En otro episodio que agudiza la crisis política del presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, agentes de la Guardia Civil allanaron ayer la sede central del Partido Socialista, el Ministerio de Transporte y otros organismos estatales para recabar información comprometedora en la causa sobre corrupción que involucra a exfuncionarios y asesores cercanos al mandatario.
En una orden judicial emitida ayer, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente requirió al cuerpo armado el registro para “proceder al acceso y grabado (clonado) de los contenidos que pudieran hallarse en la cuenta de correo electrónico corporativa” de Santos Cerdán, quien hasta hace poco más de una semana era el influyente secretario de organización socialista.
El magistrado también solicitó a los agentes que acudieran al Ministerio de Transportes para hacer lo mismo con la cuenta de correo que tuvo allí José Luis Ábalos, otro de los investigados por la presunta trama y ministro de Transportes entre 2018 y 2021. Igualmente ordenó obtener información de las cuentas bancarias y patrimonio de Cerdán, a quien citó a declarar como investigado el 30 de junio.
Un informe policial conocido la semana pasada encontró “consistentes indicios” de que Cerdán formaría parte de una trama que recibía suculentos sobornos de empresas a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.
El exsecretario de organización podría haber sido presuntamente “quien se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas”, según señala la orden del magistrado.
La investigación sostiene también como implicados a Ábalos, antigua mano derecha de Sánchez, y al cercano asesor de este, Koldo García.
Las revelaciones desataron un potente escándalo por el que Sánchez, quien accedió al poder en 2018 con una moción de censura lanzada después de que el Partido Popular (derecha) fuera condenado por corrupción, pidió “perdón” en varias ocasiones, asegurando que desconocía cualquier irregularidad.
Cerdán dimitió la semana pasada como secretario de organización del PSOE y el lunes como diputado, mientras que Ábalos fue expulsado definitivamente del partido el lunes.
Sánchez, que atraviesa su momento de mayor debilidad política desde su llegada al poder, ha descartado dimitir o convocar elecciones anticipadas por el escándalo, como le exige la oposición.
Esta semana negó ante los diputados que su partido hubiera recibido financiación ilegal y se reunió esta semana con los partidos que apoyan en el Parlamento su gobierno en minoría para darles las explicaciones que reclaman.
“No hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular”, defendió Sánchez en la primera sesión de control al gobierno en el Congreso.
Con el semblante serio, el líder socialista defendió la continuidad de su ejecutivo progresista al inicio de un áspero pleno, donde sus intervenciones se vieron rodeadas de gritos de “dimisión, dimisión”, y en el que la presidenta del Congreso de los Diputados tuvo que llamar al orden en varias ocasiones.
“El Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político, y también se lo digo, en lo personal para mí”, lanzó Sánchez.
En el encuentro en el Congreso, Sánchez volvió a descartar dimitir y convocar elecciones –como le reclama la oposición de derecha y extrema derecha–, y reiteró su mano tendida a las formaciones que suelen apoyar en el Parlamento a su gobierno en minoría.
“Estamos, por supuesto, abiertos a escuchar las aportaciones de otros grupos parlamentarios para que el Gobierno y personalmente mi persona recupere la confianza perdida por parte de los ciudadanos ante este caso”, indicó.
En la reunión destacó la ausencia de la número tres del Ejecutivo, Yolanda Díaz, y otros miembros de su formación de extrema izquierda Sumar, quienes están indignados con lo que sucedió en el PSOE y cuestionan la actitud de Sánchez. El mandatario inició una ronda de contactos con esta formación y otras de su coalición de gobierno, para darles las explicaciones que vienen reclamando.
