La estructura social argentina tiene un importante sector vulnerable ante cambios bruscos en las condiciones socioeconómicas y la percepción de ingresos. Es una franja donde suele sobresalir el trabajo informal: trabajadores por cuenta propia de baja calificación y trabajadores asalariados sin protección en establecimientos de baja productividad. Estas capas sociales requieren políticas estatales activas para no caer en situaciones de indigencia.
Los datos que se presentan se basan en un estudio realizado por el Instituto Gino Germani y analizado por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El trabajo fue realizado entre octubre y noviembre de 2015 sobre condiciones de vida de la población en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los veinticuatro partidos del conurbano bonaerense, sobre un total de 1.228 hogares, y actualizado en abril de este año.
Hacia finales del mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se observaba que el 22% de la población de Capital y Conurbano estaba por debajo de la línea de pobreza, y el 5,9% por debajo de la línea de indigencia. La actualización de los datos hacia fines de abril indicaba un ascenso de la pobreza en ambos conglomerados hacia el 35,5% y la indigencia al 7,7%. Es decir, se ha generado una pobreza reciente en situaciones donde los ingresos no alcanzan para la satisfacción de las necesidades del hogar.
Las redes de ayuda social morigeraron la suba en la indigencia, que muestra un crecimiento en menor magnitud.
Los números. Si se toma como población de referencia el GBA (Conurbano más CABA), en valores cercanos a 12,8 millones de personas, se ve que entre diciembre y finales de abril la personas en situación de pobreza pasaron de 2.816.000 a 4.544.000. Y las que viven en la indigencia aumentaron de 752 mil personas a 985.600, en cifras aproximadas.
En el Conurbano la pobreza se habría elevado en mayor proporción que en la Ciudad de Buenos Aires: la pobreza pasa del 23,8% en el mes de diciembre de 2015 al 38,2% en abril de 2016, lo que implica un crecimiento del 14,4%. En cambio, en la Ciudad, la pobreza asciende en el orden del 9,2%, cinco puntos menos que en el Conurbano. Allí, el 51,3% de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza y el 13,2%, en riesgo de indigencia. En la Ciudad, el riesgo de pobreza alcanza al 34,9% de la población y el 4,7% el de indigencia. La causa del aumento en la pobreza es, entre otras diversas razones, el incremento en los precios de los alimentos de primera necesidad como carnes y harinas, y el aumento del transporte y los servicios públicos, en especial la luz eléctrica y el gas. Gran parte de los “nuevos” pobres son personas con trabajos eventuales (como changas) que suelen verse afectadas rápidamente en situaciones de cambios en la economía. Un riesgo latente para estos hogares es la posibilidad de caer en la pobreza crónica si las oportunidades de trabajo no les permiten recuperar su capacidad adquisitiva.
La estructura social hoy. Los resultados de la pobreza se relacionan con la estructura social consolidada, en especial con las condiciones de trabajo y empleabilidad de la población económicamente activa.
Un indicador importante es el acceso a la seguridad social, donde se observa la mayor desprotección de los trabajadores independientes o por cuenta propia, quienes deben resolver por su cuenta situaciones de salud y futuro jubilatorio, dependiendo de ahorros, hijos y/o herencias.
Está desprotegido el 75,4% de los trabajadores por cuenta propia de baja calificación, el 66,9% de los independientes agrícolas y el 46,5% de los trabajadores por cuenta propia calificados y semicalificados.
Los asalariados tienen dispar protección, según el tamaño del establecimiento. La desprotección de los no manuales en pequeños establecimientos alcanza el 30,6%, ante el 14,4% de los asalariados no manuales de grandes establecimientos, y los oficinistas, con tan sólo un 4,7% de desprotección. De los trabajadores industriales calificados de grandes establecimientos, sólo el 12,7% está desprotegido, y de los trabajadores industriales de grandes establecimientos sin calificación, el 19,7% sin seguridad social. Como se puede observar, las diferencias son elocuentes.
De la comparación con los trabajadores manuales calificados y no calificados de grandes establecimientos surge la heterogeneidad estructural del sistema productivo argentino. Estas condiciones muestran los impactos en relación con las condiciones de pobreza, con una pobreza e indigencia muy riesgosas, especialmente para los segmentos de la población más desprotegidos.
En efecto, se determina que importantes segmentos de la población se encuentran en riesgo de pobreza o indigencia. Son sectores vulnerable quienes, con tan sólo un 20% menos de ingreso, en relación con los valores de la Canasta Básica Total, pueden caer en estas situaciones.
Finalmente, si los procesos inflacionarios y devaluatorios se mantienen sin una actualización en los ingresos que reponga la capacidad de pérdida del acceso a bienes y servicios básicos, y a la canasta alimentaria de consumo, debe advertirse la peligrosa situación que puede comprometer a sectores importantes de la población a situaciones de pobreza a corto plazo. Restará evaluar si medidas recientes como la restitución del IVA resultan un paliativo para estos sectores.
La pobreza en Argentina. La Argentina tiene una estructura social heterogénea, con un núcleo duro de pobreza de difícil resolución que se consolida en el último período de la dictadura militar y se profundiza en la década del 90 al modificarse los patrones productivos. Estos cambios profundos han empujado a la marginalidad estructural al segmento más precario en condiciones de calificación y educación formal de la población. La pobreza no es un problema reciente sino que viene de procesos desde larga data. Las recurrentes crisis económicas del país no afectaron a toda la población por igual; por el contrario, generaron disparidades regionales desatando procesos de vulnerabilidad heterogéneos, incentivando las migraciones internas hacia los conurbanos de las ciudades más grandes.
La pobreza recién se comienza a medir a partir de fines de los años 80, bajo la modalidad de observar los resultados en la actividad económica productiva de los individuos, en base a sus ingresos, y según una canasta como condición mínima: estar debajo de dicho umbral implica situaciones de pobreza. Dichas preocupaciones, además, se asientan en el proceso hiperinflacionario de 1989 a 1990 y se consolidan durante la década del 90, a fin de dar cuenta del proceso de empobrecimiento de amplias capas de la población durante las reformas neoliberales.
(*) Sociólogo e investigador - Instituto de Investigaciones Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales, UBA
(**) Sociólogo y profesor del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales. Facultad de Ciencias Sociales, UBA
