El polémico decreto del nuevo gobierno de facto de Bolivia "que promueve impunidad para personal de las Fuerzas Armadas" debe ser derogado de inmediato, y la presidenta Jeanine Áñez debe detener las violaciones a los derechos humanos "o atenerse a rendir cuentas", afirmó Amnistía Internacional (AI), que solicitó que se garantice que las fuerzas de seguridad "actúen confirme con las normas y estándares internacionales".
“La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos”, evaluó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
"La actual crisis social, política y de derechos humanos en Bolivia corre el riesgo de profundizarse si las autoridades continúan respondiendo de manera violenta ante las críticas, las protestas, el escrutinio de los medios de comunicación e, incluso, ante los incidentes de violencia cometidos por terceros", sostiene la organización.
El mensaje de AI aparece luego de un fin de semana de nuevos enfrentamientos entre partidarios del depuesto presidente Evo Morales y las fuerzas de seguridad, que terminaron con nueve muertos, todos ellos civiles. Las víctimas fatales desde el inicio del conflicto que derivó en el golpe de Estado ya ascienden a 23 y hay más de 500 heridos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
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"La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días. Jeanine Añez, quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales”, planteó Guevara Rosas.
Para Amnistía, es necesario que el gobierno interino garantice "el acceso a la información pública, veraz y actualizada sobre las personas fallecidas, heridas y privadas de la libertad en el contexto de la crisis" y llama "a investigar, de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad y de actos de violencia por particulares".
"Es imprescindible garantizar que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su importante y legítima labor libres de censura, estigmatización o ataques", señala AI, que destaca como "preocupantes" los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, además de las acusaciones de “ sedición” emitidas por la ministra de Comunicación contra periodistas. "Recordamos que no corresponde a las autoridades de poderes distintos al Judicial determinar responsabilidades penales", dijeron.
D.S.
