La trayectoria política de Alberto Fernández se inició con el retorno de la democracia y tiene reminiscencias que luego de las elecciones del domingo pasado cobran otra dimensión. Sobre todo, las que vinculan al presidente electo con denuncias de corrupción durante su paso en la gestión pública del menemismo.
En este trabajo el Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruyó el momento en el que Fernández recaló en la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) entre 1989 y 1995 y ocupó un lugar en el directorio del Instituto del Reaseguro (INdeR) durante el gobierno de Carlos Menem. En ese entonces el organismo que debía controlar Fernández fue denunciado por una presunta malversación de fondos.
La denuncia de corrupción fue impulsada en su momento por Roberto Guzmán, ex ministro de Economía de Salta, que intervino el INdeR en 1995 por pedido del influyente ministro Domingo Cavallo. La denuncia señalaba los presuntos pagos inflados desde el Instituto por siniestros que estaban demorados y que se inventaban o modificaban para favorecer discrecionalmente a algunas empresas. Era un mecanismo, según Guzman, que podía ser posible gracias a un escaso control de la creciente deuda que iba contrayendo el INdeR mientras Fernández era parte de su directorio.
Cuando Guzmán se convirtió en el interventor, la deuda del INdeR con empresas del sector era de 1.200 millones de pesos o dólares, según la Convertibilidad. Pero de acuerdo a los cálculos del interventor, esa deuda no debería haber sido superior a los 500 millones de pesos o dólares. Con la sospecha de estas irregularidades, Guzmán les encargó a los abogados Luis Moreno Ocampo y su socio en aquel momento, Hugo Wortman Jofré, una auditoría externa.
El Equipo de Investigación accedió a una copia del informe preparado por el estudio de Moreno Ocampo, donde se revelan detalles de la denuncia. El documento se titula “La mafia del INdeR” y fue publicado en octubre de 1995 en una revista de Poder Ciudadano. Allí se asegura que quienes estaban en el directorio del Inder —tal es el caso de Fernández— no fueron eficientes para detectar esta metodología de desfalco. Y se la describe: “Personas que ofrecían dos clases de negocios a las compañías de seguros: primero, obtener rápidamente los pagos de las sumas que el Inder adeudaba. Segundo, crear falsamente una deuda y obtener su cobro. Se pagaban montos mucho más altos que los contratados. Se pagaba hasta tres veces la misma póliza. (...) Algunas compañías habían cobrado más de 60 millones de dólares y otras no habían cobrado un peso”.
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Alberto Fernández no estuvo mencionado en la denuncia y sostiene hasta el día de hoy que no tuvo ninguna relación con ese supuesto desfalco. “Nosotros denunciamos y Moreno Ocampo avanzaba sobre nuestros datos, como abogado querellante del INdeR. Pusimos en conocimiento del INdeR hechos que lo damnificaban y que eran atribuibles a empresas de seguro que la SSN controlaba”, explicó el presidente electo al Equipo de Investigación. Además, Fernández, en su defensa, agregó que los hechos denunciados no se relacionan directamente con el organismo que él lideraba, la Superintendencia.
El Equipo de Investigación se contactó con Moreno Ocampo. “Nosotros trabajábamos para el INdeR y teníamos que investigar si los reclamos que se le hacían al INdeR eran válidos, porque Guzmán quería evitar la corrupción durante su gestión. Además, muchas veces nos pedía que nos metiéramos también en los casos que denunciaba Alberto en la SSN”, aseguró el exfiscal del Juicio a las Juntas.
En el escrito que había sido elaborado por Moreno Ocampo se explica una de las soluciones que tomó Guzmán cuando intervino el INdeR, poco tiempo antes de que Fernández abandonara la SSN. “Hasta ese momento, los siniestros cuyos montos eran inferiores a 10 mil dólares se pagaban en forma automática ante el solo reclamo de las compañías. La mera exigencia de copia del cheque de pago redujo los reclamos de un promedio mensual de 5 millones de dólares a 675 mil dólares”.
Guzmán fue el principal denunciante en esta causa y escribió un libro sobre el tema titulado Saqueo asegurado. “Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del instituto). Así, en tanto miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y las reaseguradoras”, denunció en su libro. Pero no pudo avanzar con su denuncia: Guzmán falleció en 2004.
Su posta la tomó el periodista Julio Nudler, columnista económico de Página/12, que murió un año después que Guzmán y que dejó esta descripción sobre el caso en una columna que nunca se publicó: “Fernández se encargó en su larga gestión al frente de la SSN de amparar el ocultamiento que muchas compañías hacían en sus balances de los juicios que tenían entablados en su contra por siniestros, ello para no tener que constituir las reservas de rigor”. El enfrentamiento de Nudler con Página/12 por la censura a su columna desató una polémica dentro de la Asociación Periodistas, que tras este episodio, dejó de existir.
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En cuanto al camino que recorrió la causa, según consignó la Revista Mu en 2004, los jueces Jorge Urso y Rodolfo Canicoba Corral recibieron las denuncias, pero las archivaron. Urso ya se retiró de la Justicia. Pero Canicoba Corral, que sigue en funciones, no quiso responder los llamados del Equipo de Investigación para hablar sobre este tema.
“Yo me fui de la SSN en 1995 y la causa estaba abierta, pero después no sé en qué quedó. Eso debe saberlo Moreno Ocampo”, agregó Fernández ante el Equipo de Investigación. En cambio, Moreno Ocampo sostuvo: “Mi estudio ayudó a Guzmán en su intento de sanear el INdeR. Yo me fui de Argentina en el 2002 a enseñar en Stanford y en Harvard y no sé cómo terminaron las causas penales”. En tanto, su viejo socio, Wortman Jofré, no respondió a las consultas para esta investigación.
Cuando Fernández finalizó su mandato en la SSN lo reemplazó su amigo y compañero de estudios de la Universidad de Buenos Aires, Claudio Moroni, quien se mantuvo en el cargo hasta 2004 y luego pasó a la Sindicatura General de la Nación. Las denuncias también abarcan esta gestión. El Equipo de Investigación se contactó con Moroni, que será el nuevo ministro de Trabajo cuando asuma la Presidencia Alberto. Pero el flamante funcionario no quiso brindar su testimonio.
Luego del triunfo de Alberto en las PASO, el periodista Santiago O’Donnell retomó esta vieja denuncia y la publicó en su sitio Medio Extremo. “Cada vez que Alberto Fernández dice en una entrevista, y ya lo escuché en varias, que nunca fue acusado de corrupción, no puedo dejar de pensar que es un hombre con suerte, ya que sus dos principales denunciantes están muertos”, comienza la nota de O'Donnnell, titulada “Alberto Fernández y la mafia del INdeR”.
Guzmán y Nudler están muertos. Y la causa está archivada.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
