El 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín –candidato de la Unión Cívica Radical– triunfa en las elecciones derrotando al justicialismo y superando por mucho su caudal histórico, con un 52% de los votos, sobre un 40% obtenido por el peronismo. Pese a la derrota, el peronismo conquista la mitad de las provincias, una sustantiva primera minoría en Diputados (111 frente a 129 del radicalismo) y una supremacía eventual en el Senado. El radicalismo contaría con 18 de los 46 senadores.
Lineamientos. En su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa al asumir la Presidencia, el 10 de diciembre, Alfonsín definía así los lineamientos de su gobierno en materia sindical: “Lo inmediato es combatir el empobrecimiento colectivo del sector asalariado. Para ello hay que establecer la función primordial del sindicato, asegurando que éste sea realmente representativo y vigoroso, con aptitud para una participación creciente en las decisiones básicas del mundo económico, a través de la concertación (…). El sindicato único por actividad y la prohibición de incursionar en la política partidista, así como la reivindicación de la democracia interna, serían los pilares de su política laboral. No hay democracia posible sin los sindicatos fuertes, representativos y democráticos en su funcionamiento y constitución”, enfatizó.
En su plataforma electoral, el radicalismo prometía la reimplantación del salario mínimo, vital y móvil; la actualización salarial atendiendo a la tasa de inflación y la puesta en marcha de las comisiones paritarias. Las últimas elecciones sindicales databan del período 73-76, así como las últimas paritarias. Durante la dictadura, la dirigencia sindical había dejado en el camino víctimas y conquistas. Y aprendió a sobrevivir y adaptarse a las circunstancias.
Había tres categorías de “sobrevivencia”: los gremios intervenidos, aquellos, donde se había desplazado a las autoridades legítimas y colocado a comisiones transitorias, y un último grupo cuyas conducciones tenían mandato prorrogado por las autoridades de facto.
Alternativas. El nuevo gobierno tenía dos alternativas: operar sobre una legislación de fondo que consideraba anacrónica o dotar primero de una nueva legitimidad a los actores sociales de esa legislación.
Desde el ámbito sindical, tanto la CGT-Azopardo (más dialoguista) como la Cgtra (más confrontativa), que agrupaban al grueso del sindicalismo, saludaban la asunción del nuevo gobierno, pero advertían: “a nadie debe asustar la fortaleza de las organizaciones obreras que sustentan la libertad y la democracia”.
Vendrían entoces varios intentos de unificar las dos CGT creando una comisión para planificar la postura común en el Congreso y actuar como interlocutores válidos del flamante radicalismo gobernante.
El gobierno había elegido una estrategia inédita y riesgosa: generar una ley electoral sindical, análoga a la ley electoral política, para que los trabajadores eligieran libremente sus representantes, haciendo un “blanqueo” de la dirigencia sindical. Sobre esa base, se pensaba ulteriormente consensuar el marco legal de la concertación y la legislación de las relaciones laborales.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Mucci, con pasado como dirigente del gremio gráfico y ex dirigente de la CGT, venía considerando desde antes de asumir el proyecto de reforma sindical, junto con Gabriel Matzkin, Emilio Capuccio y Norberto Troglio.
En una de sus iniciativas más importantes, la propuesta establecía la participación de las minorías en los gremios: cualquier fracción que lograra un 25% de los votos tendría representación en la conducción. Fijaba, además, el voto directo, obligatorio y secreto y, según su artículo 41, no requería, por esa única vez, antigüedad en la actividad para ser candidato en todas las elecciones previstas, y determinaba la duración máxima del mandato en tres años, con una sola posibilidad de reelección inmediata.
Absurdo. El proyecto, conocido como Ley de Reordenamiento Sindical, fue enviado al Congreso el 17 de diciembre y gran parte de los ámbitos gremiales lo observan como un revulsivo para todo el sindicalismo.
