En numerosas oportunidades hemos manifestado la preocupación por la gran discriminación fiscal que sufre la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses tenemos 15 puntos de diferencia negativa entre lo que aportamos y lo que recibimos de los recursos tributarios nacionales. Desde 1996 estamos incumpliendo el mandato constitucional de una nueva ley convenio de coparticipación que organice de manera equitativa el reparto de estos recursos. Una deuda con la constitución, con la democracia, y especialmente con los bonaerenses.
Los recursos que llegan a la provincia de Buenos Aires de manera diaria y automática no alcanzan, y en compensación se han multiplicado los recursos discrecionales que terminan dependiendo de la voluntad política del momento, o de la relación política entre el presidente y el gobernador. Aún así, estamos en una situación de desventaja para lograr el desarrollo social, territorial, de la infraestructura, la producción y el trabajo.
Hay un tema puntual que quiero marcar en esta oportunidad: es la discriminación que también se genera por el gran aporte que hace la provincia y nuestros productores en términos de exportaciones de productos y manufacturas de origen agropecuario. La agroindustria bonaerense es uno de los motores del crecimiento de la Argentina, y lamentablemente la contribución que hace este sector en términos de impuestos nacionales se queda en el estado federal y no vuelve a los bonaerenses. Desde ya, en lo personal pienso que las retenciones deberían ir bajando, que no se justifica conceptualmente un impuesto a la exportación, pero eso es para otra nota. El planteo en este caso apunta a reflexionar sobre cómo la Provincia es sistemáticamente discriminada.
Las exportaciones del agro bonaerense representaron, en 2021, el 30% de las exportaciones argentinas en este rubro. Le generaron al tesoro nacional algo más de 3000 millones de dólares por retenciones y derechos de exportación. Si tomamos esta gran contribución que hacen los productores bonaerenses con su valioso esfuerzo, la misma equivale al 35% de los recursos que la provincia recibe por el régimen de coparticipación federal de impuestos. Imagínense lo que eso significaría si diariamente ingresaran a las arcas de los bonaerenses, que son quienes realizan el aporte a la cuenta nacional. A su vez, si esos recursos llegaran a la provincia y se coparticiparan en los términos de la ley 10.559, los municipios bonaerenses recibiríamos 45.000 millones de pesos adicionales por año.
Si bien por la constitución los recursos del comercio exterior son de potestad exclusiva del gobierno nacional, es importante este ejercicio para marcar la enorme contribución que realizan los productores agropecuarios y agro industriales bonaerenses en un contexto de fuerte discriminación fiscal contra la provincia de Buenos Aires.
Hay otras provincias que por ejemplo tienen explotación de gas y petróleo y por ella cobran regalías, en compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables que se extraen de su subsuelo. Uno podría argumentar que esto es análogo a los derechos de exportación de productos de origen agropecuario, que la provincia no percibe. Esta situación acentúa aún más la desventaja y la inequidad que sufrimos los bonaerenses.
No estoy proponiendo de ninguna manera que la provincia reciba recursos por impuestos al comercio exterior, desde ya en ese sentido hay que respetar la constitución. Pero también debemos respetarla cuando se plantea que los argentinos merecemos una ley de coparticipación equilibrada y que reconozca los esfuerzos de cada una de las provincias que constituyen el Estado federal. La nación tiene una deuda con los bonaerenses.
