En la Ciudad de Buenos Aires la Policía Metropolitana gestiona dos mil cámaras de vigilancia reguladas por la Ley Nº 2.602. Esta, diseñada con perfil preventivo, establece una serie de garantías de control ciudadano obligatorias para que el uso policial sea legal y legítimo. Entre ellas se incluye tanto la señalización de las cámaras y su publicación en el sitio web del Gobierno, como la posibilidad de solicitar acceso y cancelación de las imágenes en las que figuramos, mediante autorización judicial.
Hace poco el sitio web de cámaras del gobierno porteño estaba en un 80% incompleto y con información imprecisa. Por este motivo, quien escribe le pidió al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad el registro de ubicación de las mismas. La respuesta que recibí fue una disposición donde me comunicaban que esa información revestía “carácter confidencial”, y a los pocos días dieron de baja el sitio web.
Llevé este caso a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y su Centro de Protección de Datos Personales emitió un dictamen en octubre diciendo que a ellos también les habían negado esos datos, que hasta el momento la Policía no ha inscripto su base de datos en ese organismo (evadiendo las obligaciones y sanciones de la Ley Nº 1.845 de Protección de Datos Personales), y que si el ministerio no se atiene a cumplir las garantías, la gestión de las videocámaras no se puede considerar legal.
Cuando advertí que ni la Legislatura ni los organismos de control tenían esta información realicé un amparo en el Poder Judicial de la Ciudad, para que defina si corresponde o no que el Gobierno la entregue.
En la audiencia a la que nos citó el juez de la Ciudad Darío Reynoso, se hizo presente el superintendente a cargo del Centro de Monitoreo, Jorge Eduardo Martino. Martino es un ex comisario de la Policía Federal que ejerció sus primeros años de carrera durante la última dictadura y que, luego de ser pasado a disponibilidad, fue incorporado en el área de comunicaciones de la flamante Policía Metropolitana por su primer jefe, Jorge “Fino” Palacios, quien continúa procesado penalmente junto al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, por presuntas escuchas ilegales a opositores.
Tanto él como sus abogados, realizaron muchos esfuerzos para intentar explicar por qué no se cumple el texto de la ley: “La autoridad de aplicación deberá publicar en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los puntos en los cuales se instalen videocámaras”, aprobado incluso por el PRO, en realidad no dice lo que parece. En breve tendremos la sentencia.
El peligro de saber. Días atrás, el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, hizo referencia a esta demanda en la Legislatura, y justificó los motivos para no cumplir con esta garantía: “Establecer específicamente el lugar donde está la cámara también atenta contra el buen funcionamiento de las cámaras, que puede ser aplicado por personas que cometan delitos”.
La óptica de control y reacción del ministro contrasta con el carácter preventivo de la ley de cámaras. Disponer de esta información podría permitir a los ciudadanos que están siendo víctimas de un robo, disuadir la intención del atacante indicándole que está siendo filmado o incluso acercarse a la cámara más cercana y llamar al 103 ante cualquier peligro, en caso de no contar con presencia policial.
De esta manera lo deben entender el Ministerio de Seguridad de la Nación, que me hizo entrega de la ubicación exacta de sus 1.200 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Rosario, e incluso París, que las publican en sus sitios web oficiales.
Además resulta paradójico que el ministro no advierta que la permanente publicidad que realiza la Metropolitana en la televisión sobre la presencia y efectividad de las cámaras no sea motivo suficiente para alertar al delito organizado a que realice un relevamiento visual previo de ubicación de cámaras en el territorio donde tiene pensado actuar.
Y es paradójico porque esa difusión no es nada improvisada. Montenegro creó especialmente el programa Pronto Baires, con el objetivo de “responder de manera rápida y eficiente a la demanda de información por parte de los medios de prensa”, y sancionó la Resolución Nº 314/11 para crear convenios con canales de televisión.
Como nada de esto está permitido por la Ley Nº 2.602, como denunció la Defensoría del Pueblo en su Resolución Nº 1.952/10, el ministro negó públicamente haber firmado esa resolución en la misma reunión mencionada.
Más aún, por detrás de esta ilegal difusión existe todo un entramado empresarial y familiar que genera interrogantes sobre la importancia del mercado de videos en la constitución de este sistema de videovigilancia.
Para el programa Pronto Baires, Montenegro contrató a la consultora AR y Asociados SA, que preside Alejandra Rafuls, madrina de uno de sus hijos. Rafuls a su vez es socia fundadora de Mecum SA, junto al ex montonero Mario Montoto, presidente de Global View SA, la empresa contratada por el mismo ministro para instalar las dos mil cámaras de seguridad. Y, hasta hace poco el director de Global View era Sandro Scaramelli, quien a su vez era gerente de Canal 9 y C5N, clientes de AR. Hoy ambos contratos siguen vigentes con la única modificación de que Montoto se volvió socio minoritario de Global View, que también ha instalado las cámaras en Tigre, Rosario, Lomas de Zamora y Mar del Plata, entre otras ciudades.
Curioso que con este entramado empresarial motorizando la producción y publicación de videos exitosos, por cierto muy importante en momentos electorales, al mismo tiempo se pretenda no alertar a los delincuentes sobre las cámaras.
La paradoja del in fraganti. El sociólogo Bruno V. Cardoso, especialista de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ciudad que está siendo saturada de videocámaras por causa del Mundial, denominó esto como la “paradoja de las escenas del atrapado en el acto”: cuando se promocionan los videos exitosos se reproduce la necesidad política y operativa de producir más videos, para lo cual se necesita que haya más delitos que ocurran frente a las cámaras, al mismo tiempo que se los intenta disminuir.
En este sentido resulta de mucha ayuda mantener en secreto su existencia. Así se puede entender que el Gobierno terminase el anonimato de sus cámaras, luego de que la Auditoría General de la Ciudad denunciara, en el Proyecto Nº 10.11.01 de 2013, que el 83% no tenían carteles. Y que tampoco estén dispuestos a que se conozca el mapa de las mismas.
La promoción mediática también implica justificar la existencia y el aumento de su multimillonario presupuesto. A los 150 millones de pesos ya pagados a Global View, se les sumarán cien más en 2014, sólo para mantenimiento. Nace otra paradoja: los porteños estarán destinando mucha más plata para las cámaras, pero no se les permitirá comprobar si efectivamente están allí.
La Policía Metropolitana, para ser una fuerza nueva, ya tiene antecedentes muy preocupantes que denotan un alto poder de discrecionalidad e impunidad. Mientras no fomente la transparencia y el cumplimiento de las normas, entonces no estará fomentando la democracia.
*Sociólogo. Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios de Vigilancia, Tecnologías y Sociedad (Lavits)
