A horas de la Asamblea Constituyente que planea el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la crisis escaló de un modo dramático. Mientras se cumplía el segundo día de una huelga general convocada por la alianza opositora que paralizó nuevamente al país, el régimen oficaialista anunció la prohibición a partir de este viernes de cualquier manifestación que perjudique ese comicio.
La medida dispuesta por el ministro del Interior, el general Néstor Reverol, buscó salir al cruce de una gigantesca marcha opositora convocada para este viernes llamada “la toma de Caracas” con destino al palacio de Gobierno en Miraflores. Desde las filas opositoras han denunciado la ya conocida constituyente como una maniobra espuria del chavismo.
”El régimen anunció que no se puede manifestar. Responderemos con la toma de Venezuela”, advirtió la Mesa de Unidad Democrática, el espacio que contiene a las principales organizaciones disidentes. “Las calles de Venezuela son del pueblo, no de la dictadura”, señaló en otro comunicado.
De esta forma, lejos de impedir las manifestaciones en contra al Gobierno, la medida anunciada por Reverol generó un efecto contrario. Ahora las marchas serán a nivel nacional, bajo el nombre de la “toma de Venezuela”.
El destino del país caribeño es imprevisible. En los últimos dos días hubo cinco muertos. El último, que se suma a un total de 107 víctimas fatales, fue un chico de 16 años baleado ayer por la tarde. Todo hace prever que esa cifra seguirá creciendo por el aumento de la violencia.
Por otro lado, el Departamento de Estado ordenó a los familiares del personal de la embajada estadounidense en Caracas que abandonaran el país. Los empleados del gobierno estadounidense tienen permiso para partir voluntariamente, según un aviso actualizado del Departamento de Estado luego de la marcha general y de la escalada del conflicto.
La Constituye. La tan polémica votación de Maduro tiene un objetivo: generar un suprapoder con autoridad para disolver el Parlamento, que hoy cuenta con mayoría opositora. También busca eliminar la inmunidad de los legisladores, disponer el cierre de la Fiscalía General (crítica de esa medida) y arremeter contra la dirigencia disidente.
