“Víctor Saldaño está degradado mentalmente desde el 2000, y eso es irreversible”, expresa Juan Carlos Vega, abogado del primer argentino condenado a muerte en Estados Unidos. Hace más de 20 años, ingresó a lo que se conoce como death row o “corredor de la muerte” de la Unidad Allan Polunsky, en Texas. Se trata de un sitio de tortura para condenados que esperan la inyección letal. Sin embargo, en la lista de ejecuciones del Departamento de Justicia de Texas todavía no figura su nombre, y la esperanza de su familia persiste.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio la razón a los numerosos pedidos de los abogados de Saldaño, y "recomendó" a Estados Unidos conmutarle la pena, sacarlo del corredor de la muerte y proveerle debida atención de salud mental. Si bien el informe fue dictado el pasado 10 de diciembre, las conclusiones se dieron a conocer este viernes tras vencerse el plazo de confidencialidad que el organismo solicitó, debido al cambio de gobierno estadounidense.
“Hace 18 años que lucho por la vida de Víctor Saldaño, y hemos logrado la decisión más importante que puede haber dado la CIDH, que es técnicamente una sentencia contra Estados Unidos, donde se hace lugar a todos y cada uno de los argumentos jurídicos que estamos sosteniendo desde 1998. Son 48 hojas de sólidos fundamentos jurídicos que no tiene precedentes”, manifiesta Vega, que desde 2008 a 2012 se desempeñó como presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
El documento califica al tratamiento penitenciario que Texas le dio a Saldaño como “cruel e infame”. Asimismo, enumera todas las violaciones a la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que forma parte de la Carta de la OEA. Allí solicita a Estados Unidos revisar el juicio y la sentencia, acorde con el derecho a la igualdad ante la ley y las garantías de un debido proceso. “¿Qué puede pasar de ahora en más? Se abren distintos debates jurídicos, políticos y éticos. Si el Presidente Trump y el gobernador de Texas deciden desconocer esta sentencia, y fijan una fecha para que le pongan una inyección letal, será un escándalo internacional, porque allí se prueban cosas que en ningún otro caso de condenado a muerte, de los 3500 que tiene EE.UU., se han logrado probar”, enfatiza Vega, y agrega que “el núcleo del caso es la discriminación racial en el sistema judicial americano”.
Vega comenta que hace cuatro años no visita a su defendido, ya que las reglas de admisión al “corredor de la muerte” son “sumamente estrictas y requieren un trámite previo ante el cónsul argentino”. Lidia Guerrero, su madre, viaja a Texas una vez por año a visitarlo. En algunas ocasiones lo hace acompañada de Sandra Saldaño, hermana de Víctor. El pasado octubre, con motivo del cumpleaños número 44 de su hijo, Guerrero fue a verlo. “Pedimos ir a verlo para darle fuerzas. Lo vi resignado. Cuando me despedí de él, se puso muy mal. Yo soy mayor, y cada vez que me despido pienso que no sé si voy a volver a verlo”.
Hace más de 20 años que Saldaño pasa sus días en un habitáculo de 3 por 2,8 metros, donde entra apenas una tenue luz. Sólo sale de allí para ducharse o para ir a una sala de recreación (también cerrada). Son celdas de aspecto gélido y cerrado, en las que predominan el blanco, la higiene y la pulcritud. El contacto con los guardias es escaso: sólo en aquellos momentos en que se le colocan esposas para que salga de la celda. La comida se la pasan en bandejas, a través de un pequeña buzón que hay en la puerta.
“El corredor de la muerte es un sitio de tortura, en los términos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU. Así lo dicen los precedentes jurisprudenciales a nivel internacional”, precisa Vega. Y agrega: “Con su aparato psicológico destrozado, el 90% de su vida se basa en el sueño. Cuando está despierto, permanece inquieto y sólo dice incoherencias. Los carceleros de Texas se encargan de mantenerlo anestesiado todo el día. Duerme 21 o 22 horas, porque si toma conciencia de dónde está y cuánto tiempo lleva, se querrá suicidar, algo que ya ha intentado en numerosas oportunidades”. Por todo ello, apenas conoce cuál es el estado de su causa judicial. Según el letrado, su deterioro cognitivo no le permitiría entenderlo. “Hace un tiempo la doctora le retiró las pastillas, y él dijo que fue desesperante, así que insistió para que volvieran a dárselas”, agrega su madre.
Víctor Saldaño fue condenado a pena de muerte en 1996, acusado de raptar y matar a un ciudadano de Texas, junto con un cómplice mexicano. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos declaró nula esa primera sentencia por motivos de discriminación racial, y posteriormente un tribunal de Texas compuesto por un jurado popular volvió a condenarlo. Desde 1998, su madre y el abogado Vega se encuentran en batalla legal contra Estados Unidos.