El 19 de diciembre, la Cgtra la calificó como un “proyecto absurdo” y decretó el “estado de alerta y movilización”. Sin embargo, un encuentro de más de cinco horas entre Mucci y Saúl Ubaldini realizado el día 24, abrió nuevas expectativas en las negociaciones.
Apoyaron la iniciativa un conjunto de agrupaciones de reciente formación que aspiraban a disputar la conducción a la dirigencia peronista tradicional: el Encuentro Nacional de Trabajadores (Entra) que tenía como referentes a Alberto Piccinini (metalúrgico), Julio Isabellino Guillán (telefónico) y Alberto Cortez (vendedores de diarios); la Asamblea Gremial Argentina (AGA) liderada por José Báez (seguros) y Blas Alari (papeleros), el Movimiento Nacional de Renovación Sindical, alfonsinista, encabezado por el judicial Néstor Rompani, y algunos dirigentes “históricos” del peronismo combativo como Andrés Framini y el municipal bonaerense Antonio García (Plenario Sindical Peronista). Estos nucleamientos formaron una Mesa de Enlace Gremial.
El año 1984 se inició así con una prematura interrupción de la “luna de miel” para el gobierno radical, con la atención puesta en la ley sindical impulsada desde la cartera laboral.
Mientras el 25 de enero se proclamaba la conducción única de la CGT que designa como secretarios generales a Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Jorge Triaca y Ramón Baldassini, el 30 el Ministerio de Trabajo intervino el Sindicato Unico de Petroleros (SUPE) y el 31, la Federación de Obreros y Empleados del Papel.
La CGT unificada reiteró el “estado de alerta y movilización” ante lo que calificó de “política intervencionista del gobierno” y denunció ante la OIT “la violación de la autonomía y libertad gremiales”.
Minorías. Mucci quería ampliar las comisiones transitorias con sectores internos adversarios a la conducción, en nombre del pluralismo sindical.
En una agitada sesión de más de quince horas, entre el 10 y 11 de febrero, la Cámara de Diputados dio media sanción al Proyecto de Reordenamiento Sindical enviado por el Poder Ejecutivo. La oposición fue comandada por el titular del bloque justicialista, el veterano petrolero Diego Ibáñez.
Un día antes, el 9, la CGT cerró todas las negociaciones con legisladores radicales y posteriormente, el día 16, una manifestación convocada por la UCR colma la Plaza de Mayo para apoyar la propuesta que había pasado al Senado. Alfonsín pronuncia desde los balcones de la Casa Rosada un improvisado discurso, de cara al segundo round de la batalla.
En febrero hubo amparos judiciales contra las intervenciones dispuestas por el Ministerio de Trabajo al SUPE (petroleros) y Foetra (telefónicos), un traspié para el curso inicial de la normalización.
Las conversaciones continúan dentro y fuera del ámbito legislativo. Con resultados muy ajustados en el Senado, donde las posiciones se dividían casi en paridad de apoyos, el destino de la estrategia oficialista pasaría por la decisión de los hermanos Sapag, veteranos caudillos de Neuquén: Felipe, gobernador, y Elías, senador de esa provincia, y actor “bisagra” a la hora de votar.
La estrategia opositora, en tanto, era ganar tiempo, frenar por vía judicial el curso del reordenamiento y negociar punto por punto los 48 artículos de la ley. Los neuquinos terciaron y reclamaron favores muy concretos para su provincia: el control del gasoducto Loma de la Lata y la empresa Hidronor.
Finalmente, el 14 de marzo, el Senado rechazó el proyecto oficialista aprobado en Diputados. A la negativa del justicialismo se sumaron los votos adversos del Movimiento Popular Neuquino y del desarrollista formoseño Manuel Vidal. Con 24 contra 22 favorables de radicales, bloquistas y autonomistas liberales, la propuesta llegó a un punto muerto.
Límites. La derrota legislativa deja al descubierto el primer límite en los márgenes de acción del gobierno radical.
