Fue en 1972 que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 5 de junio como Día Mundial del Ambiente, con el objeto de sensibilizar a la población mundial y, al mismo tiempo, impulsar acciones políticas proactivas en defensa del planeta. Sin embargo, casi cincuenta años después, de la mano de un modelo de globalización neoliberal y depredatorio, la humanidad se encuentra al borde del colapso ecosistémico y climático: calentamiento global, extractivismo y destrucción de territorios, extinción masiva de especies y pérdida de biodiversidad, aumento exponencial de la huella ecológica, entre otros problemas, ilustran la consolidación de modelos de (mal) desarrollo que amenazan la vida en el planeta.
La gran pandemia mostró el fracaso de este modelo de globalización consolidado en los últimos treinta años, al calor de la Organización Mundial del Comercio y la apertura indiscriminada de los mercados. Por un lado, puso al desnudo y potenció las desigualdades sociales y económicas, haciéndolas más insoportables que nunca. Tal como señala el economista Thomas Piketty, los actuales niveles de concentración de la riqueza son equivalentes a aquellos de fines del siglo XIX, cuando no existía un Estado regulador y solo el mercado era el ordenador de las relaciones sociales. La pandemia evidenció también un retroceso social que abarca el sistema de salud (debilitado y privatizado), la producción de alimentos y la degradación del hábitat urbano, sobre todo en relación con los sectores más vulnerables.
Oportunidad. Por otro lado, la pandemia tiene también orígenes socioambientales, aunque se tienda a invisibilizarlos. Como indican numerosos estudios, virus como el del ébola, la gripe aviar y la porcina, el SARS, encuentran múltiples causas ambientales, entre ellas la deforestación indiscriminada, el tráfico de animales silvestres y la cría de animales a gran escala. Estos son el caldo de cultivo de los llamados virus zoonóticos, que tienen un alto nivel de contagiosidad y saltan de los animales a los seres humanos. El Covid-19 no es seguramente una excepción.
Con todo lo horroroso que trae la pandemia, la crisis abrió un portal desde el cual se tornó posible aquello que hace poco tiempo se consideraba inviable. En esta línea comenzaron a circular diferentes propuestas globales y nacionales, que en el Sur adoptaron el nombre de Pactos Ecosociales y Económicos y en el Norte, Green New Deal. Lo central es que no se trata exclusivamente de propuestas “verdes”, sino de agendas integrales que articulan justicia social con justicia ecológica, justicia étnica y de género.
En América Latina, desde hace unos días circula el Pacto Ecosocial, Económico e Intercultural y en Argentina, hace más de un mes hemos lanzado una propuesta firmada por más de 400 intelectuales, artistas y organizaciones sociales, que propone un Pacto Ecosocial y Económico con cinco puntos: ingreso universal, reforma tributaria progresiva, suspensión del pago y auditoría de la deuda externa, paradigma del cuidado y reforma socioecológica radical (energética, productiva, alimentaria y urbana). Dicha agenda no se apoya en el vacío; remite a grandes debates globales, así como a luchas sociales que recorren el país y el continente.
Economía y ambiente. Por ejemplo, los debates sobre la necesidad de instalar un ingreso universal ciudadano, un impuesto a las grandes fortunas y suspender el pago de la deuda externa, están lejos de ser tópicos de alcance local. Son, como señalaba en una entrevista a este mismo diario la analista Gillian Tett, “una tendencia global”. Atraviesan declaraciones de organismos internacionales como el FMI, la Unctad, la Cepal o incluso columnas de diarios hiperconservadores, como el Financial Times; todos los cuales coinciden en que la crisis exigirá un rol mayor del Estado y nuevos tiempos redistributivos.
Asimismo, el debate instalado por las feministas sobre el cuidado, definido como un derecho, cuenta con una larga historia. Esto aparece más relevante en el actual contexto de pandemia y exige un involucramiento mayor del Estado, a través de políticas públicas que desmercantilicen la salud y que conecten cuidado, salud y ambiente, para poder afrontar los desafíos del cambio climático y, muy probablemente, las pandemias que vendrán. También resulta fundamental visibilizar y revertir el brutal desequilibrio de género de quienes realizan las tareas de cuidado: las mujeres. El gran aporte de los feminismos, como el de los pueblos originarios, es su apuesta radical por colocar en el centro la sostenibilidad de la vida, hoy amenazada por la lógica destructiva del capital.
