El pasado 11 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC. Ochocientos efectivos de esa fuerza militarizada recibieron la instrucción de “restablecer el orden público”. Trump advirtió, asimismo, sobre la posible movilización de integrantes de las fuerzas armadas.
Para esta medida, a diferencia de lo ocurrido en Los Ángeles tres meses atrás, Trump invocó la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia. La norma contempla, en su Sección 740, una cláusula que autoriza al primer mandatario a asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana del distrito “con fines federales” y “en condiciones especiales de emergencia”.
La decisión adoptada resulta problemática por una serie de razones. En primer lugar, la citada normativa solo autoriza el control federal por un período de 48 horas, que podría extenderse a treinta días. Superado este plazo, el Poder Ejecutivo necesita la aprobación del Congreso. En este contexto, el presidente norteamericano amenazó con recurrir a las fuerzas armadas, lo que contravendría las limitaciones fijadas por la Posse Comitatus Act (1878). En segundo lugar, Trump argumentó que la medida se tomó debido a que “la falla del gobierno de la ciudad para mantener el orden público y la seguridad ha tenido impacto directo en la capacidad del gobierno federal para funcionar eficientemente”.
Trump añadió que “la magnitud de la crisis de delitos sitúa al distrito de Columbia entre las jurisdicciones más violentas de los Estados Unidos”. Al respecto, señaló que en 2024 ha presentado la tasa de homicidios más alta de los cincuenta estados”, con 27,5 homicidios cada 100 mil habitantes (ver gráfico).
Para poner en perspectiva el problema de inseguridad en Washington DC, es útil comparar sus cifras con otras ciudades del mundo. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Rosario fue de 6,84 cada 100 mil habitantes en 2024, mientras que la de la Ciudad de Buenos Aires registró 2,5 cada 100 mil habitantes. En contraste, la ciudad de Durán (Ecuador) tuvo una tasa de 148 homicidios cada 100 mil habitantes en 2023. Aunque la problemática ha mejorado en Brasil, este país aún presenta ciudades violentas como Camaçari, Feira de Santana y Salvador (todas en Bahía), Macapá (Amapá) y Caucaia (Ceará), con tasas de homicidios superiores a 65 cada 100 mil habitantes.
Historia de la US National Guard.La Guardia Nacional de los Estados Unidos tiene sus orígenes en las milicias creadas durante el gobierno colonial británico y, en particular, se toma como origen el año 1636, cuando se organizó el primer regimiento en Massachusetts. Posteriormente, la Ley de Milicias de 1903 (Ley Dick) y sus sucesivas modificaciones y normas complementarias –la enmienda de 1908, la Ley de Defensa Nacional de 1916, la enmienda de 1933 y la Ley de Seguridad Nacional de 1947– dieron a la Guardia Nacional su organización y estructura actuales, transformándola en una fuerza militar de reserva perteneciente a los Estados, que puede ser federalizada por el presidente en tiempos de crisis. Actualmente, cuenta con 430 mil efectivos.
Su organización y funcionamiento están fijados por el Título 32 del Código de los Estados Unidos. Allí se establece que la US National Guard constituye una fuerza intermedia conformada por voluntarios y cumple misiones tanto de defensa como de seguridad interior. Cada uno de los estados de la Unión posee su Guardia Nacional, que actúa en apoyo ante desastres naturales o disturbios civiles bajo control del gobernador. Ante conflictos internacionales, sus efectivos se incorporan a las filas de las fuerzas armadas bajo los poderes de guerra del presidente.
La Guardia Nacional es comandada por el National Guard Bureau (NGB), que se encuentra bajo la órbita del Departamento de Defensa. El Buró actúa como enlace entre los estados de la Unión y los secretarios del Ejército y la Fuerza Aérea. El jefe del NGB es un miembro de la Guardia Nacional, fuerza que se encuentra dividida entre la Guardia Nacional del Ejército –primera reserva del Ejército estadounidense– y la Guardia Nacional Aérea –primera reserva de la Fuerza Aérea–. La fuerza depende de los gobernadores cuando no se encuentra bajo servicio federal, por lo que cada mandatario provincial designa a un adjunto general para comandarla en su función local. Existen 54 guardias nacionales organizadas en los cincuenta estados, el distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los territorios de Guam y las islas Vírgenes.
