Merece celebrarse y respaldarse el proyecto de la UCR y Cambiemos para que los jueces argentinos den un paso ya moralmente indispensable de cara a la ciudadanía: el pago de ganancias. La pretendida “independencia” del juez no puede sostenerse sobre oscuros privilegios, en tiempos difíciles social y económicamente para el conjunto de los argentinos. Los jueces deberían predicar con el ejemplo, no encerrándose en privilegios que alejan a la justicia del resto de la ciudadania, cuyos derechos sociales más básicos la Justicia argentina dice tutelar, pero que no siempre defiende, reconoce o respeta como debería. Una justicia que pague impuestos no es una justicia atacada ni socavada en su independencia o medrada en su imparcialidad. Al contrario. Es una Justicia que predica equidad e igualdad ante la ley con el ejemplo.
Un poder judicial independiente es un poder sin privilegios. Los privilegios históricos del poder judicial (como el no pago de ganancias) no parecen haber construído en modo alguno una mayor independencia. Ningún argumento (o argucia) puede seguir obstaculizando este avance republicano.
La transparencia de la Justicia, un poder frente al cual las encuestas muestran un gran recelo o desconfianza, es uno de las grandes deudas de la democracia. La transformación del poder judicial argentino, un poder acostumbrado al nepotismo y el acomodo (el escandaloso caso de la novia de Julio Cobos, recién recibida en un título a distancia, nombrada a dedo en un cargo jerárquico en Mendoza, fue un penoso ejemplo), así como a la poca independencia e imparcialidad en sus funciones, es un paso central en la consolidación de una república. En este punto no se equivoca Elisa Carrió. Su embestida contra el juez Lijo y contra el operador judicial y dirigente deportivo, Daniel Angelici, cuyos delegados avanzan a paso firme en el Consejo de la Magistratura, es una batalla ética y republicana muy importante, que la diputada da casi en soledad, pero con enorme coraje. Es una batalla moral que debe apoyarse sin fisuras ni miramientos mezquinos, en los que la política argentina, por desgracia, suele perderse.
Instalar una cultura institucional en la Argentina requiere de pasos concretos: demanda la transformación de un poder judicial cerrado y encaramado en privilegios, demanda terminar con el nombramiento “negociado” de figuras “afines” (en la Procuración, en la Corte Suprema), lo cual no es compatible con el desarrollo de un Estado transparente y moderno, con poderes independientes donde los nombres más que acuerdos (entre “amigos”, o familiares o devolución de favores), deben expresar principios, trayetorias, valores. La lucha solitaria e incómoda de Carrió por la depuración de una parte del poder judicial es de vital importancia. La justicia argentina está rodeada de operadores que vuelven sus procedimientos y decisiones, sus procesos, poco transparentes y sobretodo, poco imparciales. La mezcla de fútbol, poder y política, es uno de los más graves males que padece la República Argentina: acaso su obstáculo más importante. Su peor “clientelismo”.
Existen operadores políticos que presionan o direccionan jueces, que los coptan y condicionan en su trabajo; un socavón que debe ser desterrado, un subterráneo oscuro de la República donde se cruzan intereses nada transparentes. Depurar la Justicia de operadores e intereses cruzados es garantizar o construir –en la Justicia- una nueva independencia. Una nueva República. El poder judicial es el garante último de la Constitución. Por eso la transparencia y ecuanimidad de sus agentes –su libertad de ser coptados o presionados - es tan decisiva. Carrió no se equivoca cuando insiste sobre este punto. El lobby económico y las operaciones formales e informales medran contra la independencia y transparencia de la Justicia, decisiva en una República.
