como el único con poder omnímodo. Eso significaría la destrucción de la Constitución. Además, hay aspectos de la reforma del ‘94 que no han sido implementados, como la coparticipación de impuestos. Hoy las provincias absorben menos del 30% de los impuestos coparticipables y más del 80% es a favor del gobierno nacional.
—Por último, usted habla de deuda social.
—Hay grandes deudas sociales en la Argentina: con los jubilados, con las viviendas, con la salud. Allí hago uso de una frase del cardenal Julio Ma-zzarino: “No pongas confianza en quien promete fácilmente: es un embustero o un bribón”.
Los ataques a los medios
La libertad de expresión es un derecho humano que tiene –tanto en los tratados internacionales como en los documentos constitucionales– una protección especial. Sin embargo, ello no ha impedido que surgieran formas solapadas que se utilizan para afectar la libertad de expresión. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ed. Río Negro SA c/Neuquén, Pcia. del, s/Amparo, 5/9/2007) manifestó que “no sólo debe evitar el Gobierno acciones intencionales o exclusivamente orientadas a limitar el ejercicio de la libertad de prensa, sino también aquellas que llegan a idénticos resultados de manera indirecta”. En el caso se expidió de esta manera ante la negativa del gobierno de Neuquén de adjudicarle publicidad oficial a la actora. Tal conclusión reiteró la Corte en el amparo planteado por el diario PERFIL. En esta causa, el gobierno federal, al persistir en negarse a otorgar a la actora pauta publicitaria oficial, viene incurriendo en un alzamiento contra la resolución del máximo tribunal, suscitándose así una situación de gravedad institucional. En este sucinto relato cabe resaltar sendos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (28/1/2009) conocidos como “casos Globovisión” (Perozo y otros vs. Venezuela) y Radio Caracas Televisión (Ríos y otros vs. Venezuela). Periodistas de ambos medios habían sido víctimas de insultos, amenazas, escraches, pedradas y ataques con bombas lacrimógenas y granadas. Allí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la libertad de expresión, particularmente en asuntos de interés público, es una piedra angular en la existencia misma de la sociedad democrática y es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida por actos normativos y administrativos del Estado o por condiciones de facto que coloquen –directa o indirectamente– en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercer, razón por la cual el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad. (…).
En este contexto se sancionó, dentro de un paquete de 12 leyes, en diez días hábiles y sin debate parlamentario, la Ley 26.736. La norma aludida comienza declarando de interés público la fabricación, la comercialización y la distribución de pasta celulosa y papel para diarios (art. 1°). Al respecto, la diputada Graciela Camaño (La Nación, 1/9/2010) manifestó que “declarar el interés público, más allá de la ambigüedad y la profusión de significados de la expresión, comporta el riesgo de que el Ejecutivo tome esa declaración como punto de partida para disponer cualquier otra decisión restrictiva… no es una declaración inocente. El verdadero propósito, que es otro y busca, desde la proclama del interés general, perjudicar a algún particular (...)”.
Al panorama descripto se agrega la asfixia económica y financiera a la que se está sometiendo al periodismo independiente, al que, además de no otorgársele publicidad oficial, se le niega la posibilidad de obtener recursos privados provenientes de avisos de supermercados por una simple orden verbal del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, funcionario éste que se caracteriza por la arbitrariedad de sus decisiones y la soberbia de sus actitudes. A esto se añade la intervención al Grupo Clarín con el objetivo de eliminar un medio crítico”.
Fragmentos de La Constitución. El libro que los K nunca leyeron.
