No hay antecedente en la historia argentina que compita con el kirch-nerismo en intensidad y obstinación a la hora de regular medios y producir políticas de comunicación. Se alegará que los dos primeros gobiernos de Juan Perón fueron también transgresores en la materia y superaron los niveles de intervención de cualquier otro gobierno civil. Cierto, pero el ecosistema mediático era entonces simple, integrado por diarios, revistas y radios (la TV fue inaugurada en 1951 y para el golpe de 1955 tenía poco alcance). En cambio, con un ecosistema heterogéneo en medios y tecnologías, el kirchnerismo desplegó, sobre todo durante las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, múltiples políticas en simultáneo –con dispar eficacia– y deja una herencia ineludible.
El legado puede abordarse en términos fácticos, regulatorios y discursivos. En los tres planos, la producción fue destacada. El kirchnerismo promovió la reorganización del mapa de medios; usó el poder estatal para crear y reconvertir emisoras audiovisuales y empresas gráficas; incidió en sus relaciones económicas, impulsó leyes medulares, hizo cotidiano y público el reproche a la línea editorial de medios y periodistas opositores y provocó notables realineamientos políticos en un sector que cultivaba el mito de la objetividad. Como saldo de la llamada “batalla cultural”, ese mito fue demolido.
En el plano regulatorio, durante las dos gestiones de Cristina Fernández el Congreso aprobó leyes fundamentales sobre medios audiovisuales (2009) y sobre telecomunicaciones y redes convergentes (2014). Esta última, llamada Argentina Digital, es síntoma de que la política de medios tradicional no alcanza para contener los condicionamientos del sector de la información y el entretenimiento que protagoniza un cruce inédito con otras actividades, como las telecomunicaciones y las redes digitales. Una paradójica novedad de este cruce es que, mientras pierden influencia en el espacio público por las redes sociales y plataformas que desintermedian los flujos de contenidos, las empresas de medios pasan a conformar unidades económicas diversificadas con ingresos en alza.
La mencionada es una de las varias consecuencias del proceso de convergencia entre medios y redes digitales, proceso herético y arrollador que, por haberse desplegado con profundidad en la última década y media, muchos actores políticos y sociales suelen confundir con influencias del kirchnerismo. Es importante distinguir entre la productividad de las políticas de los últimos tres gobiernos y el contexto más amplio que aviva transformaciones en la producción y circulación social de información y entretenimientos a escala planetaria.
Por otro lado, el testimonio directo de los actores que se organizaron y movilizaron –a favor y en contra– de la política de medios del kirchnerismo es valioso pero, por definición, es subjetivo y cortoplacista. Muchos analistas se contagiaron del discurso de los actores, elevando al rango de diagnóstico lo que no es sino sensación y subjetividad. Con exaltación, parte de los escritos sobre la política de medios del kirchnerismo reduce doce años a una gesta emancipatoria de un modelo sostenido por convicciones democratizadoras contra los monopolios de la palabra o, por el contrario, a una regresión autoritaria y censora conducida por un matrimonio que logró someter a todos los poderes estatales a su manía despótica.
Con distancia crítica se observa que hoy el sistema de medios luce cambiado. Hay, cierto, mayor injerencia gubernamental que en 2003. Se registra, al mismo tiempo, un próspero crecimiento económico de conglomerados privados, algunos con línea editorial manifiestamente opositora al kirchnerismo y que ostentan posición dominante en sectores como TV abierta y de pago, diarios y revistas, radio y portales informativos en internet (Grupo Clarín). Surgieron nuevos grupos al amparo oficial (Indalo, de Cristóbal López) y otros, sinuosos en su línea editorial al cabo del ciclo kirchnerista, consolidaron su posición (Grupo Uno de Vila y Manzano, Grupo TeleCentro de Alberto Pierri). Mientras tanto, grandes capitales extranjeros de las telecomunicaciones y el audiovisual gozan de la expansión a otras actividades (Telefónica, Fintech –la firma de David Martínez– y DirecTV, entre ellos).
Al margen de la lucrativa realidad de los principales grupos, la mayoría de los emprendimientos de medios en la Argentina es de tamaño pequeño y sobrelleva la existencia con dificultad, apelando a estrategias más artesanales y precarias como el mecenazgo, es decir, produciendo por encargo de quien paga por el espacio, o el vasallaje, es decir, subalquilando espacios a cambio del pago en especies de parte del inquilino.
Dos etapas. Más que continuidades, en política de medios existen diferencias sobresalientes entre el gobierno de Néstor Kirchner (mayo de 2003 a diciembre de 2007) y los de Cristina Fernández (diciembre de 2007 a diciembre de 2015). El cambio se manifestó en 2008, tras la disolución de los buenos vínculos que el kirchnerismo había anudado con el Grupo Clarín.
Antes, la presidencia de Kirchner respaldó la estructura de medios heredada, en especial la concentración. Comenzó con la promulgación de la Ley de Bienes Culturales en 2003 (cuya autoría es de Eduardo Duhalde), continuó con la extensión de licencias de radio y TV y finalizó, en su último día hábil de mandato (7 de diciembre de 2007), con la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal por parte del Grupo Clarín, en lo que significó también un matrimonio de perspectiva incierta entre el principal multimedios local y David Martínez, de Fintech y hoy accionista de Telecom. La venia oficial para la fusión de las principales cableras, en un negocio que incluye a Fibertel como proveedor de conexión a internet, consolidó para el Grupo Clarín más del 80% de sus ingresos.
