Proteger a los poderosos, aplastar a los pobres

“El Poder Judicial lejos de ser un contrapoder, es parte del poder político”. Frases como ésta son las que surgen a lo largo de la entrevista que hace PERFIL al fiscal federal Federico Delgado y la periodista Catalina De Elía, autores del reciente libro La cara injusta de la justicia. Ideas como éstas, forman un conjunto de conceptos cuyo sentido es abandonar una manera superflua de criticar al sistema judicial, para tratar de entender ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? “Lo que nos pone felices del libro es que, al menos, este tema pueda ponerse en discusión. Años atrás, era impensado”, asegura Delgado. Ambos son politólogos. Se conocieron en Tribunales por oficio: ella comenzó a entrevistarlo para el canal donde trabaja. Siempre se quedaban discutiendo sobre los problemas de fondo de la Justicia, desde un lugar más sistémico. Lo que iba a ser un paper terminó siendo un libro.
PERFIL: En el libro afirman que la Justicia no funciona como contrapoder, ¿pueden desarrollar esa idea?
Federico Delgado: De acuerdo a la ingeniería institucional, la Justicia tiene un rol muy específico: solucionar los conflictos, los delitos, pero, además, siempre hay una especie de vocación imperial del Poder Ejecutivo, que quiere usurpar y quiere legislar y sancionar. El Poder Legislativo siempre hace leyes que no sabés cómo te pueden cambiar la vida y a que a veces pueden estar en contra de la propia Constitución. Entonces, lo que tiene que hacer el Poder Judicial es ser una especie de contrapoder para apaciguar los ánimos. Frenar los excesos de los otros dos. En Argentina eso funciona mal.
Catalina De Elía: De hecho tenemos una teoría, una de la hipótesis principales del libro, que es que la Justicia se mueve de acuerdo al poder de turno y los jueces son muchas veces simpáticos con los poderes de turno, lo que no necesariamente quiere decir que lo son con un presidente o un gobierno, sino un grupo de poder empresario que quizás terminan persiguiendo a los poderosos una vez que dejan el poder.
FD: Un problema básico es por qué llegamos hasta aquí. Brevemente repasamos lo que son los orígenes del Estado argentino y vimos algunas cosas, como que el Estado argentino se formó producto casi de una negociación entre oligarquías. Un poco las instituciones se fueron repartiendo con criterio “de amigo”, entre aliados y eso fue conformando todo un entramado de instituciones que nosotros decimos que es poroso a los intereses privados. Las instituciones de alguna manera deberían estar protegidas del día a día de los intereses políticos. Deberían estar fuera de ese juego, parcialmente. En cambio, en Argentina son cooptadas por ese juego. Y eso también es un problema porque hace que sean permeables a intereses particulares y el Estado originalmente responde a fines generales.
—Pero ¿esto mismo no sucede en otros países? Sin ir más lejos, se dice que Trump haría algunos nombramientos en la Corte Suprema de EE.UU.
FD: Trump tiene una chance como la de Macri al nombrar dos jueces por decreto y no siguiendo el camino de la Constitución. Aunque después la presión mediática hizo que todo vaya para atrás. Trump tiene una oportunidad parecida. De todas maneras, nuestro objeto de estudio es Argentina. Nosotros decimos que la formación de un Estado no es un objeto que empieza y termina, sino que es constante en el tiempo. Se va redefiniendo. Algunas de las partes que hay que trabajar es en intervenir en ese proceso de formación del Estado.
CDE: Lo que hacemos es estudiar el entramado institucional que involucra a la sociedad civil argentina, medios argentinos. Nos focalizamos en nuestro país.
—¿Ven posible que la Justicia pueda funcionar con tiempos más cortos?
CDE: Lo que falla con el tema de los tiempos es el sistema en sí. Los jueces se tardan ese tiempo porque el sistema funciona así.
FD: Hay incentivos que hacen que la Justicia se acerque a los casos de manera extraña, lejana. Hay un lenguaje que es abstracto, expulsivo. Lo hace también la filosofía positivista que separa la ley de la Justicia. Muchas veces los jueces para tratar de mantener su cargo, utilizan lo que llamamos “la simpatía” y administran el tiempo según les convenga, para preservar su poder. A veces, administrar los tiempos es ir rápido.
CDE: Cuando un gobierno deja el poder, muchas veces se persigue a los funcionarios que dejan el poder y se ve hiperactividad judicial, según sus conveniencias.
—Hay otro tema que también comienza a entrar en debate: es que la carrera judicial puede ser perjudicial para que exista una Justicia diferente.
FD: A ese aspecto lo denominamos “burocracia judicial”. Con eso, nos referimos a la formación de los jueces, de los empleados, la capacitación, los concursos, que tienen una parte que no está escrita pero funciona que es la parte de los “amiguismos”.
CDE: Lo que tratamos de mostrar es el problema y ponerlo en agenda para discutirlo. Por lo menos, empezar a mirarlo. Después se puede empezar a discutir. Uno de nuestros indicadores es la sociedad civil.
—Seleccionaron cinco casos particulares para analizar. ¿Qué tuvieron en cuenta para hacer ese recorte?
CDE: Funcionan como contraste los casos. Y hasta los mismos jueces con casos de poderosos tardan y con los débiles actúan rápido. Por eso tomamos José López y Lázaro Báez. Y casos de tres débiles que son Belén en Tucumán (la chica que abortó y estuvo presa por asesinato), el caso de María Ovando de Misiones, que la metieron presa por dos años acusada de matar a su hija, cuando en realidad se le murió por desnutrición en sus brazos y un caso que no trascendió, de un chico, Ezequiel, que robó un tablón de madera en la estación de Retiro para quemarlo y calentarse y lo metieron preso, peritaron el tablón. Finalmente, lo liberaron súper rápido. En un mismo período de tiempo, con los poderosos acumulaban expedientes y recién las causas se movieron cuando hubo cambios de gobierno o cuando a la Justicia no le quedó otra cuando se tomaron videos tan evidentes y tenían que
hacer algo.