Ramona tomó la decisión cuando ya casi no podía caminar. Su marido la había abandonado y sus dos hijas eran el único sostén que tenía. Los problemas en su columna empeoraban y los dolores no la dejaban vivir. Su precaria situación económica no le permitía tener acceso al tratamiento necesario y su única esperanza estaba en Buenos Aires, a miles de kilómetros de su casa. Dejó entonces su Paraguay natal y se instaló en la casa de un familiar, en la Villa 20, cerca del hospital Santojanni.
Ramona representa uno de los casos de ciudadanos extranjeros que, ante las limitaciones de acceso a la salud gratuita en los sistemas de países como Bolivia, Paraguay y Perú, deciden salvar su vida viajando miles de kilómetros para atender sus dolencias en los hospitales públicos porteños y algunos bonaerenses. La situación es reconocida por autoridades diplomáticas de Perú. “Nosotros sabemos que algunos compatriotas nuestros deciden venir a Buenos Aires para tratarse, generalmente enfermedades de cierta gravedad, o para hacerse alguna intervención quirúrgica”, sostiene el vicecónsul de ese país en Buenos Aires, José Augusto Pacheco de Freitas. “Muchos peruanos ya tienen familia o amigos viviendo en la Argentina, quienes les ofrecen hospedaje para que se queden el tiempo que dure el tratamiento. Sólo tienen que pagar el pasaje a Buenos Aires y listo”, agrega.
“Fundamentalmente, tenemos casos de Paraguay y Bolivia. Perú en menor cantidad”, reconoce Angel Oga, secretario general del flamante Sindicato Unico de Trabajadores Cartoneros, Recicladores, Recuperadores Urbanos y Afines. “Los bolivianos vienen porque la medicina en Bolivia es mayoritariamente privada, he ido varias veces a Bolivia y se viven cosas aberrantes. La situación con Paraguay es peor, porque hay pocos hospitales y tienen que venir a la Argentina sí o sí. Hay inmigrantes hospitalarios, porque no tienen forma de curar sus enfermedades, salvo que sea viniendo a la Argentina”.
Según datos publicados por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de las 9.308.547 consultas realizadas durante 2012 en los hospitales públicos porteños, sólo 4.887.681 fueron realizadas por vecinos de la Ciudad, es decir, el 52%. De estos datos se desprende que el restante 48% no acude al hospital cercano a su hogar y decide emprender un viaje que, según dónde viva, será más o menos largo y tedioso.
“Ramona vino indocumentada, sin documento paraguayo ni argentino (cruzó por una frontera irregular). Acá se instaló en la casa de un pariente en la Villa 20. La conducción de la villa tomó el caso, se acercaron al Santojanni –es el hospital que le quedaba cerca– y le dijeron que la operaban, pero que le tenían que cobrar $ 160 mil en tornillos para ponerle en la columna. Tuve en mis manos el presupuesto del hospital, por eso lo digo y me hago cargo”, dispara Oga sin vueltas. “Como no tenían ese dinero, me pidieron que buscáramos una solución. Como tenemos compañeros en el Hospital Argerich, les acercamos el caso. Se hizo una colecta en el barrio para que pudiera viajar en remís al hospital durante varios días. Ahí la revisó el mejor especialista en columna del Hospital Argerich, y le dijo que no hacía falta poner ningún tornillo. Tuvo que adelgazar 20 kilos, le hicimos la documentación –de alguna manera la documentamos–, le hicieron los estudios, descubrieron que era una artrosis galopante en la parte dorsal, tenía casi pegadas las vértebras, la operaron, estuvo 15 días internada, y ahora está bien, caminando”.
Una de las razones por las cuales un paciente decide atenderse en la Ciudad de Buenos Aires puede encontrarse en un documento recientemente publicado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. “Existe un público identificado, originario de países sudamericanos como Bolivia, Paraguay y Perú, que busca una infraestructura o complejidad de procedimientos que no encuentra en sus países de origen”.
Sergio Abrevaya, presidente del Consejo Económico y Social, explica que “en algunos países limítrofes –Bolivia, por ejemplo– la salud pública no es universal. Es decir que la atención está limitada a determinados sectores de la población a partir de planes específicos (como cobertura a las embarazadas, por ejemplo) y, si bien existe un seguro social (una obra social), beneficia sólo al porcentaje de población que cuenta con un trabajo regularizado”.
Para todos y todas. La Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en febrero de 1999, es clara y no deja lugar a dudas. En su artículo segundo, sostiene que “las disposiciones de la presente ley rigen en el territorio de la Ciudad y alcanzan a todas las personas sin excepción, sean residentes o no residentes de la Ciudad de Buenos Aires”.
Esta situación no les es indiferente a los trabajadores de los hospitales porteños. En un contexto de saturación del sistema de salud, las posiciones más extremas no tardan en hacerse oír. “Hay gente que viene de afuera a usufructuar los servicios de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y del país. Los traen en micros chárter para hacerse atender porque, en toda Latinoamérica, la única salud gratuita es la nuestra”, disparó Mario Provenzano, delegado gremial de Sutecba del Hospital Durand. “Hay gente que paga sus impuestos en la Ciudad y que, si viene a un hospital, debe hacer la cola atrás de todos esos turistas. Yo creo que para atenderse en los hospitales hay que tener un cierto grado de residencia en el país. Las personas que vienen aquí a trabajar claro que deben tener sus hospitales y su educación, pero no pueden traer a personas como golondrinas a atenderse”, concluyó Provenzano en uno de los programas de la radio ArInfoPlay.
