Una vez más, la política argentina reacciona en modo adolescente ante un problema de extrema gravedad generado por su propia impericia e irresponsabilidad, anunciando sanción de nuevas leyes, creaciones de nuevas “agencias”, reformas de los organigramas y traspaso de las escuchas telefónicas a la Procuración General, entre otras cosas. Como de costumbre, la espectacularidad del anuncio es directamente proporcional a la magnitud de la crisis.
Pocos recuerdan que, como consecuencia del asesinato de José L. Cabezas y la crisis política desatada, se decidió “intervenir” y “disolver”(!!!) a la Policía Bonaerense, reformar sus leyes y organigramas, y sacarle la dirección de las investigaciones para dárselas a los fiscales. Así, el entonces ministro Arslanian anunciaba: “En noventa días verán una policía nueva” (Clarín, 14/4/98, pág. 8), como hoy día el secretario Fernández anuncia que “antes de fin de mayo tiene que estar funcionando” la nueva AFI.
En los países normales y serios, cada jugador juega en su puesto. Los organismos de inteligencia colectan información, la analizan y la proveen a quienes toman decisiones relacionadas con los intereses nacionales. Nada tienen que ver con la función de perseguir delincuentes. Para eso están los policías, que colectan evidencia sobre un caso y la proveen a los fiscales, que son abogados del Estado (no son investigadores ni son superagentes; son ni más ni menos que abogados) encargados de acusar a una persona y tratar de conseguir la mayor condena. Los jueces, que juzgan y sentencian sopesando la acusación y la defensa. Y los penitenciarios, que ejecutan la sentencia. ¿Es tan difícil de entender este esquema? Ciertamente no, pero para implementarlo necesitamos una dirigencia normal y seria.
*Politólogo. Especialista en seguridad.
