Para tener la posibilidad de elegir cómo, cuándo y con quién vivir la sexualidad, es necesario que el Estado se encargue de garantizar ciertos derechos. Hasta el momento, el responsable de generar las condiciones para que determinados derechos humanos no sean vulnerados es el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. En los primeros meses del gobierno macrista, el Pssypr ya cuenta con veinte despidos, y hasta hace 15 días se encontraba acéfalo. Embarazos adolescentes, muertes de mujeres por abortos inseguros y falta de acceso a métodos anticonceptivos serían algunas de las graves consecuencias si no se fortalece este espacio ganado con años de lucha de vastos sectores de la sociedad. ¿Qué significa modernizar un Estado? ¿Qué prioridades establece? ¿Y qué derechos pueden verse vulnerados? Son algunas de las preocupaciones de los referentes vinculados al género.
El Pssypr se creó en 2003 a partir de la Ley 25.673. Comenzó a funcionar bajo la órbita de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, con un enfoque basado en el binomio madre-hijo. “En mayo de 2006 asumí la coordinación del programa nacional, y avanzamos hacia el enfoque de derechos humanos y género. En ese momento, el programa comenzó a depender de la Secretaría de Programas Sanitarios con relación directa con el ministro, que en ese momento era Ginés González García. Esto implicaba un esquema de decisiones ágiles y prioritarias dentro del conjunto de las políticas sanitarias. La dependencia institucional y presupuestaria de la Secretaría de Programas Sanitarios desde mayo de 2006 permitió fortalecer el enfoque de atención primaria de la salud, fortalecer la gestión sociosanitaria integral en materia de salud sexual y reproductiva, profundizar la perspectiva de género y ampliar la población destinataria del programa”, cuenta Valeria Isla, ex coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y codirectora de la Diplomatura en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Universidad Isalud- Cedes.
Ante la presión social, hace 15 días nombraron como coordinadoras del programa a la ginecóloga Dra. Silvia Oizerovich y a la psicóloga Gabriela Perrotta. Ambas coordinaban el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del GCBA. “Durante el gobierno de Cristina Kirchner también hubo un período de ocho meses en el que tuvimos problemas porque no se nombraba una responsable. No es la primera vez que sucede. En este caso, creo que Silvia Oizerovich es una garantía porque ella conoce bien el tema”, dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer y ex integrante del consejo asesor del programa.
Isla cree que la designación de la coordinación fue acertada. Dice: “Hay que brindarle apoyo y generarle condiciones para que pueda gestionar adecuadamente. Asignarle presupuesto, fortalecer y agilizar los procesos de compras de insumos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, preservativos, entre otros. Es necesario que el secretario y el ministro tengan este tema como prioridad en la agenda de salud pública nacional y colaboren con provincias y municipios. Una coordinadora no puede hacer magia; requiere de un equipo ministerial, en el máximo nivel de decisión que acompañe su gestión”.
Al ser consultada por Perfil, Oizerovich asegura que se mantendrán los lineamientos del programa. “Lo primero que vamos a hacer es tomar contacto con cada referente provincial para ver cuáles son las necesidades y ver cómo desde el espacio podemos colaborar. Se están diagramando las tareas entre los recursos humanos para cumplir con todas las líneas de acción”, explica.
El jueves al mediodía se realizó una reunión entre el consejo asesor, las autoridades ministeriales y las nuevas coordinadoras para reactivar las acciones del programa. En el encuentro se solicitó una entrevista con Néstor Pérez Baliño, secretario de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, para hablar sobre las reincorporaciones de los despedidos, ya que entre ellos se encuentran personas con más de ocho años de experiencia en los cargos.
“Lejos estamos de que sobren recursos humanos en un espacio que se dedica a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Son derechos en los que hay que seguir trabajando, falta afianzarlos para generar mayor conciencia social”, dice Silvia Augsburger, diputada provincial de Santa Fe por el bloque Igualdad y Participación. Por otro lado, agregó que hay que prestar atención al presupuesto que se asigna para estas acciones y a qué compromiso hay del Estado en generar estadísticas serias sobre la temática.
