El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Oscar Lijo, quedó al frente de una pesquisa que sacude al sector pesquero argentino. La causa se tramita en Comodoro Py 2002, tercer piso, Secretaría 8, y apunta a dilucidar si hubo pagos ilegales en el otorgamiento de las Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza negra que administra el Consejo Federal Pesquero (CFP).
La investigación se originó por una denuncia presentada por los letrados Fernando Burlando y Juan Tiberio en nombre de Prodesur S.A., firma que se considera perjudicada por haber quedado fuera del cupo de explotación de ese recurso premium del Atlántico Sur. Según la presentación, varios integrantes del CFP habrían recibido “sumas en dólares” para inclinar su dictamen y favorecer a un reducido grupo de compañías, conformando un verdadero oligopolio en desmedro de la demandante.
La merluza negra en la asignación de cuotas del Consejo Federal Pesquero
La merluza negra, especie de alto valor comercial y con capturas limitadas, se distribuye mediante CITC que, en teoría, deberían adjudicarse con criterios de transparencia y sustentabilidad. Prodesur alega contar con buques, historial de pesca y capacidad técnica equivalentes o superiores a los de sus competidores, pero sostiene que fue marginada por un esquema de sobornos que distorsionó el puntaje técnico y económico.
Si el tribunal logra acreditar cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público, el antecedente podría abrir la puerta a una reforma integral del sistema: desde aplicar mayores controles patrimoniales hasta licitar públicamente las cuotas, tal como ya prevé la Ley 24.922 pero rara vez se practica en la actualidad.
Antecedentes y expedientes unificados
El expediente se unificó con la causa 9027/2024, impulsada por el diputado provincial Gustavo Arnaldo Pulti, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Legislatura bonaerense, quien aportó documentos y testimonios que respaldan la hipótesis de pagos indebidos dentro del CFP. Para la acusación, la consolidación de ambos legajos refuerza el cuadro probatorio y acelera la posibilidad de que el juez cite a indagatoria a los funcionarios involucrados antes del receso invernal.
En la investigación, ya se libraron oficios a la Prefectura Naval y a la Dirección Nacional de Pesca para acceder al historial de capturas y a los movimientos bancarios de los consejeros investigados. También se analizará si existieron sociedades vinculadas en el exterior que pudieran haber canalizado los supuestos sobornos.
Aunque el estudio encabezado por Burlando evita calificar públicamente la maniobra (“es la Justicia la que debe hablar”, repiten) en los pasillos de Tribunales se descuenta que el caso tendrá impacto político: el CFP integra a representantes de Nación y de las provincias con litoral marítimo, varios de los cuales aspiran a cargos legislativos en 2025.
Un posible precedente para futuras asignaciones en el sector pesquero
De comprobarse los hechos, el fallo de Lijo podría convertirse en un precedente para que futuras asignaciones de CITC se realicen mediante subastas abiertas o con controles externos más estrictos, lejos de las negociaciones a puertas cerradas que hoy dominan el sector.
Entre los próximos pasos de la causa figuran peritajes contables y la declaración de testigos clave del ámbito pesquero.
