La Argentina tiene varios problemas sociales: 28% de pobreza, 34% de informalidad laboral, altos niveles de desigualdad, aumento de la violencia en los hogares y, también, mayor consumo y venta de drogas. Pero tiene un problema aun mayor: cerca de 1,5 millones de jóvenes que no estudian, no trabajan o lo hacen en forma precaria. Esa es la cuestión social más crítica que tiene nuestro país y en donde se juega si realmente tendremos futuro o no.
Se trata de jóvenes de 18 a 24 años que están sin hacer nada o que entran y salen del trabajo y del ámbito educativo con frecuencia. No tienen problemas para realizar la tarea sino que lo que les cuesta es sostener la rutina del trabajo. Lo difícil no es entender qué hacer, sino ir a trabajar todos los días ocho horas, en parte porque muchos no han visto trabajar ni a sus padres ni a sus abuelos.
La misma situación se da en la escuela, en donde el desafío es sostenerse, evitar el desenganche y la abulia. Por eso es necesaria una reforma que revise los objetivos de la escuela secundaria y los vincule con los sectores productivos y los intereses de jóvenes que incorporan muy rápido las nuevas tecnologías.
Son muy pocos los jóvenes que “nunca” estudian ni trabajan. En la mayoría de los casos, se trata de jóvenes que entran y salen; están un tiempo en la escuela, no logran sostenerse y se quedan afuera o enganchan un trabajo con mucha dificultad que, generalmente, no termina de darles continuidad.
El hacinamiento y las adicciones aumentan los problemas: un ciclo frecuente en los grandes centros urbanos (Rosario, Córdoba, conurbano bonaerense) es el de un chico que, estando hacinado en su casa, se va a la esquina porque hay más lugar y mejores condiciones, ahí empieza a consumir porque todos lo hacen y luego se endeuda. Y allí es cuando se le acerca alguien a ofrecerle cualquier alternativa para cancelar esa deuda. Esta es una realidad de la que muchos son víctimas y se completa con una creciente estigmatización que los identifica como culpables de la inseguridad. A esto hay que agregar el alto porcentaje de embarazo adolescente que reproduce nuevamente el esquema de hacinamiento y vuelve a complicar las cosas.
Al que engancha un trabajo o una “changuita” también se le complica porque cuando vuelve al barrio ve que gana menos que el que vende droga o está vinculado a otra actividad. Esta situación aumenta la falta de horizonte y la idea de “no saber para dónde ir” porque da la impresión de que les va mejor a los que andan por la banquina.
Así, un serio problema es que el que estudia y trabaja no es al que le va mejor en el barrio, con lo cual la lectura que cualquier joven puede hacer es que la movilidad social ascendente no está pasando hoy por el trabajo sino por los caminos alternativos.
Este fenómeno no es nuevo pero, sin dudas, se ha agudizado en los últimos años. Los jóvenes “ni ni” surgen como producto de la crisis social, el desempleo y la movilidad social descendente de los 90 que llevó a que, por primera vez en Argentina, la generación de los hijos estuviera peor y tuviera menos oportunidades que la de sus padres. En ese período se consolida la tercera generación de no trabajo (jóvenes que no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar con continuidad). Pero el neoliberalismo y los 90 no son la única razón de la situación de hoy, ya cerca de la mitad de la segunda década de 2000, siguen afuera de todo.
Se podría decir que los 90 marcaron la precarización, el desempleo y el desenganche de los jóvenes respecto del mundo laboral; mientras que en la última década se agudiza el aumento de ventas de droga en los barrios, el mayor acceso a armas y la idea de que hay caminos alternativos que parecen ser más rentables que los que van por el lado del estudio y el trabajo.
Si los 90 marcaron para los jóvenes la movilidad social descendente, en la última década ese proceso se paró pero no se logró construir un nuevo mecanismo de ascenso social. Un camino que genera un horizonte, que establezca qué tiene que hacer un joven para que le vaya mejor en la vida.
En ese contexto, el Estado ha dado algunas respuestas con acciones como la Asignación Universal por Hijo (que cubre hasta los 18 años) y los Programas Más y Mejor Trabajo (Ministerio de Trabajo) y Conectar Igualdad (Ministerio de Educación). El sector privado financia más de 10 mil becas educativas por año y las organizaciones sociales han extendido redes de acompañamiento escolar y capacitación laboral.
