Alan García quiere pena de muerte para terroristas

El proyecto de ley que pretende aplicar la pena de muerte a terroristas, presentado durante el día de ayer por el presidente de Perú Alan García, desató un furioso debate que incluye a todos los sectores de la sociedad.

Mientras los organismos de derechos humanos pusieron el grito en el cielo, la derecha lo consideró una medida “oportuna” y la oposición acusó al Gobierno de querer utilizarla como una “cortina de humo”.

"Se está creando una cortina de humo para tapar diversos temas", sentenció el líder opositor nacionalista Ollanta Humala, al referirse a lo que definió como "conducta humillante".

Humala dijo también que aparte del incumplimiento de diversas promesas electorales, se busca además tapar el caso del hijo extramatrimonial de García que dio a conocer hace dos semanas un periodista, lo que obligó al jefe de Estado a admitirlo públicamente.

Los organismos de derechos humanos también pusieron el grito en el cielo, entre ellos la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), entidad que responsabilizó al gobierno de magnificar un presunto rebrote de la actividad de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

El primer ministro Jorge del Castillo, negó las acusaciones. "Quienes piensan así están equivocados porque es una propuesta que ha hecho el jefe de Estado por convicción", dijo.

Durante el día de ayer, García dijo que propondrá al Congreso sancionar con la pena capital a quienes cometan el delito de terrorismo, castigo que está contemplado en la constitución peruana.

"Los ciudadanos odian el terrorismo y van a respaldar este proyecto de pena de muerte y fusilamiento para terroristas", precisó al hablar sobre cómo su gobierno enfrentará a remanentes de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.

"Vamos a enviar en breve plazo el proyecto para que sea ley el artículo constitucional donde se menciona la pena de muerte por traición a la patria y por terrorismo", añadió.

El mandatario denunció que "hasta ahora no ha habido el coraje de poner eso en el código penal", para reglamentar la ampliación de esa sanción que reconoce la Constitución vigente desde 1993.

La iniciativa presidencial tuvo el respaldo del procurador para casos de terrorismo, Guillermo Cabala, quien la definió como "oportuna y acertada" porque se trata de prevenir un posible rebrote del senderismo.

Sin embargo, juzgó que la pena capital podría no aplicarse debido a la resistencia de algunos jueces y puso como ejemplo que el líder y fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fue condenado a mediados de octubre a cadena perpetua "a regañadientes" por jueces ante la presión de la opinión pública.

Según Cabala, es necesaria la pena capital "como medida ejemplarizadora" porque los senderistas que están siendo liberados "se están reagrupando" en zonas de la región amazónica.

En contraste un compañero de partido del presidente García, el legislador y constitucionalista Javier Valle Riestra, quien se declaró defensor del mandatario, le pidió que reflexione sobre su propuesta "por ser un error y porque pondría al país al nivel de una nación totalitaria".