Seis empresas concentran gran parte de los recursos que el gobierno porteño destina al centenar de proyectos de infraestructura en ejecución. Así se desprende de los datos del observatorio de obras urbanas publicado por la administración de la Ciudad de Buenos Aires, actualizados al 27 de diciembre y analizados por el Equipo de Investigación de Perfil Educación.
La gestión de Horacio Rodríguez Larreta tiene en la actualidad 94 obras en marcha por 16 mil millones de pesos, sin contar aquellas en estado de licitación o en proyecto, con lo que el número llega a 120. De esos 94 desarrollos, un puñado de empresas, con contratos por encima de los mil millones, abarcan más de la mitad de la masa de recursos. Son 67 empresas o consorcios distintos los que participan en proyectos en avance. A ellas, se suman las más de 900 finalizadas en los últimos cuatro años, según datos oficiales a los que accedió el Equipo de Investigación.
Constructora Sudamericana, Supercemento, Benito Roggio, Panedile, Rovella Carranza, y Pecam ocupan una importante porción de la torta que se destina en la actualidad de los trabajos en ejecución. Entre ellas, se reparten más de 8 mil millones, en especial al participar en los proyectos más caros. Los datos surgen del portal BA Obras puesto en línea por el gobierno porteño en 2017 como parte del ecosistema de gobierno abierto.
Constructora Sudamericana, de origen chileno, es la que encabeza, al sumar cuatro proyectos por 4.838 millones. Presidida por Rudi Boggiano, la empresa resultó adjudicada en dos licitaciones para construir institutos del complejo que reemplazará a la cárcel de Devoto y que se construye en Marcos Paz, junto al predio federal. Ambos contratos superan los 2.700 millones de pesos.
La declaración que complica judicialmente a Mauricio Macri en la causa Autopistas
La firma chilena ganó también una licitación por 1.177 millones de pesos para edificar 802 "unidades funcionales" en el barrio 31 (ex villa 31) en terrenos comprados a YPF. Asimismo, tiene a cargo tres nuevos edificios que se emplazarán en el Parque Olímpico, con la intención de mudar al Cenard a la zona sur. La obra, en medio de las controversias por quienes resisten la mudanza, registra un avance del 11% y está presupuesta en 903 millones.
El trazado de la Autopista Illia es la obra de la Ciudad más cara que corre por carriles normales. Con un costo de 1585 millones de pesos está a cargo de una unión transitoria de empresas (UTE) formada por las empresas Supercemento, Rovella Carranza y Panedile. La obra consiste en la construcción de una nueva vía rápida urbana entre la avenida 9 de Julio y el peaje Retiro.
Siempre de acuerdo a la base de datos del gobierno porteño, la firma que le sigue es Pecam SA que reúne contratos por 1.200 millones. Ganó una licitación para construir 2600 viviendas y locales en el barrio Fraga (Chacarita) por 388 millones y lleva adelante dos contratos para la realización de más de 400 casas en la zona del Riachuelo, en Barracas, que le reportan 511 millones. A su vez, participa en la construcción de otras 2600 viviendas en el barrio de Fraga junto a las firmas CRIBA y Conorvial por 314 millones.
Benito Roggio se ubica a continuación con contratos que suman 1039 millones. La compañía tiene la construcción del taller Lacarra de la línea E por 772 millones de pesos en la línea E de subte como parte de una UTE junto a otras firmas (SES S.A, BRT y Dyscon). También, la firma, a cargo de la concesión del subterráneo, tiene otra por renovación de vías y trabajos de extensión en la misma línea por 266 millones de pesos.
Auditarán el tramo del Paseo del Bajo que había sido adjudicado a Calcaterra
El análisis de los proyectos más elevados, de todas formas, excluye a la obra más cara de la Ciudad de Buenos Aires que aún está sin terminar. Se trata de la construcción del Viaducto del tren San Martín por un valor de 3098 millones, que tiene sus trabajos paralizados desde agosto y es la obra es la segunda más cara. El proyecto más caro de la gestión Larreta es el tramo C del Paseo del Bajo -ya finalizado, que tuvo un costo de 3188 millones de pesos.
Con una ejecución del 88% según los datos publicados, oficialmente se habla de trabajos de 95% por ciento, la Ciudad anuló en septiembre el contrato a las adjudicatarias Green SA y Rottio SA por incumplimiento de pagos a proveedores por más de 400 millones de pesos, pese a que el Estado local realizó los giros en tiempo y forma.
La situación obligó a un nuevo llamado a licitación para los trabajos remanentes, cuya apertura de sobres está prevista para finales de enero. Licitado en 2016, el viaducto elimina once barreras situadas en diferentes avenidas y calles de la Ciudad a lo largo de un recorrido de 70 kilómetros divididos en 22 estaciones que conecta con los municipios de Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel, Pilar y Luján.
Propiedad del ingeniero Carlos Arroyo, Green SA mantiene otro contrato con la Ciudad para la construcción de viviendas en el barrio Papa Francisco por 437 millones. La firma, que estuvo a cargo de uno de los tramos del Paseo del Bajo, suma otros problemas. Está mencionada en la causa de los Cuadernos de las Coimas, que investiga el juez Claudio Bonadio respecto de las obras durante el período kirchnerista.
No es la única. Supercemento, Roggio, Rovella Carranza, y Panedile también están en la mira de la Justicia, tanto por ese expediente como en otro por supuesta cartelización de la obra pública, según el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, que es imputado colaborador.
Quién es el empresario que se quedó con el millonario negocio del viaducto
Los datos de esta investigación parten de una base de datos públicos que, de todas maneras, no tienen en cuenta refacciones y obras de montos menores. Asimismo, una decena de proyectos no registran montos o aparece el dato consignado el monto de la empresa. Desde el área de Gobierno Abierto señalaron que hay datos en proceso de actualización.
En ese sentido, el gobierno de la Ciudad consideró en los últimos días como finalizada a dos proyectos del arroyo Vega, una obra de descarga y la construcción de un túnel, a cargo del consorcio conformado por Roggio, Supercemento y José Cartellone. Se trata de uno de los desarrollos de más ambiciosos del gobierno porteño, que prevé la construcción de un segundo emisario que tendrá 8,4 kilómetros de extensión y permitirá duplicar la capacidad de conducción de agua. El monto total asciende a 2.893 millones
Desde el Gobierno de la Ciudad se informó que todas las licitaciones fueron realizadas de acuerdo a los procedimientos estipulados por la normativa. En ese sentido se respondió que las empresas que ganan las obras tienen que tener la solvencia y la capacidad técnica para cumplimentarla correctamente. No todas las empresas pueden reunir ambos requisitos, aclararon desde el gobierno porteño y remarcaron que, si no los cumplen, no pasan la calificación. A su vez, indicaron que siempre se adjudicó al menor precio, y en la mayoría de los casos con más de seis ofertas por licitación.
A su vez, en línea con estándares internacionales se incorporó, manifestaron como condición de elegibilidad para los contratistas la implementación de programas de integridad en sus empresas, que deberá contar con contenidos mínimos establecidos en la ley, y ser aprobado por la autoridad competente. Desde el Equipo de Investigación se contactó con todas las empresas mencionadas y ninguna contratista quiso realizar declaraciones.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
