Tienen la marca de las violaciones a los derechos humanos. Demuestran el apoyo de los diplomáticos civiles al plan de represión militar. Y durante muchas décadas fueron secretos, hasta ahora. A cuarenta años del sangriento golpe militar de 1976, PERFIL revela en exclusiva los documentos que fueron recientemente desclasificados donde se reflejan los primeros pasos dados por la dictadura en el escenario internacional.
Se trata de 64 cables emitidos por los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina en los primeros tres meses posteriores al golpe del 24 de marzo de 1976. En su mayoría están archivados bajo la carátula de “secretos” y revelan las mayores preocupaciones de la dictadura en esos primeros momentos: cómo frenar los pedidos de asilo que se multiplicaban en las embajadas extranjeras, cómo articular esfuerzos con las dictaduras sudamericanas contra “marxistas”, y cómo explicar en el mundo lo que denominaron una “guerra” contra “subversivos”.
La desclasificación se produjo luego de que el gobierno de Cristina Kirchner firmara un acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para la creación de la Comisión de Relevamiento para la Recuperación de la Memoria Histórica en la Cancillería argentina. La liberación de archivos comenzó en 2009 y la última etapa se produjo recientemente.
Inicios del Plan Cóndor
El 2 de abril de 1976, se emitió un cable “secreto” fechado en la embajada argentina en Santiago de Chile. Fue titulado “Repercusión local situación política argentina”, y allí se informa sobre el sentimiento de los “círculos políticos” chilenos tras el golpe de Argentina. Se aseguraba que había una “total unanimidad en destacar imperiosa necesidad de que las Fuerzas Armadas procedieran a ocupar evidente vacío de poder”, a la vez que se anunciaba que había en el “ejército y mandos superiores” trasandinos una “total identificación y actitud de solidaridad”.
También se aseguraba que existía “admiración” por la “mesura con que se actuó, entendiéndola como dirigida a evitar los graves problemas internacionales que padece Chile”, en referencia a las críticas que tenía la dictadura de Augusto Pinochet en relación con las violaciones a los derechos humanos en el escenario internacional.
Es interesante observar en este cable que los militares chilenos se mostraban “un poco desencantados” con la relación entre la Junta argentina y el Partido Comunista porque se esperaba “una línea más coincidente con la del gobierno chileno”, lo que “aliviaría el actual rol de únicos objetivos de ataque del comunismo internacional”.
El 24 de abril otro cable “secreto” fue emitido desde la embajada argentina de Montevideo. Allí se revelan los primeros movimientos de la dictadura para establecer contactos con militares de la región. El documento fue preparado días antes de la visita de Pinochet a Uruguay y anunciaba el objetivo de las Fuerzas Armadas del Cono Sur de “tomar iniciativa conjunta en campaña antimarxista que planease orquestarse a nivel latinoamericano”.
En lo que podría ser uno de los primeros indicios del Plan Cóndor, el documento advertía sobre la necesidad de “asegurarse adopción de medidas colectivas de resguardo a seguridad interna a país del área”, para lo que proponía realizar un “permanente intercambio informativo, esencialmente centrado en materias vinculadas a la seguridad, orden económico, jurídico y político”. El cable cierra asegurando que las Fuerzas Armadas uruguayas y chilenas estarían de acuerdo en “concentrar esfuerzos de naciones de un mismo signo ideológico a fin de lograr mayores beneficios”.
Guardias en las embajadas
Pero el mayor problema que enfrentó la dictadura argentina en esos primeros meses fue el relacionado con las denuncias de exiliados y refugiados de países limítrofes que estaban residiendo en el país al momento de producido el golpe. Hasta el 24 de marzo de 1976, Argentina era una democracia rodeada de dictaduras y aquí habían encontrado refugio muchos exiliados de la región, principalmente uruguayos y chilenos. Las primeras denuncias sobre la persecución a estos refugiados llegaron en abril de 1976 cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitió un mensaje desde su sede en Ginebra: la oficina de las Naciones Unidas estimó en 16 mil los casos de refugiados que podrían correr peligro en la Argentina.
La Consejería Legal de la Cancillería respondió a Acnur con un memorándum interno emitido el 14 de abril de 1976. El documento fue titulado “Información sobre asilo” y allí se informaba que “la concesión del asilo diplomático es resuelta por la Cancillería” y se recordaba que “la persona a la cual se le ha concedido asilo territorial no puede ser entregada a las autoridades de otro Estado sino por la vía de extradición”, para lo que remarcaba “la dificultad de determinar el límite entre el delito común y el delito político.
Como la situación de los refugiados de carácter político iba en aumento, la Dirección General de Política Exterior emitió un nuevo memorándum el 23 de abril de 1976 donde se anuncia que “las variables circunstancias por las que ha atravesado el país han hecho que últimamente ciudadanos argentinos y extranjeros buscaran ‘refugio’ en representaciones extranjeras”.
Para no sufrir una condena internacional, los diplomáticos de la dictadura recomendaron en ese cable “reservado” que se intentara evitar que los pedidos de asilo se transformaran en “incidentes” y advertía que “la mejor forma de procurarlo sería logrando soluciones oficiosas”, pero aclaraba, “no oficiales” para que no quedaran registros en las representaciones extranjeras involucradas. Por último, los civiles de la Cancillería directamente recomendaban “reforzar las guardias en las embajadas y oficinas extranjeras a fin de dificultar nuevos casos de asilo” y exigían “estricta reserva en todo lo que tenga vinculación con estos asuntos”.
Campaña antiargentina
El plan sistemático de represión había evitado que se produjeran protestas en Argentina, pero la dictadura fue desafiada en el extranjero. Un cable fechado en el consulado argentino de San Francisco, Estados Unidos, el 12 de abril de 1976 anuncia la primera alarma por “un grupo de 15 personas que desfilaban portando carteles críticos” de la Junta. Se mencionaba que se trataba de exiliados argentinos que protestaban contra “el nuevo gobierno”.
Como las críticas se repetían, la Cancillería produjo un protocolo para sus propios funcionarios. La circular telegráfica fechada el 28 de mayo de 1976 anunciaba a los diplomáticos que “en caso que en conversaciones con periodistas o personalidades se suscite cuestión relativa a Derechos Humanos en la República” se debería tener en cuenta “las siguientes pautas: Gobierno Junta Militar ha ratificado su decisión de respetar Derechos Humanos tal como lo expresó Presidente Videla en su discurso del 30 de marzo”.
La circular también pedía a los diplomáticos argentinos que recordaran que Argentina se encontraba “enfrentando una lucha abierta contra el terrorismo y la subversión con el objeto de cumplir su función primordial de salvaguardar estilo de vida democrático y la seguridad y bienes nacionales y extranjeros”. Y también se recomendaba a los funcionarios de la dictadura remarcar que “grupos subversivos habían incrementado sus esfuerzos a fin de lograr sus objetivos incluso confundiendo opinión pública internacional para deteriorar imagen externa”.
El cable cierra pidiendo a los diplomáticos que recuerden a las autoridades de “gobiernos responsables que no se hagan eco de esa campaña de propaganda internacional realizada precisamente por sectores que no manifestaron repudio por asesinatos cometidos por bandas terroristas subversivas”.
Ocultamiento, justificación e impunidad para justificar las violaciones a los derechos humanos. Así operó la diplomacia de la represión: un cuerpo de funcionarios civiles que trabajaron para la más sangrienta dictadura