Petróleo. Por último, nuestra propuesta de Pacto Ecosocial y Económico coloca el acento en la transición socioecológica, en sus diferentes niveles. Por un lado, la gravedad de la situación requiere que avancemos en propuestas de transición de la mano de un paradigma energético renovable, descentralizado, desmercantilizado y democrático. Aunque el recurso esté disponible (como es el caso de Vaca Muerta), los impactos de los combustibles fósiles ligados al cambio climático instalan un límite ecológico. A la par que se derrumba el precio del petróleo, crecen los movimientos globales de desinversión en combustibles fósiles, y estos se van convirtiendo en “activos varados u obsoletos”, al tiempo que se multiplican las experiencias locales en torno a la energía limpia y sustentable. Esta tendencia irá acelerándose: por ejemplo, esta semana fue el Parlamento el que rechazó por cuestiones ambientales el Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea- Mercosur.
De igual modo sucede con el modelo alimentario. La Argentina debe promover desde el Estado y la sociedad una nueva ruralidad, basada en un paradigma agroecológico-biocéntrico y que promueva la soberanía alimentaria. El modelo de agronegocios imperante, que requiere poca mano de obra, depende de los agroquímicos, destruye bosque nativo y produce forraje para ganado, es cada vez más cuestionado por su concentración, insustentabilidad y sus impactos sobre la salud. Durante la cuarentena, se produjo la multiplicación del consumo de productos agroecológicos, sobre todo en las grandes ciudades. Pero debemos ir más allá. Necesitamos una agricultura con agricultores, que promueva el trabajo en el campo y que produzca alimentos sanos a precios justos: esa es la agricultura del futuro. No hay que olvidar que la agricultura familiar (campesina) produce el 70% de los alimentos del mundo, en el 25% de la tierra; mientras que el agronegocio, para producir el 25%, concentra el 75% de la tierra.
Vinculado con lo anterior, se torna necesario repensar el modelo urbano. Nuestras grandes ciudades se transformaron en una trampa mortal, sobre todo para las poblaciones vulnerables, hacinadas y privadas de los servicios básicos. Debemos repensar la relación entre lo rural y lo urbano, promoviendo el arraigo en las ciudades pequeñas y medianas, garantizando tierra para pequeños y medianos productores de alimentos con cordones verdes que provean alimentos frescos y baratos a toda la población, en sintonía con lo propuesto por más cien movimientos sociales con el “Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción”.
En suma, la pandemia abre grandes desafíos a nivel nacional, regional y global, lo que nos obliga a salir del sectarismo, de los lugares comunes y de las falsas soluciones. Sería un grave error que el gobierno de Alberto Fernández desaproveche esta oportunidad inmejorable para avanzar en un ingreso único que, de manera procesual, apunte a la universalidad –tal como lo indica la Cepal– y a una reforma impositiva que incluya impuestos a los que más tienen. Esa es la puerta de entrada para una serie de transformaciones de fondo, que deben abarcar necesariamente la transición socioecológica. No podemos caer en la tentación del progresismo selectivo buscando la reactivación económica de la mano de más extractivismo. Si con agronegocio, fracking (Vaca Muerta) y megaminería tenemos más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza y las “soluciones” que se proponen son profundizar más de lo mismo, ¿no será entonces que llegó el momento de debatir seriamente los modelos de (mal) desarrollo?
En el marco de la pandemia, los primeros aciertos de Alberto Fernández fueron valorados por el conjunto de la sociedad. Pero en un escenario de disputa pospandemia se requieren medidas económicas, sociales y ambientales estructurales. Aquí resulta crucial la posición que el Gobierno adopte en relación con las luchas sociales, esto es, si decide responder a las demandas que desde abajo apuntan a la construcción de lo común, en una clave igualitaria y sustentable, o bien cede a las presiones de los sectores económicos más concentrados, en defensa de sus privilegios.
Por último, nuestra propuesta no es un “cuaderno de quejas” ni un listado de demandas dirigidas a los gobiernos de turno. Constituye, como afirmamos en el Pacto Ecosocial desde el Sur, junto con otras voces de América Latina, “un llamado a los diferentes movimientos sociales y ambientales, organizaciones territoriales, gremiales y barriales, comunidades y redes, pero también a gobiernos locales alternativos, parlamentarios, magistrados o servidores públicos comprometidos con la transformación; para cambiar las relaciones de fuerza, mediante plebiscitos, propuestas de ley u otras muchas estrategias con una real incidencia para imponer estos cambios a las instituciones existentes por parte de una sociedad organizada y movilizada”.
*Socióloga.
**Abogado ambientalista
