Cuando se sancionó la Ley de Bases N.º 27.742, gran parte del sector empresario entendió que comenzaba una etapa de menor exposición frente a los conflictos laborales. La eliminación de las multas previstas en las Leyes 24.013 y 25.323, aplicables a situaciones de empleo no registrado o deficientemente registrado, fue vista como uno de los cambios más significativos de la reforma.
Sin embargo, la evolución de la jurisprudencia comenzó a mostrar un escenario diferente. Según explica el Dr. Santiago Dabove, Director de Asuntos Legales de Piccinini y Asociados S.A., la desaparición de estas sanciones específicas no eliminó los reclamos vinculados al trabajo no registrado.
"Lo que cambió fue la vía utilizada para reclamar. Hoy observamos que distintos tribunales comienzan a considerar la falta de registración como un hecho ilícito generador de daños, habilitando reclamos indemnizatorios a través del derecho común", señala.
Esta tendencia ya encuentra respaldo en diversos antecedentes judiciales recientes. Casos como “Juárez c/ Bocanera S.A.” y “Ricciardi c/ Dulce de Leche & Co S.A.S.” reflejan un criterio cada vez más extendido: aplicar el principio de reparación integral cuando se verifica una afectación derivada de la falta de registración laboral.
Desde una perspectiva empresarial, el impacto trasciende el plano estrictamente jurídico. Para el Dr. Carlos Piccinini, CEO de Piccinini y Asociados S.A., uno de los principales desafíos es la pérdida de previsibilidad.
"Durante años las empresas pudieron estimar contingencias sobre parámetros relativamente conocidos. Hoy las eventuales indemnizaciones quedan sujetas a interpretaciones judiciales particulares, generando mayores dificultades para proyectar riesgos y administrar pasivos laborales", explica.
En este contexto, las compañías se enfrentan a un nuevo paradigma. La gestión preventiva adquiere un rol cada vez más relevante y la correcta registración laboral deja de ser únicamente una obligación formal para convertirse en una herramienta de protección empresarial.
La reciente Ley N.º 27.802 incorpora mecanismos orientados a facilitar procesos de regularización y brindar mayor seguridad jurídica. Sin embargo, los especialistas coinciden en que ninguna reforma reemplaza la necesidad de una revisión constante de las estructuras laborales y de una adecuada planificación preventiva.
Más allá de la eliminación de determinadas multas, la reforma laboral parece haber desplazado el foco del riesgo hacia nuevas áreas de discusión judicial. Para las empresas, el desafío ya no pasa solamente por cumplir con la normativa vigente, sino por comprender cómo evolucionan los criterios de los tribunales en un escenario cada vez más dinámico. En ese contexto, la prevención y el asesoramiento especializado continúan siendo herramientas clave para evitar contingencias futuras.
Dr. Carlos Piccinini – Director CEO
Dr. Santiago Dabove – Director de Asuntos Legales
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