Hoy las mujeres en la Argentina tenemos muchos más derechos garantizados de los que teníamos hace un siglo. Esto es un gran logro del movimiento de mujeres, que fue pionero, a nivel mundial, en la Argentina. Desde la década de 1920 en adelante, este movimiento amplió los derechos de las mujeres, inicialmente, centrándose en los derechos civiles y políticos, y luego avanzando en otras dimensiones.
Más recientemente, presenciamos una enorme jerarquización de la agenda de género en el debate público. Esto sucede especialmente desde 2015 con el movimiento de #NiUnaMenos que también continuó con la tradición de ser pionero a nivel mundial, al plantear el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública, anclando la lucha en el femicidio. El año pasado, con la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, se consolidó la jerarquización de este tema. Pero esta jerarquía se centra únicamente en una de las dimensiones de la autonomía de las mujeres: la física, que incluye tanto el combate a la violencia y como el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos.
Desigualdades sustantivas. A pesar de los enormes triunfos que tuvo esta lucha del movimiento de mujeres, todavía existen desigualdades sustantivas en el goce de los derechos de las personas según su género. Esto se evidencia concretamente en uno de los temas que todavía no se logró jerarquizar en la agenda pública con tanta fuerza: la autonomía económica de las mujeres. Especialmente, en la participación de las personas en el mercado de trabajo se observan brechas según su género. Las personas con una identidad distinta a la masculina heteronormativa enfrentan mayores barreras en sus trayectorias laborales. Sin embargo, las estadísticas nacionales actualmente disponibles en la Argentina solamente permiten dar cuenta de los obstáculos que enfrentamos las mujeres, sin todavía poder precisar la situación de los otros géneros.
A las mujeres en la Argentina, al igual que en muchos otros países, nos cuesta más acceder al mercado de trabajo: solo seis de cada diez mujeres en edad de trabajar somos económicamente activas. Esta brecha tiene también un corte por nivel socioeconómico. Quienes enfrentan mayores barreras son las mujeres de los hogares con menores ingresos. Además, la edad reproductiva constituye un período de mayor intermitencia en la participación laboral femenina.
Brechas y grietas. Las mujeres que accedemos al mercado laboral tenemos peores trayectorias: mayores tasas de desocupación, menores extensiones de las jornadas, mayor informalidad (que implica menor acceso a la protección social) y nos insertamos en los sectores menos dinámicos y peor remunerados. Estas brechas se reflejan esencialmente en dos cuestiones: la brecha de ingresos (que es un síntoma de todos estos problemas) y en el peor acceso a puestos jerárquicos (en el sector privado, en sindicatos y en los distintos poderes, niveles y áreas temáticas del sector público).
Las brechas de género en el mercado de trabajo se pueden cerrar. Para contribuir al debate en torno a cómo hacerlo, desde Cippec junto con ONU Mujeres, OIT y PNUD, publicamos el libro “El género del trabajo”. Las recomendaciones que ahí se presentan surgen de un trabajo mancomunado de sistematización de lecciones y adaptación al contexto argentino.
Consideramos que una nueva gestión de gobierno abre un momento propicio para que se impulsen e implementen acciones concretas para cerrar las brechas de género en el mercado de trabajo. Para eso, es central la voluntad política que debería traducirse en tres cuestiones. En primer lugar, en lo institucional, jerarquizar a un órgano que pueda tener la rectoría de las políticas de género. Esto puede, como parece proponer el Frente de Todos, traducirse en un nuevo Ministerio. También podría tomar otras formas, como una Agencia dependiente de la Presidencia o de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Otra opción es darle una mayor jerarquización política al Instituto Nacional de las Mujeres. En cualquiera de esos casos, resulta central dotar al órgano rector del poder suficiente para que pueda generar las articulaciones necesarias y la generación de consensos al interior del gobierno nacional. Ningún organismo único podría (ni debería) posiblemente concentrar la totalidad de la agenda de género. También se debería coordinar con las provincias y con actores no estatales relevantes (del sector privado, los sindicatos y los movimientos sociales).
Información. En segundo lugar, la voluntad política debería verse en la gestión de la información. Las estadísticas son herramientas para que las políticas sean viables. Además, permiten un monitoreo y evaluación de las políticas.
La decisión política de avanzar en el cierre de las brechas de género en el mercado de trabajo también debería reflejarse en la asignación de recursos. Si no hay recursos para desarrollar las políticas que se requieren para cerrar estas brechas, resultará evidente que la jerarquización de la agenda de género permanece en el plano de lo discursivo. Si se cuenta con esos recursos, será fundamental que el órgano rector pueda disponer de ellos para garantizar las articulaciones necesarias.
En momentos de recesión económica, caída del PBI, pérdida del poder adquisitivo y aumento de la pobreza, como el actual, se vuelven cruciales dos tipos de políticas. Por un lado, proteger a la población más vulnerable para disminuir el impacto de la crisis. Son las familias con niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellas lideradas por mujeres, las que se ven más perjudicadas. Existe un vínculo directo entre la baja tasa de participación laboral de las mujeres de los hogares de menores recursos, en particular de las que se encuentran en pobreza crónica, y la menor disponibilidad de ingresos. Estas familias están en ciclos viciosos donde la ausencia de políticas públicas obstruye sus posibilidades de progreso, aun cuando trabajan en mayor proporción y en más horas que el resto de la población.
Impacto. Por otro lado, en contextos de crisis también es central priorizar las políticas con un mayor impacto en términos de reactivar la economía. Las políticas de cuidado son clave: no solo ayudan a resolver las tensiones entre la producción y la reproducción que enfrentan las familias, sino que también crean empleo, aumentan la recaudación tributaria y, en última instancia, hacen crecer al PBI.
Por último, hay una serie de políticas que no son urgentes, pero sí trascendentales. El movimiento del que somos testigos en el límite de lo “políticamente aceptable” en clave de género no es unidireccional: algunos movimientos buscan ampliar derechos mientras que movimientos antiderechos buscan reducirlos. La conquista de derechos no es automática, debe ser accionada y puede ser propiciada por determinadas políticas. Sin políticas que contribuyan al cambio cultural, el resto de las recomendaciones se tornan inviables.
Urge cerrar las brechas de género en el mercado de trabajo. Hoy, más de la mitad de la población que vive en la Argentina, es decir, las mujeres, tenemos nuestros derechos económicos vulnerados. Esto afecta a la totalidad de la sociedad. Si no se actúa, este problema solamente va a crecer a futuro. Los cambios que trae aparejados el futuro del trabajo tienen el riesgo intrínseco de ampliar estas brechas de género. Además, la transición demográfica que está atravesando el país implica que en unos 20 años tendremos una carga de cuidados mucho mayor que la actual, dado que crecerá la proporción de personas mayores.
Sabemos lo que funciona a partir de las experiencias de otros países y existen discusiones avanzadas sobre cómo adaptar esas lecciones al contexto argentino. Avanzar en esta dirección implica crear un futuro más justo para todas, todos y todes.
*Directora de Protección Social de Cippec.