Con la mirada hacia adentro.El Washington Post ha revelado, a principios de agosto, documentos internos del Pentágono que dan cuenta de un plan para crear una Fuerza de Reacción Rápida ante Disturbios Civiles. Esta unidad, que estará integrada por efectivos de la Guardia Nacional, tendrá por misión desplegarse rápidamente en ciudades estadounidenses que enfrenten protestas o disturbios masivos”. Dispondrá de 600 efectivos, divididos en dos grupos de 300, preposicionados en Alabama y Arizona.
En este contexto, cabe recordar el antecedente de 2020, cuando, tras meses de disturbios en toda la Unión como consecuencia del asesinato de George Floyd, Donald Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional. En aquella ocasión, el mandatario también intentó recurrir a las fuerzas armadas, pero se enfrentó con la negativa del entonces secretario de Defensa, Mark Esper (2019-2021), y del jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley (2019-2023).
Sobre la base de los antecedentes de 2020 y los recientes disturbios en Los Ángeles, el plan pergeñado en el Pentágono procura otorgar al gobierno federal la capacidad de movilizar tropas bajo el Título 32. Sin embargo, su interpretación legal es altamente cuestionable. Según Joseph Nunn, asesor del Brennan Center, esta propuesta es de “dudosa constitucionalidad” y advierte que “no se debe normalizar la participación de personal militarizado de manera rutinaria en tareas propias de las fuerzas del orden”.
En esta misma dirección, a principios de septiembre se conoció la resolución del juez federal de California, Charles Breyer, que dictaminó que el presidente Trump violó una ley del siglo XIX al desplegar la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles para contener protestas relacionadas con redadas migratorias. El tribunal concluyó que Trump infringió la Posse Comitatus Act (1878), que prohíbe el uso de fuerzas militares en suelo estadounidense para asuntos internos de seguridad, y ordenó la retirada de dichas tropas de California. La medida está pendiente de efectivización.
Finalmente, los investigadores del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Mark Cancian (coronel retirado del Cuerpo de Marines) y Chris Park, señalan que el personal militar no está capacitado en las complejidades de recopilar pruebas y construir un caso sólido ante un tribunal. De hecho, casi la mitad del programa de 27 semanas de la Academia de Policía está dedicado al procedimiento penal. En cambio, el personal militar está capacitado para eliminar la amenaza inmediata, lo que a menudo implica acciones que perjudicarían un caso judicial.
En la misma línea se ha pronunciado en el Washington Post el analista conservador Max Boot, figura destacada del prestigioso Council on Foreign Relations, en un artículo en donde problematiza la reciente decisión de Trump de renombrar la Secretaría de Defensa como Secretaría de Guerra: Los despliegues internos instruidos por Trump son gestos ostentosos que restan valor a la misión principal de las fuerzas armadas, la de combatir en la guerra, y las ponen en un camino peligroso de participar en acciones potencialmente ilegales.
Por último, dos periodistas que cubren el Pentágono y la Casa Blanca –Paul McLeary y Daniel Lippman– han revelado que el borrador de la nueva Estrategia de Defensa Nacional (EDN) que llegó al escritorio del secretario de Defensa, Peter Hegseth, propone que el Departamento de Defensa priorice cuestiones de seguridad interna. Este enfoque representaría un cambio significativo con respecto a las directrices estratégicas de gobiernos anteriores, incluido el primer mandato de Trump (2017-2021).
De Georgia a la Argentina. A contramano de lo que prescribe la mirada experta de finos analistas como Boot, Cancian, Park o Nunn –todos ellos críticos de la policialización de las fuerzas armadas–, en nuestro país el ministro de Defensa, Luis Petri, firmó el pasado 11 de abril la Resolución MD 347/2025, por la que autoriza a los efectivos militares a proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia. Según el ministro, se guiarán por los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad ( ) que se usan para las fuerzas policiales.