Todas estas iniciativas marcan la preocupación que la sociedad le da a la integración de los jóvenes. Sin embargo, el problema es claramente de una escala mayor y por eso se requieren nuevos instrumentos, muchos recursos, articulación de acciones y una política de Estado que fije como prioridad la inclusión de los jóvenes.
La puesta en marcha del plan Progresar para jóvenes de 18 a 24 años que no estudian, no trabajan o tienen trabajo precario ha sido la última iniciativa del Estado. La transferencia de $ 900 por mes para que los jóvenes completen el ciclo educativo ha sido una buena iniciativa en la medida en que sin un incentivo económico difícilmente el Estado pueda dar o vincularse con los jóvenes.
Sin embargo, da la impresión de que el programa ha salido al revés: llega a los jóvenes que están en algunos lugares (universidades públicas, organizaciones sociales, etc.) pero no a los que están en los “no lugares” (en la esquina, en la plaza, en la puerta de un kiosco, etc.).
Ahora bien, está claro que con ello no alcanza en absoluto y que la sola transferencia de dinero no va a generar un cambio en las condiciones de vida o en las oportunidades de los jóvenes.
De allí la necesidad de avanzar en varias acciones que complementen la transferencia de dinero.
Red de tutores: es clave generar una red de tutores con personas que tengan legitimidad, una maestra que tiene buena llegada, algún pibe de la esquina, un referente barrial o religioso. Se trata de potenciar una red de tutores creíbles a los que los jóvenes sientan que no deben fallarles y que los ayuden a sostenerse en lo laboral o en la escuela. La clave es acompañar y generar espacios de capacitación y entrenamiento en función de sus perfiles y preferencias.
Derecho al primer empleo: una política central es promover el derecho al primer empleo a través de exenciones impositivas a las actividades productivas que incorporen masivamente a jóvenes. Debería ser un derecho que actúe como una política laboral permanente de estímulo fiscal a las empresas que contraten formalmente a jóvenes.
Masificación del crédito: los jóvenes no acceden al crédito bancario por falta de garantías. La masificación de los sistemas de crédito con montos pequeños favorecería la vocación emprendedora y el desarrollo de innovaciones productivas. El desafío es llegar con tasas de interés subsidiadas para jóvenes que tengan buenos proyectos, y apostar a la calidad de sus ideas.
Sistema dual en la escuela secundaria: existe un abismo entre la escuela y el trabajo. De hecho, gran parte de los jóvenes desocupados tienen secundaria completa. Para achicar esa brecha, la idea es ir al sistema dual (en los últimos años, un joven está en la escuela y además hace pasantías o capacitaciones específicas) de modo que vaya empalmando estudio y trabajo.
Escuelas de oficios locales: es necesario trabajar paralelamente los problemas de oferta y de demanda. La conformación de escuelas de oficios es una alternativa importante para la inserción de muchos jóvenes en la economía social ya que se trata de una formación dinámica, flexible y, sobre todo, vinculada a la producción local.
Finalmente, además de avanzar en la conformación de centros de prevención y atención de adicciones, hay que crear una Unidad Especial de Combate a la Venta de Droga. Es claro que aumentó la venta de droga en los barrios y que el pibe que engancha una “changuita” gana menos que el que vende droga, y muchas familias se preguntan si no les es más conveniente poner una cocina de paco. Se trata de generar un esquema institucional especial (por fuera del esquema de seguridad actual) con una única función que es detectar los puntos de venta y eliminarlos.
La idea de que los jóvenes son el futuro es buena si logramos que tengan presente. Desarrollar acciones que realmente impacten sobre sus vidas cotidianas, recuperen el sentido del esfuerzo y la búsqueda del progreso, es la prioridad que nos permitirá construir la Argentina del mañana.
Las acciones que encara el Estado nunca son inocuas. Cuando funcionan mal promueven la frustración, la idea de que nada se puede hacer. Por eso hay que lograr políticas públicas sostenidas en el tiempo, que funcionen bien y cumplan sus metas porque si no, como en el juego de la oca, el Estado va a retroceder cinco casilleros respecto de las expectativas de los jóvenes, y corremos el riesgo de que consoliden una idea que tienen muy arraigada: que muchos hablan pero que nadie hace nada por ellos.
*Ex secretario de Políticas Sociales de la Nación, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y ex candidato a vicegobernador. Autor del libro Las cuatro Argentinas.
