El Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, anunciado a fin de junio, requiere un estudio serio y profundo. Es una cuestión que no solo hace a las relaciones diplomáticas y al comercio exterior, porque afecta al conjunto de la economía de nuestros países, por lo tanto es fundamental para los trabajadores. Presentado como un “Acuerdo de Asociación Estratégica”, su análisis no debe quedar atrapado en las controversias políticas de tipo electoral, ya que sus alcances trascienden lo meramente coyuntural.
Asimetrías. Es necesario, ante todo, señalar que tanto el Mercosur como la Unión Europea son dos bloques atravesados por múltiples asimetrías. Visto globalmente, a nadie se le escapa el diferente poderío económico entre los dos bloques en términos de producto bruto, ya se mida por su total o per cápita, en materia financiera o desarrollo industrial y tecnológico. Por otro lado, los términos de intercambio hasta hoy, previo al Acuerdo, nos dicen que una quinta parte del comercio exterior del Mercosur se realiza con la Unión Europea. Pero mientras nuestras exportaciones están formadas en su gran mayoría por productos agrícola-ganaderos y de la minería, el grueso de nuestras importaciones desde Europa son bienes industrializados y servicios comerciales.
La experiencia muestra que las asimetrías de este tipo tienden a aumentar con la firma de acuerdos de libre comercio y que sus efectos impactan negativamente en el desarrollo de los países con economías más primarizadas.
México. En los 25 años desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el producto bruto mexicano creció a un ritmo de solamente el 1,5 % ciento anual, por debajo del conjunto de nuestra región y apenas por encima del muy mal promedio de la Argentina, de 1,2% anual en ese mismo período.
Por las características de nuestras economías, es difícil pensar que, tal como viene planteada, la asociación entre Mercosur y UE resulte muy diferente. Las famosas “ventajas comparativas” apuntan a que nuestra producción de alimentos y bienes primarios sea, en principio, más competitiva.
Es aquí donde entran a actuar otras asimetrías: las que se viven dentro de cada uno de los bloques regionales. De este lado del océano, para Uruguay y Paraguay, países con baja industrialización, la situación es muy distinta a las del Brasil y la Argentina, con una muy fuerte participación de las manufacturas en su producción y, al menos hasta no hace mucho, en la generación de empleo.
No son las únicas diferencias. Del otro lado del Atlántico las declaraciones de productores y de las mismas autoridades de Francia, o las reacciones en Polonia e Irlanda, muestran que los sectores agrarios de Europa no tienen buena predisposición para la “libre competencia” con productos originados en el Mercosur. Recordemos que la política europea de subsidiar a sus productores rurales tiene más de setenta años de aplicación, por lo que el levantamiento de aranceles a las exportaciones de nuestra región encuentra fuertes resistencias. El Comisionado de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan, ha dicho que solo abrirían su comercio a los productos agrícolas de nuestra región “con cuotas cuidadosamente administradas”, y los anuncios sobre esa “apertura”, en plazos que llegan hasta los diez años, parecen confirmarlo. En cambio, los europeos esperan beneficiar a sus exportaciones en unos 4 mil millones de euros anuales con las quitas de aranceles del Mercosur, que serían aprovechadas no solo por sectores con una gran “ventaja comparativa” para la industria europea, como los de maquinarias, automóviles y autopartes, productos
químicos y farmacéuticos, sino también por los de ropa, calzado, textiles, lácteos y alimentos.
Proteccionismo sano. Hace más de dos años en una nota de mayo de 2017, advertía sobre estos problemas e instaba a tener prudencia ante las negociaciones del Acuerdo de libre comercio, que comenzaban por entonces. Allí manifestaba mi preocupación, entiendo compartida por muchos compatriotas, ante la falta de estrategias para revertir la caída de la productividad argentina, cuyos efectos golpeaban a los más diversos sectores, no solo las manufacturas sino también los vinculados a la producción agropecuaria. Y destacaba que lo que sigue estando, en juego no es un aumento en el volumen de las exportaciones primarias, sino la matriz productiva.
Aquella observación surgía al ver que desde las esferas gubernamentales planteaban ahondar una apertura económica ya en marcha, sin contar con estrategias coherentes de desarrollo, en un país en el que todos los días cierran o reducen su actividad empresas, con los despidos y suspensiones consiguientes. Si Brasil, en algunos rubros como la industria farmacéutica o aeronáutica, por ejemplo, cuenta con estructuras que gozaron de sistemas de promoción por décadas y, en general, muestra un entramado productivo más sólido, distinto es el caso de la Argentina, mucho más vulnerable, ante el embate de las importaciones y de la desregulación indiscriminada.
Esa falta de estrategia es lo que falta en áreas claves para impulsar el desarrollo integral de nuestro país, como son la pesca, las actividades navales, portuarias y, en general, todas las relacionadas con los intereses marítimos y fluviales.
En efecto nuestro territorio marítimo, ese otro “país líquido” que en extensión y, sobre todo, en recursos equivale al “país seco” de tierra firme, viene siendo explotado e incluso depredado por otros países, entre ellos, los integrantes de la Unión Europea. Hace no menos de diez años que esas naciones subsidiaron su industria naval y, mediante acuerdos con empresas mixtas o filiales, mandaron parte de su flota a operar en nuestros caladeros.
Para ello bastó la desidia de los gobernantes de turno, que no desarrollaron políticas para aprovechar nuestro potencial.
Ahora, con un acuerdo cuyas cláusulas, tal como están redactadas, otorgan a la flota pesquera europea la libre circulación en mares y ríos internos del Mercosur, esa triste realidad se agravará.
A tiempo. Aún estamos a tiempo para defender nuestros intereses, tanto los nacionales de la Argentina como los del Mercosur. Si bien los negociadores en nombre de nuestro bloque regional y sus colegas de la Unión Europea han firmado el Acuerdo, éste requerirá, para entrar en vigencia, la aprobación de los Poderes Legislativos de todos y cada uno de los Estados miembros de ambos bloques. Será un proceso que demandará aún algunos años.
El Congreso de la Nación, en la nueva conformación a partir de las elecciones de octubre de este año tendrá una enorme responsabilidad: otorgarle una dimensión social, a este acuerdo.Por ahora la negociación está confiscada por los gobiernos, los diplomáticos o los expertos lo cual provoca un déficit en la participación de los pueblos.
No es una cuestión de cálculos electorales ni tampoco de ideologías. No se trata de una discusión en abstracto sobre “abrir” o “cerrar” la economía, sino de defender el interés del país. Se trata, nada menos, que pensar una estrategia de desarrollo. Es parte inseparable de un proyecto para el país todo. Y, por eso, tal vez convenga recordar las palabras de un gran liberal que supo presidir la República, Carlos Pellegrini:
“Sin industria, no hay Nación”.
* Secretario general CATT.