“Nosotros no tenemos constancia ni denuncias de que existan personas que lucren con la organización del turismo médico a los hospitales porteños”, explica el vicecónsul de Perú, Pacheco de Freitas. Sin embargo, reconoce que, “si bien no manejan cifras oficiales, al menos una decena de personas al mes deciden por cuenta propia viajar a tratarse a Buenos Aires para luego volver a su lugar natal”.
“Si bien el chárter con pacientes hospitalarios dejó de hacerse cinco años atrás, aún sigue habiendo casos particulares para situaciones especiales en los que no están desarrollados los hospitales de la región”, explica Oga, que convive a diario con las comunidades paraguayas y bolivianas en Buenos Aires. “La migración hospitalaria paraguaya es más con cuentagotas y natural, por el tipo de frontera que tenemos. Es más normal para los paraguayos venir a atenderse a la Capital. También ocurre que se atienden en los hospitales de frontera, pero la complejidad que existe en los hospitales porteños no se ve en los de frontera”.
“Yo creo que a la salud hay que tomarla como un derecho humano elemental y, como tal, no se le puede negar la atención a nadie”, sostiene el legislador porteño por Proyecto Sur Alejandro Bodart, quien se apura a aclarar: “Con respecto al tema de los extranjeros, tenemos que dejar en claro que son pocos los que vienen a atenderse particularmente, pero es mucha la atención a los que trabajan acá. Pero todos esos extranjeros que trabajan en Buenos Aires, por ejemplo, compran un kilo de pan y están pagando IVA; por lo tanto, de alguna forma, contribuyen con los gastos”.
Paralelamente a esta situación, se suman las denuncias por el estado del sistema de salud de la Ciudad. Bodart realizó un crítico análisis del presupuesto porteño del corriente año. “El gobierno de la Ciudad ha venido bajando el presupuesto que destina al área de salud. Y esto se ve esencialmente en la falta crónica de personal. El sector más sensible es enfermería, donde faltan cerca de 4 mil enfermeras. Sin embargo, el mayor déficit de la Ciudad de Buenos Aires en salud está relacionado con el conurbano bonaerense, porque no hay una red de hospitales que pueda absorber los casos de complejidad.
Por eso, el 30% de la atención proviene de ahí. No existe un convenio que hable de reciprocidad de esos costos”, explica Bodart.
Desigualdad en nombre de la igualdad
A diferencia del turismo médico privado, actividad que puede generar importantes ganancias a empresas y sanatorios privados, los casos de tratamientos médicos de alta complejidad a pacientes golondrina extranjeros en hospitales públicos significan un alto costo para el Estado municipal o nacional.
Según informa el documento publicado por el Consejo Social y Económico, una angioplastia cuesta en Argentina unos US$ 7 mil y un bypass cardíaco, US$ 15 mil. “Recuerdo el caso de un paciente ecuatoriano que viajó a la Argentina para poder tratarse una hepatitis crónica ya que en su país no tenía la cobertura necesaria. Hoy la dosis del medicamento para ese tratamiento cuesta $ 88 mil. Una endoprótesis vascular para un aneurisma de aorta, que algunos hospitales públicos colocan, cuesta US$ 20 mil”, describe un médico de un hospital porteño que prefiere mantener su nombre en reserva.
“¿Se pueden atender los extranjeros en los hospitales porteños?”, le preguntó el periodista Matías Martin al entonces flamante jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en 2008. “Sin pagar, no”, respondió sin dudar Macri, lo que generó una denuncia del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por sus contenidos discriminatorios.
“Macri lo planteó mal, porque lo encaró sobre la gente, pero el problema es de los gobiernos. Lo de la gente es lógica pura, porque si estás a 50 km y no tenés un hospital que esté en condiciones cerca de tu casa, vas a venir a la Ciudad para que te atiendan”, destaca Bodart. “Pero por ese lado es correcto encarar este debate, nosotros somos una megaurbe, la división es artificial entre provincia y Capital. En eso se tiene que trabajar desde los gobiernos”.
Tan sólo basta recorrer los pasillos de algún hospital porteño y hablar con médicos y trabajadores para entender que existe una discusión de fondo que, por lo menos hasta ahora, la dirigencia política no está dispuesta a atender. “Alguien se tiene que hacer cargo de los gastos que generan los que se atienden acá, pero no son vecinos”. “Vienen grupos de inmigrantes para hacerse cirugías que obviamente necesitan y, por ejemplo, ya tienen los turnos para hacerse los estudios previos. Eso indica que alguien antes ya se tomó el trabajo de sacarles los turnos”.
Ante esta situación, el legislador porteño Alejandro Bodart alerta que, “a medida que crece la desocupación, el país no despega y hay problemas, se alienta desde algunos sectores –y mucha gente se confunde– que la solución sería sacarse de encima a los extranjeros. ”.