Por razones sobre las que existen especulaciones dispares, en el marco de la llamada “crisis del campo” de 2008 la entonces flamante presidenta Fernández se enfrentó con el Grupo Clarín. El caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la legalidad de la firma Fibertel, la creación del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma nipo-brasileña de televisión digital terrestre (TDT), la creación de señales audiovisuales estatales temáticas (Encuentro en 2005 y desde 2009 Paka Paka, DeporTV, IncaaTV y Tecnópolis, entre otras) combinadas con la degradación de la línea informativa y de programación política de los medios estatales a la función de propaganda gubernamental, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, su irregular aplicación y, en 2014, la ley Argentina Digital, son resultado de la impetuosa política de medios ejecutada desde entonces.
Estas iniciativas se combinaron con el aumento de la financiación de medios afines al Gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial. Además, el Gobierno impulsó la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público y la abolición del desacato, adoptó el ejercicio cotidiano de objetar noticias elaboradas por medios o periodistas opositores y evitó sancionar una ley de acceso a la información pública.
La ley audiovisual de 2009 fue la más discutida de las acciones del kirchnerismo, aunque no la más productiva en sus efectos. Incluía una reserva del 33% de las frecuencias para estimular el acceso de medios sin fines de lucro a licencias audiovisuales; una moderación de la concentración privada del mercado; exigencias de producción local e independiente; y el mandato de pluralismo para los medios del Estado. Al cabo de seis años, casi ninguno de esos objetivos fue alcanzado. La norma fue primero judicializada y luego aplicada selectivamente por el propio Gobierno y, en diciembre de 2014, modificada en uno de sus ejes centrales (la desconcentración) por la ley Argentina Digital.
En cambio, Fútbol para Todos superó el microclima militante e impactó de lleno en las relaciones entre fútbol, política y televisión. Hoy FpT pende no sólo de la asunción del futuro presidente de la Nación, sino también de la anunciada coronación de Marcelo Tinelli en la conducción de la AFA y la obligada diversificación de los negocios del fútbol.
Buena parte de las políticas del kirchnerismo fueron predicadas como “democratizadoras” del sistema de medios. Para la oposición, la intención detrás de esta batería de medidas fue controlar las “voces independientes”. Pero como indican los reportes anuales sobre libertad de expresión de la Embajada de Estados Unidos, en la Argentina hoy se aprecia un rango de perspectivas que, como mínimo, incluye a oficialistas netos y a críticos acérrimos del kirchnerismo. Más difícil es hallar matices editoriales dentro de los medios, lo que agregaría diversidad a un sistema que superó hace años la censura explícita. Esta falta de diversidad es padecida por periodistas y lectores o audiencias. Además, el sistema de medios está, a fines de 2015, tan concentrado como hace 12 años. Cambió la titularidad de algunos grupos y se incrementaron la convergencia y el cruce de actividades en su interior.
La posta. El futuro presidente argentino hereda un mapa de medios de propiedad mixta, fuertemente polarizado en torno del kirchnerismo, con leyes clave muy parcialmente aplicadas. Deberá resolver la adecuación de casi todos los grupos concentrados a la ley audiovisual, encarar las contradicciones normativas hondas entre esa norma y la más reciente Argentina Digital, tramitar la extinción del plazo de licencias de radio y televisión, la transición hacia la TV digital terrestre, la redefinición de iniciativas como FpT, la dependencia económica de la pauta oficial de medios, productoras y periodistas y la gubernamentalizada información de los medios estatales. Tendrá que gestionar una innovadora red de señales temáticas del Estado, algunas de notable calidad, y responder la demanda de actores sin fines de lucro que, con la excepción de la Iglesia católica y algunas cooperativas, fueron postergados en su reclamo de legalización.
La agenda que espera al próximo mandatario está cargada, además, por la irrupción masiva de internet fija y móvil. Derecho al olvido, neutralidad de la red, discriminación en red, precios de acceso, espionaje electrónico y regulación de la competencia en el marco de la concentración de las infraestructuras son temas de un presente convergente. La migración hacia la digitalización televisiva (el apagón analógico en TV está previsto para 2019) y la avasallante presencia de las redes digitales son acompañadas por la migración de usos y consumos de las audiencias hacia contenidos desprogramados en dispositivos mayormente móviles, excepto en los casos de la exhibición de eventos deportivos de interés general (fútbol) y de ciclos de entretenimientos masivos (Tinelli, Susana Giménez).
El próximo presidente administrará un Estado con escasos recursos, al menos durante la primera parte de su mandato. Eso reducirá su capacidad de intervención. Los actores más grandes del sistema de medios se sienten o bien perjudicados con derecho a indemnización, o bien habilitados para seguir explotando sus lazos con el Gobierno. El kirchnerismo demostró que enfrentar a un grupo mediático dominante no sólo no es ruinoso sino que puede ser capitalizado, en el cabal sentido de la expresión. Al hacerlo, fue profanador de un mito que habitaba en la política profesional. La capacidad de tramitar esa herencia del kirchnerismo no sólo dependerá del temperamento evidentemente más amistoso del sucesor de Cristina Fernández con los medios, sino de que logre formular una estrategia y políticas articuladas para un frente con numerosos conflictos abiertos, algunos de los cuales –como los que jaquean la existencia misma de empresas periodísticas tradicionales– son contemporáneos al kirchnerismo pero trascienden el ciclo que culminará en diciembre.
*Especialista en medios. En Twitter @aracalacana
