Hay puestos que hasta el día de hoy, por tradición, son ocupados por hombres, y uno de ellos es la presidencia de la Corte Suprema. Margarita Luna Ramos hace más de cuarenta años que viene luchando por la equidad de género en el Poder Judicial. Pasó por todos los cargos que integran el escalafón de la carrera, hasta llegar a ser la décima ministra en los casi doscientos años de historia de la Corte Suprema mexicana. Ahora busca ser la primera mujer en llegar a ser presidenta de la Corte en las próximas elecciones de principio de 2015.
PERFIL aprovechó su visita al país para entrevistarla y preguntarle sobre la relación que se da entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, las críticas que sufre la Justicia mexicana en relación con que sólo el 5% de los crímenes vinculados con el narcotráfico son judicializados y el rol de la mujer en la Justicia de nuestro continente. Con un tono moderado, la ministra –como se llama a quienes ocupan ese rol en su país– Luna Ramos respondió cada una de las consultas.
—¿Cuáles son las reformas que se desarrollaron en el Poder Judicial mexicano en los últimos tiempos?
—En México ha habido una cantidad impresionante de reformas estructurales que están transformando el país y que son para nosotros un gran aliciente. El Poder Judicial de la Federación no es ajeno a este avance que está teniendo el país. Desde el punto de vista jurisdiccional se está dando un cambio estructural en lo que es el derecho penal acusatorio. Ahora tenemos juicios orales, antes era derecho totalmente escrito.
—Quisiera conocer su opinión sobre el proceso que se dio en nuestro país el año pasado, conocido como “democratización de la Justicia”, que entre diversos puntos buscaba que se sometiera a voto popular la elección de los miembros de la Corte Suprema. Estas medidas fueron aprobadas por el Congreso de la Nación, pero luego fueron declaradas inconstitucionales en la Corte Suprema.
—Bueno, yo ahí no le podría dar una opinión porque sería una decisión muy particular del país, pero sí podría platicar sobre cómo se elige a los ministros en mi país. Los ministros de la Corte Suprema, que somos once, somos propuestos por el presidente de la República y esta terna se manda al Senado de la República, y el Senado, de entre los tres propuestos, puede elegir. Tiene que ser una votación de la mayoría calificada de las dos terceras partes del Senado de la República para que salgan elegidos los ministros. El cargo dura 15 años.
La terna en un momento dado puede no alcanzar la votación calificada; si no la alcanza, entonces se devuelve esa terna al Ejecutivo, y él puede mandar una segunda. Si en esa segunda no se diera una votación calificada de las tres personas que remite, entonces se daría la elección por parte del presidente de la República, de quien él quiera, y debe quedar.
—¿Y usted está de acuerdo con este mecanismo de elección?
—Es un mecanismo que de alguna manera involucra a los otros poderes. Involucra al presidente de la República, al Poder Legislativo. Estamos en un país representativo y determinar qué es lo que la población quiere no nos corresponde a los ministros de la Corte, sino a los legisladores, que son los que tendrían que establecer en la Constitución la forma de elección de los ministros de la Corte Suprema.
Cuestión de género. La jueza Luna Ramos forma parte desde hace casi cuarenta años del Poder Judicial azteca y son famosas sus declaraciones acerca de que hubo un promedio de diez mujeres en toda la historia de la Corte Suprema mexicana. “Somos diez auténticas ministras, soy la décima ministra, así es. Pues la Corte tiene casi 199 años de existencia y en ese tiempo solamente ha habido diez mujeres ministras. ¿Qué quiere decir? Que no ha sido tan fácil para las mujeres acceder a un puesto tan importante como es éste. En alguna época, en realidad se consideró que era un lugar exclusivo para varones. Sin embargo, en 1961 el presidente de la República, Adolfo López Mateos, nombró a la primera mujer ministra, que fue doña Cristina Salmorán de Tamayo. Fue una mujer que abrió brecha definitivamente con trabajo, esfuerzo y dedicación. Demostrando que no obstante ser mujer tenía la capacidad para realizar un puesto de tamaña envergadura. De esa manera fue abriéndonos el camino para las que veníamos detrás. En el ’94 cambia la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ser 21 ministros del pleno y una sala auxiliar se converge a una Corte de once ministros. La primera que llega en esta estructura es la ministra Sánchez Cordero, actualmente mi compañera, y hasta 2004, en el primer relevo de esta estructura de la Suprema Corte, tuve la fortuna de llegar”, puntualiza.
