Prisión domiciliaria: ¿una solución posible?

Según el Comité Contra la Tortura, el 90% de las madres detenidas se encuentra con prisión preventiva a la espera de una sentencia definitiva que puede tardar años, y la mayoría por delitos no violentos o relacionados con tráfico de estupefacientes. Por lo cual, organismos de derechos humanos, internas y hasta los mismos funcionarios del Servicio Penitenciario reclaman la reglamentación de la reforma de la Ley 26.472, que beneficia con la prisión domiciliaria a las mujeres cuando “estén embarazadas o sean madres de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo”.
Hacia fines de 2008, el Congreso aprobó dicha medida, ya otorgada con anterioridad por vía de fallos judiciales. Pero, sin su reglamentación, termina dependiendo de la facultad de los jueces.
“Lo lamentable del caso es que ésta resulta ser una facultad del juez y no un derecho, por lo tanto su aplicación depende de su absoluta discrecionalidad. En provincia, son muy  pocos los casos de arresto domiciliario de madres, y esto redunda en una cada vez mayor prisionización de madres con sus niños”, menciona Alicia Romero, del Comité contra la Tortura.
Laurana Malacalza agrega que, al explorar las relaciones de las mujeres con el delito, necesariamente se debe analizar el contexto socioeconómico, histórico y cultural en el que se fijan estas relaciones, como así también las estructuras de dominación y opresión en las que se encuentran insertas: “Las mujeres deben esperar la condena en su domicilio para pensar una política real de seguridad ya que son jefas de hogar y tienen niños bajo su cuidado. Si no, esos niños pierden el lazo y las consecuencias pueden ser peores tanto para los hijos como para las madres”