Los defensores del nuevo gobierno de La Libertad Avanza (LLA) destacan que Milei fue elegido presidente por la mayoría de los argentinos y que por tal motivo “Milei no es la dictadura”, como vociferan unos cuantos detractores del libertario.
Y es cierto aquello que sostienen los defensores de LLA: Milei fue elegido en la segunda vuelta con el 55% de los votos en unas elecciones reconocidas por todo el arco político como libres y transparentes. En estos pocos días que lleva el Gobierno tampoco se observa el uso de la fuerza para reprimir a los descontentos con las nuevas reformas.
A pesar que Milei lleva apenas un mes de gobierno, se han visto diferentes focos de protesta en contra de las reformas. Y si bien los operativos policiales para desactivar dos protestas con moderada convocatoria implicaron el despliegue de más de mil efectivos o que el Presidente se traslade al Centro de Monitoreo de la Policía Federal, esto no significa en absoluto que hubo fuerzas de seguridad reprimiendo personas como en épocas oscuras que vivimos los argentinos.
Al mismo tiempo, Milei se manifiesta molesto con el Congreso de la Nación porque quiere que su megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) y su proyecto de ley ómnibus sean aprobados sin chistar. Pero el Congreso sigue en pie. El Poder Judicial de la Nación, también se encuentra en funciones dentro de un marco de legalidad democrática como antes de la llegada de Milei. A la vez que numerosos periodistas y panelistas de los medios de comunicación critican libremente al nuevo gobierno sin ser intimidados. Por todos estos motivos, “Milei no es la dictadura”. ¿Pero pretende el Presidente gobernar bajo una democracia plena?
¿Es Milei un fiel representante de la democracia que ampara nuestra Constitución Nacional, la que tanto defiende en sus discursos cuando clama por volver a la época de Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución argentina de 1853?
Nuestra Carta Magna enuncia que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, y respecto al carácter representativo dice textual en su artículo 22: “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. En relación con el carácter republicano, la Constitución establece la división de poderes, el Legislativo que sanciona las leyes, el Ejecutivo que las ejecuta y el Judicial que las interpreta y las hace cumplir.
En las elecciones generales los argentinos eligieron a su presidente, pero también a sus legisladores, diputados y senadores de la Nación. Por tal motivo, según excelsos constitucionalistas que simpatizan con el nuevo presidente, el gobierno de Milei con sus pretensiones de que le aprueben en tiempo récord un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con 366 medidas de reforma y un proyecto de ley que contiene 664 artículos, no se encuentra en sintonía con un régimen republicano.
De hecho, hay que destacar que Milei declaró la emergencia pública hasta diciembre de 2025 con posibilidades de una prórroga por dos años más. Es decir, el DNU y la ley ómnibus implican otorgarle más de mil facultades extraordinarias al Presidente para su gestión completa de gobierno.
Milei despotrica contra el “colectivismo” (el Estado gigantesco y omnipresente) con argumentos racionales. Sin embargo, al momento de gobernar emula más un tipo de gobierno rousseauniano donde “la voluntad general” manda. Tal vez esto explique, que el nuevo presidente haya dado su primer discurso de asunción ubicándose en un espacio exterior de espaldas al Congreso y de cara a la ciudadanía que lo eligió, a la cual insiste que consultará a través de un plebiscito si se rechaza el DNU.
Milei, que también venera al liberalismo, choca de frente con las ideas de John Locke que pregona por un tipo de democracia representativa o con las de Tocqueville o Mill que en sus escritos transmiten su temor por “la tiranía de las mayorías” que pueden llevar a ignorar la opinión y decisiones de las minorías –o de aquellos opositores a un gobierno en funciones–.
El sistema de gobierno en Argentina, según la Constitución que reivindica Milei, no es una democracia directa, por lo tanto no está permitido gobernar a través de consultas populares. Y es un sistema republicano, por lo tanto, se debe gobernar acordando con el Congreso las formas y los contenidos para gobernar.
Argentina vivió décadas de atropellos institucionales y constitucionales por parte del kirchnerismo, que con frecuencia se atrevió a todo tipo de artilugios para ignorar al Congreso y a la Constitución Nacional. Ahora, el nuevo gobierno libertario de Javier Milei también parece pretender avasallar, con sustancial convicción, a las instituciones de la República Argentina.
*Sandra Choroszczucha es politóloga y profesora de la UBA, Argentina.
