El 14 de marzo de 1978, en plena noche represiva de la dictadura, el Servicio Penitenciario Federal sofocó lo que fue presentado como un motín, el “motín de los colchones”, un episodio que culminó con cifras estremecedoras: 64 internos muertos y al menos un desaparecido. Sobrevivientes estiran la cifra de víctimas fatales a más de cien y niegan que se haya tratado de un motín, sino que en realidad fue una auténtica masacre.
Treinta y seis años después, el fiscal federal Federico Delgado acaba de emitir un dictamen para pedirle al juez Daniel Rafecas que reabra la causa, cerrada en menos de un año por el entonces juez de instrucción José Valerga Aráoz, en 1979.
Extraño clima. Aquel 14 de marzo de 1978, los internos del Pabellón Séptimo de la Unidad 2 de Devoto ya sentían un clima extraño desde la noche anterior, cuando los guardias les habían pedido que apagaran sus televisores antes del horario habitual.
Cuando amaneció, hubo un cambio de personal distinto al de todos los días, y la requisa diaria fue llevada a cabo sin respetar el procedimiento de rutina y con el doble de efectivos. A las 7.45 de la mañana empezó una violenta golpiza por parte de los uniformados.
Hugo Cardozo, sobreviviente de la masacre, cuenta que los presos no iniciaron ningún motín. Su única acción fue la respuesta a una brutal represión planificada. “No tenía sentido amotinarse, era condenarse a muerte”, recuerda. Tras la reacción de los reclusos ante la golpiza, los guardias penitenciarios se fueron. Minutos más tarde volvieron decididos a matar. Cerraron las puertas con candados y comenzaron a disparar sus ametralladoras. Los internos colocaron sus colchones entre los barrotes para taparles la visión, mientras arrojaban todo tipo de objetos que tenían a mano para resistir el feroz ataque. Volaron elementos de cocina, comida, pilas y un calentador de agua eléctrico. Al ver que el calentador cayó encima de un colchón, uno de los guardias pateó un barril de kerosene y así comenzó el incendio. Los presos se acercaban a las ventanas para tomar aire, pero había miembros del SPF que disparaban desde afuera. Muchos presos murieron baleados, otros asfixiados, otros quemados,
y algunos de los que sobrevivieron terminaron de morir encerrados en calabozos.
Pocos fueron trasladados a hospitales o atendidos en la misma cárcel. Los 145 internos del Pabellón Séptimo estaban privados de su libertad por pequeños delitos o por infringir la ley de estupefacientes.
Todo está documentado en diez cuerpos y 1.400 hojas de la causa judicial que se inició ese mismo día y que, luego de pasear por la Justicia Federal y la ordinaria, tuvo su sobreseimiento provisorio el 30 de julio de 1979, por el entonces juez de instrucción José Valerga Aráoz. La causa aseguraba que los reclusos se habían negado a ser requisados y por eso se produjeron los disturbios. También sostenía que los mismos internos habían incendiado los colchones y que luego de que los miembros del Servicio Penitenciario apagaron el fuego se encontraron 44 cuerpos calcinados.
Miradas. Elías Neuman, abogado de dos víctimas de la masacre, y Daniel Barberis, preso en otro pabellón de Devoto durante la masacre, escribieron distintos libros que denuncian lo sucedido aquel día. Neuman publicó Crónica de muertes silenciadas, en 1985, y Barberis Los derechos humanos en el otro país, en 1987.
Claudia Cesaroni, abogada y criminóloga, junto con Hugo Cardozo y Graciela Draguicevich, ex presa política y actual presidenta de la Asociación Mutual Sentimiento, son quienes encabezaron el equipo de investigación de la masacre en el Pabellón Séptimo. Cesaroni, que también preside el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), escribió el libro Masacre en el Pabellón Séptimo, publicado en agosto de 2013 por la editorial Tren en Movimiento. El proyecto empezó siendo un blog y derivó en el libro, que resultó ser una pieza fundamental en el pedido de reapertura de la causa. En el primer post del blog, que está reproducido en el segundo capítulo del libro, Cesaroni explica cómo surgió la iniciativa: “Desde hace un tiempo vengo pensando que existe una mirada parcial sobre lo que pasó durante la última dictadura militar en la Argentina. Del mismo modo que cuesta tanto hablar sobre violaciones de derechos humanos que hoy suceden allí, parece que sólo los presos políticos hubieran sufrido malos tratos, torturas y muertes en el lapso en que las cárceles federales estuvieron bajo el mandato de las Fuerzas Armadas”.
El 25 de marzo de 2013, Hugo Cardozo, con el apoyo del Cepoc, solicitó la reapertura de la causa y su investigación como delito de lesa humanidad ante el juez Daniel Rafecas, encargado de investigar los delitos cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército durante la última dictadura militar.
El 18 de febrero, el fiscal Federico Delgado, titular de la Fiscalía Federal Nº 6, emitió un dictamen sugiriendo al juez Rafecas que no hay forma de colocar estos delitos en el marco de un plan del terrorismo de Estado, por lo que no deberían ser considerados de lesa humanidad y que por esa razón debería remitir el proceso a la Justicia de instrucción, donde estuvo radicado por decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, Delgado aclaró en su dictamen que a pesar de eso hay que considerar los hechos como una grave violación de los derechos humanos que no fue investigada de manera real por el Estado. Por eso hay que catalogarlos como delitos imprescriptibles y la investigación debe ser reiniciada. Lo que no es un dato menor es que en la carátula de la causa se utilizó por primera vez el término “masacre” en lugar de “motín”.
Una de las víctimas aún se encuentra desaparecida. Al día siguiente de los hechos, Clemente Hernández García vio, en la foto de la tapa del diario Crónica, a su hijo Jorge Hernández García, acompañado por un médico. En la foto, además de reconocerse a Jorge con vida, se podía apreciar que había sido víctima de la represión. Clemente no veía a su hijo desde el 23 de agosto de 1977, luego de que lo secuestraran en Dock Sud, zona donde trabajaba. El nombre de Jorge no aparece entre las víctimas de la represión del 14 de marzo, ni tampoco entre las personas derivadas a hospitales. Esto fue otra de las claves para el pedido de reapertura e investigación de la causa.
En octubre de 2012 se colocó en el lugar de los hechos una placa de madera tallada por presos que forman parte del Grupo de Investigación Histórica de la cárcel de Devoto, en recuerdo de las víctimas.
Responsables. Respecto de los responsables de la masacre, Cesaroni sostiene que hubo muchos. A su juicio, el principal fue Víctor Dinamarca, quien años después fue el encargado del aparato de seguridad de Alfredo Yabrán.
También asegura que son responsables todos los jerarcas del Servicio Penitenciario Federal y del Ejército de aquel entonces