Debe recordarse que el 10 de noviembre de 2016, el estado de Georgia (Estados Unidos) informó que su Guardia Nacional había sido seleccionada como la operadora del Comando Sur para la Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP) del Departamento de Defensa. Según la información que publica la US National Guard, los acuerdos enmarcados en el SPP no exhiben áreas de responsabilidad diferenciadas entre defensa externa y seguridad interior. Entre las supuestas bondades de este tipo de programas se incluyen el mejoramiento de las capacidades en materia de seguridad en las fronteras, los puertos y la aviación, lucha contra el tráfico de narcóticos, lucha contra el terrorismo y desafíos a la ciberseguridad.
Si bien el adiestramiento con la Guardia Nacional de Georgia estuvo inactivo durante el período 2019-2023, el acuerdo no fue cancelado y el actual gobierno retomó la senda que Macri había iniciado en 2016. En efecto, el 15 de mayo de 2024, el ministro Petri se reunió con el titular de la Guardia Nacional de Georgia (el adjunto general Dwayne R. Wilson) para relanzar el acuerdo y definir futuros entrenamientos del Ejército Argentino.
Por otra parte, a finales de agosto, el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp, visitó nuestro país. Además de los actos protocolares de rigor, se realizó un ejercicio conjunto en la central nuclear de Atucha, que incluyó simulacros de evacuación de escuelas, descontaminación de vehículos, monitoreo aéreo y control de radiación. Participaron de la ejercitación, además de las tres Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de Georgia, Gendarmería, Prefectura, Bomberos, Policía Federal, Policía Bonaerense, Trenes Argentinos, Defensa Civil y la Agencia Federal de Emergencias.
Policialización de las Fuerzas Armadas. No está de más recordar que los militares argentinos experimentaron la incorporación de lineamientos policializantes durante la última mitad del siglo XX, en paralelo a la absorción de los criterios contrainsurgentes que estructuraban las doctrinas de Guerra Revolucionaria (Francia) y Seguridad Nacional (Estados Unidos). Según el Informe de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur (Informe Rattenbach), estas doctrinas tuvieron un impacto determinante en el desempeño de las Fuerzas Armadas argentinas en la Guerra de Malvinas (1982).
Tal vez el caso más emblemático sea el del exmarino Alfredo Astiz, conocido por infiltrarse entre las Madres de Plaza de Mayo y por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Durante la Guerra de Malvinas, Astiz se encontraba al frente del grupo Alfa, con un total de 15 hombres a su cargo, que debía llegar a Puerto Leith (Georgias del Sur) con la instrucción de resistir hasta las últimas consecuencias (según surge de la declaración del contraalmirante Edgardo Aroldo Otero, jefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada ante la Comisión Rattenbach). La historia es conocida: Astiz se rindió sin disparar un solo tiro.
No es necesario ir tan lejos para encontrar ejemplos sobre las consecuencias desprofesionalizantes de la policialización militar. El pasado 4 de abril, la joven Brisa Páez, marinera segunda de 21 años de la Armada Argentina, sufrió graves lesiones durante un ejercicio de entrenamiento antidisturbios. El incidente ocurrió en la Escuela de Técnicas y Tácticas Navales en Vicente López, una de las sedes de la Facultad de la Armada, parte de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef). Como resultado de la paliza recibida, Brisa Páez entró en coma inducido durante días, ya que los médicos no podían controlar las convulsiones que padecía tras recibir una patada voladora de uno de los instructores. Este hecho dio lugar a un expediente judicial, que resultó en el procesamiento de varios de los involucrados.
Este es el contexto de policialización militar en el que se prepara la Defensa Nacional para hacer frente a las consecuencias sociales inevitables que traerá la política económica del gobierno de Javier Milei.
*Doctor en Ciencias Sociales (UBA).
**Doctor en Ciencia Política (Unsam).
