Los gobernadores y representantes de todas las provincias estuvieron este lunes reunidos con autoridades del Gobierno Nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde no se logró llegar a un acuerdo. Al respecto el subsecretario de Hacienda y Finanzas de la provincia Formosa, el contador Miguel Antinori, indicó que los mandatarios provinciales avanzan con su propia agenda para conseguir los recursos que el Gobierno nacional les niega.
Un reclamo federal sin distinción partidaria
En una decisión inédita, todas las provincias argentinas, sin importar el color político de sus mandatarios, se unieron para presentar en el Congreso un proyecto de ley que busca recuperar el control de fondos que por derecho les corresponden, pero que hoy están bajo el manejo exclusivo del Gobierno Nacional.
Los dos ejes principales del proyecto son Automatizar y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), eliminando la discrecionalidad del Ministerio del Interior y Modificar la Ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos, eliminando fideicomisos intermedios para que el 58,36 % del gravamen quede directamente en las provincias.
El “superávit fiscal” que oculta un ajuste brutal a las provincias
Según un informe reciente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, las provincias perdieron $30,4 billones (millones de millones) a causa de $13,4 billones por caída de la coparticipación debido a la recesión económica y cambios tributarios. A eso se suma la pérdida de $7,7 billones por recorte de transferencias no automáticas que el Gobierno dejó de enviar pese a estar legalmente obligadas y $9,3 billones por fondos recaudados, pero no ejecutados, como el ATN, el Impuesto País para obras sociales y los impuestos al combustible para infraestructura vial.
Estas pérdidas equivalen a 6,4 meses de ingresos de origen nacional (RON), casi el 60 % de la coparticipación anual, y representan un 35 % del total recibido durante la gestión Milei. En otras palabras: el Gobierno muestra equilibrio fiscal mientras vacía las arcas provinciales.
Además del ajuste presupuestario, el subsecretario de Haciendas y Finanzas explicó que “la Nación mantiene una deuda superior a los $2 billones con las provincias que conservan sus propias cajas jubilatorias”. Son 13 las provincias que deben recibir las transferencias del Tesoro nacional para compensar el no haber transferido sus cajas previsionales a la Nación, Formosa, Córdoba, Buenos Aires (Provincia), Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Sin embargo, a partir de diciembre de 2023 el Gobierno de Milei suspendió los giros mensuales estipulados (bajo el argumento de realizar una auditoría), lo que dejó deudas abultadas acumuladas durante 2024. Este incumplimiento pone en riesgo el pago de haberes provinciales y constituye otro recorte estructural que alimenta un superávit nacional ficticio, logrado a costa de los jubilados y del federalismo.
pertenecen a las provincias.
Un ajuste que golpea la salud, la educación y la obra pública
Sobre esta quita de fondos,el contador Miguel Antinori, aclaró que “no solo es un dato contable: se traduce en hospitales sin insumos, escuelas sin mantenimiento, rutas paralizadas sin mantenimiento y programas sociales desfinanciados. Los gobernadores sostienen que este recorte silencioso rompe el pacto federal y atenta contra la equidad territorial”.
El proyecto propone devolver autonomía a las provincias, garantizar la transparencia en la distribución de recursos y evitar que la Nación utilice los fondos como herramienta de presión política o ahorro artificial. Como sostienen varios mandatarios: “No se puede hablar de equilibrio fiscal cuando se logra a costa de empobrecer a las provincias y desmantelar el Estado en el interior del país”. En medio de la crisis económica, los gobernadores decidieron tomar la iniciativa y dar la batalla por un federalismo real, con reglas claras y distribución justa. La pregunta ya no es si hay plata, sino quién se queda con ella y para qué la usa.