—A pesar de estos cambios, ¿cree que todavía tendría que equipararse un poco más la situación? Hace poco tiempo se aprobó una ley de cupos, ¿es cierto?
—Yo creo que se están dando varios cambios muy importantes en el reconocimiento del papel de la mujer. Hay una ley que se acaba de promulgar. Ya está vigente y se va a poner en ejecución con las elecciones del año que viene.
El actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa al Senado de la República estableciendo que para puestos de elección popular en la Cámara de Diputados y de Senadores debe establecerse el 50% de hombres y el 50% de mujeres. Bueno, esto es el máximo triunfo que podemos tener las mujeres precisamente en el reconocimiento de un lugar preponderante. Hubo una época en que se habló de las famosas “Juanitas”. La diputada propietaria era una mujer y el suplente era un varón. Una vez que ganaba, tomaba posesión, renunciaba la mujer y quedaba el varón. Entonces también se estableció en esta ley que este 50 y 50 de hombres y mujeres debe ser en relación con candidatos propietarios y suplentes, para evitar el problema de las “Juanitas”.
—A fines de este año caduca el mandato del actual presidente de la Corte Suprema mexicana, Juan Silva Meza. Por lo cual queda vacante la presidencia, cargo que nunca ocupó una mujer. ¿Usted se imagina en ese lugar?
—Pues ya tanto como imaginarme es un poco difícil. Pero es algo que sí estoy pensando seriamente porque considero que, en el marco de esta igualdad de oportunidades, podría realmente hacer un papel importante en beneficio del Poder Judicial.
Narco, el principal flagelo. Hay un tema que da mucho que hablar no sólo en México, sino en el mundo. Y es el nivel de violencia desatada a partir del narcotráfico: en los últimos siete años, cien mil personas murieron a causa de estos delitos. PERFIL le preguntó a la ministra de la Corte Suprema sobre la impunidad: sólo el 5% llega a manos de la Justicia debido a la connivencia entre los diversos poderes del Estado: “Los casos que se nos presentan consignados desde los jueces federales, que son los que nos incumben a nosotros, se llevan a cabo de manera seria. Se dicta la resolución correspondiente. Ahora, lo importante para que no haya impunidad es que finalmente se hagan las consignaciones correspondientes. Eso busca el procurador general de la República”.
—¿Usted ve que la Justicia tendría que actuar más fuertemente sobre las causas contra el narcotráfico?
—Lo que pasa es que la Justicia como tal, la administración de justicia, la llevamos los jueces. Y los jueces la ejercen en el momento en el que el asunto llega consignado con ellos, pero nosotros no perseguimos a los delincuentes. Eso es tarea de la gente del Ministerio Público. Entonces, el asunto tiene que llegar al juez del distrito, para que él dicte la sentencia correspondiente. Yo creo que cada vez hay una mayor integración de casos. Ojalá pronto veamos abatido este problema.
Una relación donde los poderes se cruzan demasiado
A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y de las decisiones del juez federal Thomas Griesa se volvió a abrir en Argentina el debate acerca de cuánto puede influir la mirada del Poder Ejecutivo sobre el Judicial. La profesora e investigadora argentina de Flacso México Karina Ansolabehere estudió el tema en ambos países en su libro La política desde la Justicia. Cortes Supremas, gobierno y democracia en Argentina y México. Allí desarrolla la idea acerca de que en los países de América Latina y en muchas democracias, la relación entre política y derecho tomó un nuevo cauce desde los años 80, con la vuelta de las democracias. Los Estados, después de haber estado centrados en la dependencia del Poder Judicial respecto del político, inician un viraje hacia “la forma en que el Poder Judicial interviene y procesa conflictos políticos”. Con esta definición, ella se refiere a que “la balanza se inclina por la preocupación por la dependencia del poder político de las decisiones judiciales (…) La tematización de las tan mentadas judicialización de la política y la politización de la Justicia forma parte de este nuevo impulso”.