El 23 de marzo, desde los balcones de la Casa Rosada y ante una multitud que acude nuevamente a la Plaza de Mayo convocada para celebrar los primeros cien días de democracia, Alfonsín formuló una amplia convocatoria a todos los sectores políticos “para poner de pie a la Argentina y hacerles entender a los de afuera que podemos discutir, pero que no nos estamos debilitando”.
Tras el rechazo en el Senado del proyecto de Ley Sindical, la CGT unificada anunció un “plan de acción” contra la actitud oficial “porque el Presidente contesta con expresiones de deseos a los reclamos de los trabajadores”.
Asimismo, la central obrera convocó a los partidos políticos, sectores empresarios, juveniles y religiosos a integrar “un amplio frente nacional que sirva de sustento al Estado para proteger la democracia”. Exhortó, al mismo tiempo, al gobierno a derogar la Ley 22.105 de Asociaciones Gremiales del régimen militar y a “abrir un diálogo ecuánime para resolver los problemas que nos afectan y nos duelen”.
Dentro del gobierno se manifestaron dos tesituras diferentes sobre los pasos a seguir. De un lado, quienes proponían aplicar la ley vigente –de la dictadura militar– e instrumentar la ley electoral interviniendo los gremios con el apoyo de los sectores proclives al proyecto derrotado en el Senado. Era el grupo identificado con el secretario general de la Presidencia, Germán López.
Por otro lado, estaban quienes creían agotado el margen de confrontación y abogaban, tras la frustración de la ley deseada, por una “ley posible” de normalización.
Las cartas estaban echadas respecto de la permanencia de Mucci en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 24 de abril, el propio Mu-cci confirma su alejamiento (la primera baja del gabinete) asumiendo su exclusiva responsabilidad por el fracaso de la iniciativa.
Al día siguiente jura su sucesor, el hasta entonces diputado radical bonaerense Juan Manuel Casella, anunciando “un cambio instrumental, pero no de política” en su gestión.
Casella acotó su objetivo a la “normalización de la vida sindical: y le puso plazo fijo: prometía abandonar en seis meses el ministerio.
Unos días antes, el senador justicialista Oraldo Britos presentaba su iniciativa para la ley sindical, proyecto que rescata la ley 20.615, referida al reconocimiento de un solo sindicato por rama de producción y la vigencia de los estatutos como marco de aceptación o no de la participación de las minorías en la conducción de los gremios. Nacía el llamado “proyecto Britos”, que daba por superada la intención de Alfonsín de llevar la democracia interna a los sindicatos y recortar el poder del sindicalismo peronista.
Un ministro socialista en el gabinete radical
Primer ministro de Trabajo del gobierno de Alfonsín (vendrían luego otros cuatro) Antonio Mucci era un dirigente del sindicato Gráfico de ideas socialistas que trabajó también en el periodismo y tuvo actividad política y sindical en los años 60 en una discreta segunda línea. Había nacido en Avellaneda, un 30 de enero de 1932. En 1961 acompañó a Riego Ribas en una dirección compartida de la CGT en la que estaban, entre otros, Augusto Vandor y Rosendo García. Y es con ellos que se reúne en 1964 con Ernesto “Che” Guevara en Cuba en 1964. Un año antes en noviembre de 1963 presenta en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una exposición sobre el movimiento obrero argentino. Quien lo promueve como ministro de Trabajo de Alfonsín será Germán López, el verdadero padre político del proyecto sobre la Ley de Reordenamiento Sindical que tenía por objetivo incorporar la representación de las minorías en la conducción de los gremios. Renunciará el 24 de abril del 84, tras la derrota del proyecto, y será designado embajador en Ecuador. Mucci falleció el 17 de noviembre de 2004, retirado por completo de la escena pública.
*Autores de La lucha continúa. 200 años de historia sindical en la Argentina. (Vergara, 2012), entre otros libros.