Desde ATE Salud se denuncian los lineamientos de Dora de Saráchaga, subsecretaria de Atención Primaria de la Salud. “Ella tiene una visión meramente técnica. Hoy sólo se encargan de la compra de métodos anticonceptivos. Las diferentes áreas están paralizadas porque se vieron afectadas por los despidos. Se están haciendo tareas meramente administrativas. El programa de maternidad e infancia también se encuentra en estado crítico. Acá se suman dos cuestiones: por un lado, la visión retrógrada de Dora de Saráchaga en materia de derechos sexuales y reproductivos, y por el otro, la lógica del macrismo en cuanto al achicamiento del Estado y el desmantelamiento de direcciones y programas que garantizan derechos”, dice Soledad Castagnola, delegada de prensa de ATE Salud. De no reincorporar a los trabajadores quedarían muy afectadas todas las áreas del programa, especialmente las áreas de Monitoreo y Evaluación, Fertilidad, Diversidad, Comunicación y Promoción Comunitaria.
“Los que han atacado el programa siempre lo hicieron desde el sistema de creencias. Lo atacaron de muchas maneras. Implementarlo en provincias más conservadoras, como las del norte o de Cuyo, fue siempre más difícil. En la Patagonia no hubo ningún problema. Nunca sale un decreto para anular un programa de esta índole. Lo matan por inanición. Primero tiene un faltante, después otro, hasta que se va deteriorando por completo”, dice Ginés González García, ministro de Salud de la Nación entre 2002 y 2007.
“Desde el punto de vista presupuestario, el Ministerio de Salud nacional estaría en condiciones de sostener un equipo técnico y profesional de cincuenta personas. En 2007, el programa contaba con un equipo de treinta personas, financiamiento para insumos, para capacitación, consultorías externas de expertos. Incluso en ese momento realizamos el análisis de la primera encuesta nacional de salud sexual y reproductiva; también iniciábamos las primeras acciones con la temática de la prevención del cáncer de cuello, hoy un excelente programa con un sólido equipo técnico. Pasaron ocho años y muchas leyes que ampliaron derechos de la población tendrían que tener metas de crecimiento y plantearse desafíos a la altura de los problemas que tienen que abordar y mejorar”, sostiene Isla.
Según un comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado, la experiencia en materia de política de géneros en la Ciudad de Buenos Aires no es muy alentadora: “Desde hace ocho años es ejemplo de recorte, exclusión y retroceso. La resistencia a la reglamentación y aplicación del aborto no punible, el incumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral –que establece la obligatoriedad de la educación sexual en todos los niveles de la educación pública y privada a lo largo y ancho del país–, el vaciamiento de la política pública en la Dirección de la Mujer, y la nula tarea en la promoción de derechos y de construcción de relaciones democráticas y de empoderamiento de las mujeres constituyen el anuncio de lo que va a venir y ya es en el Estado nacional”.
El Papa, el aborto y la política
En medio de la emergencia sanitaria de dengue, zika y chikunguña, los programas destinados a la promoción se encuentran congelados. ATE anunció que son 64 mil personas sin atención; 13 mil dosis de vacunas que no pudieron ser aplicadas; más de 300 trabajadores se encuentran con sus funciones paralizadas, cuando podrían estar interviniendo en la detección de situaciones críticas y la realización de charlas y talleres de prevención. “Hoy el acceso a abortos seguros es un tema clave de la agenda de las mujeres, la política sanitaria tiene que pensar el tema del zika desde una perspectiva de derechos humanos. Este y tantos otros temas, como el problema de la mortalidad materna, la compra y la distribución de anticonceptivos, son prioritarios para una agenda de salud”, plantea Isla.
González García estima que en Argentina hay medio millón de abortos por año. Dice: “En muchos casos significan la muerte de la persona. También, varios miles de mujeres terminan en internación. Los abortos de tipo ilegal tienen la obligación de ser denunciados. Cuando hice investigar este tema, menos de la mitad de los casos que estaban registrados fueron a la Justicia. De esa mitad, no le dieron veredicto a ninguno. Era un hecho intimidatorio para que las mujeres no fueran rápido a atenderse. En este sentido, el protocolo generó un avance importante, confió en que el tema siguiera adelante. Tenemos un programa modelo en América Latina. De todos modos, teniendo un papa argentino, no creo que ninguna fuerza política impulse la legalidad del aborto en los tiempos venideros”.
