El gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz afronta una delicada crisis económica que alcanzó los medios nacionales por las protestas de los gremios estatales ante el atraso en el pago de sus salarios y encabezadas por los maestros cuyas medidas de fuerza impiden aún el inicio de las clases en toda la provincia. Como telón de fondo del conflicto, la gobernadora informó un déficit de más de 6 mil millones de pesos previsto para este año y una deuda de unos 8 mil millones de pesos con el gobierno nacional.
Pero el interrogante que se hacen millones de argentinos es cómo se llegó a esta situación en una provincia que tuvo, hasta diciembre de 2015, dos presidentes (tres mandatos consecutivos), un gobierno provincial del mismo color político y una asistencia en obras y transferencias del Tesoro Nacional como no lo había tenido hasta entonces. Las dificultades para desarrollarse y salir del modelo de empleo público como motor económico no es diferente al de otras provincias alejadas del centro del país. Acaso la diferencia está en la enorme oportunidad que se perdió en los últimos 12 años.
Pendiente. Entender lo que pasa en el segundo territorio más grande del país y el menos poblado por metro cuadro, requiere más que un análisis político. La pendiente en la que cayó Santa Cruz tiene causas ligadas a sus sucesivas administraciones locales, a factores relacionados con el cambio en la economía nacional y hasta a las desventajas comparativas que siempre soportó la Patagonia.
La historia de Santa Cruz está ligada a la presencia del Estado. Su provincialización tardía (hasta 1956 fue territorio nacional), requirió siempre del apoyo de la Nación como impulsor de acciones que promovieran la radicación de población. La provincia también hizo lo suyo: generó importantes beneficios, como por ejemplo los previsionales –una de las causas del déficit actual–, para conformar su administración en plena expansión. Néstor Kirchner asumió como gobernador en 1991 con un clima parecido al actual. Luego de un férreo control del gasto público, Kirchner logró equilibrar las cuentas de la provincia y emprendió una serie de obras públicas con los fondos derivados de las regalías mal liquidadas en los años 80, reclamadas por el ex gobernador Arturo Puricelli. La historia sobre el uso de estos fondos extraordinarios es uno de los grandes agujeros negros de la provincia. Los últimos ahorros en dólares se usaron para gastos corrientes, perdiendo una enorme oportunidad para desarrollar Santa Cruz y comenzar a salir de la dependencia del empleo público.
Peralta. Los últimos remanentes fueron utilizados por el ex gobernador Daniel Peralta entre los años 2007 y 2011, gran parte para solucionar los conflictos sindicales que agitaban a la provincia por esos años. Durante ese mismo período, el crecimiento en el porcentaje destinado en el Presupuesto a la masa salarial (pasó del 46% al 95%) y el incesante ingreso de empleados a la administración pública (más de nueve mil en los últimos diez años), agudizó la dependencia de la provincia con el Estado Nacional. En el medio de estos acontecimientos, la situación institucional de la provincia siempre estuvo atravesada por profundas crisis. La renuncia de Sergio Acevedo por internas con la Casa Rosada (2006), el gobernador que más votos obtuvo en una elección (71%), fue el detonante de un reclamo social y económico que eclosionó en el 2007 y que derivó en la renuncia del vice, Carlos Sancho y el arribo de Peralta.
Desde 1958 a la fecha (primer gobierno electo), sólo tres gobernadores lograron terminar sus mandatos: Puricelli, Kirchner y Peralta. Esa fragilidad institucional viene siendo observada hace años por la oposición, que demanda mayor trasparencia en los actos públicos y reformas electorales como la eliminación de la Ley de Lemas, sistema con el que llegó a la gobernación Alicia Kirchner. El cambio de la Constitución Provincial que avaló la reelección indefinida y la eliminación del cargo de Procurador que corrió del sistema judicial al doctor Eduardo Sosa, son tal vez, los antecedentes más notorios. Pero sería injusto mirar a Santa Cruz y a los santacruceños sin un análisis más integral, que dé cuenta de los enormes desafíos que propone un clima inhóspito, un territorio inmenso y desértico, y una población que en el último censo del 2010 alcanzó a poco más de 270 mil personas.Además del empleo público, la provincia cuenta con recursos económicos primarios como la ganadería y la pesca; los minerales (oro y plata); y los hidrocarburíferos (petróleo y gas). Pero estas commodities siempre dependieron de los factores externos, como los precios internacionales y las políticas económicas del gobierno nacional de turno.
Hoy los ingresos en regalías petroleras cayeron abruptamente por el derrumbe del valor interno del barril de crudo, el fin de los incentivos al sector y ante el proceso de desinversión de la estatal YPF en los yacimientos provinciales. Todos estos factores profundizaron aún más el déficit financiero provincial y ahondaron la crisis.
En los últimos tres años, desde el último de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al presente, el tejido social santacruceño fue erosionándose. Río Gallegos –su capital– tiene un 13,4% de pobres y un 2,8% de indigencia, muy por debajo de la media nacional, pero muy por encima de sus propios antecedentes.
En la línea de la pobreza se encuentran 15.182 personas, mientras que la indigencia alcanza a 3.199, sobre un total de 113.363 habitantes (datos del Indec). El crecimiento de la pobreza está ligado a los altos valores de la canasta básica, un mal de toda la Patagonia, pero también al crecimiento de la desocupación que prácticamente se duplicó –en gran medida– por la caída del empleo en la construcción (en el 2013 era del 3,8% y al 2016 fue calculado en 6,3%). La obra pública, que entre los años 2003 al 2015 tuvo su mayor expansión, cayó abruptamente con la llegada del gobierno de Mauricio Macri que ordenó una serie de auditorías para investigar las sospechas de sobreprecio, particularmente en las realizadas por Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Esta decisión paralizó muchas de las obras públicas y sólo Báez despidió en el lapso de tres meses a casi dos mil trabajadores, muchos de los cuales hoy son subsidiados por la provincia hasta que se puedan reubicar en otras obras como las represas hidroeléctricas, a la espera de las audiencias públicas que le exige la Corte Suprema.
Con el paso del tiempo, el furor por la obra pública también se convirtió en un pasivo social. Santa Cruz fue la provincia que más creció según el último censo (el 37%), mucho de ello a raíz de la fuerte inmigración de obreros de la construcción entre los años 2001 y 2010.
En el momento político más favorable de su historia, la provincia pasó de ser una de las pocas jurisdicciones superavitarias (hasta el 2007) a ser uno de los distritos con mayor nivel de deuda con el gobierno nacional (2017). Pero esta situación no es reflejo de los potenciales que tiene sino más bien de políticas erráticas internas y las decisiones de las administraciones nacionales.
El desafío que afronta parecería ser el de aliviar las cuentas y volver a tener margen con el cual invertir en otro modelo que no sea exclusivamente el sector público.
*Desde Rio Gallegos.
