Los cocaleros (cultivadores de coca) de la provincia boliviana de Chapare, en Cochabamba, dieron este domingo un ultimátum a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez: tiene "48 horas de tiempo" para renunciar. Entre otros nueve puntos, los cocaleros, solicitaron al Legislativo que apruebe una ley "que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días".
Si Añez no renuncia, los trabajadores iniciarán el bloqueo por tiempo indeterminado de todas las rutas del país hasta que renuncie a su cargo, dijeron los cocaleros, partidarios del presidente Evo Morales, en un cabildo (asamblea popular) en Sacaba, cerca de Cochabamba, el mismo lugar donde realizó el domingo la ceremonia fúnebre de cinco personas asesinadas el viernes en enfrentamientos con la policía y con militares. Los cocaleros pidieron también el repliegue inmediato delas fuerzas armadas de Sacaba para evitar nuevas víctimas.
Áñez, senadora opositora al gobierno de Morales, anticipó este domingo que anunciará "muy pronto" la convocatoria a nuevas elecciones "transparentes" para dar con el sucesor de Evo Morales, en un nuevo esfuerzo para cesar las manifestaciones que dejaron 23 muertos en casi un mes. Lo dijo tras reunirse con un delegado de la Unión Europea, León de la Torre, quien también se mostró optimista por "avances en la mesa de diálogo" entre el gobierno interino y sectores leales a Morales, que no especificó.
En cuanto a las elecciones, De la Torre reforzó lo dicho por la mandataria interina al asegurar a periodistas que la convocatoria a nuevos comicios, tras consensuar con el partido de Morales -que tiene mayoría en el Congreso- ocurrirá "pronto".
Según la Constitución, es el Congreso el que deberá elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que los anteriores fueron detenidos por las irregularidades ocurridas en las elecciones del 20 de octubre, que dieron la reelección a Morales pero que él mismo anuló horas antes de renunciar a la presidencia el domingo 10 de octubre, en medio de protestas y tras perder el apoyo de policías y militares.
La situación de los derechos humanos
También Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó este fin de semana a reunirse con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz.
Pero las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el ejército y la policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en casi un mes de protestas.
El gobierno reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslizó incluso la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto "aparece con un tiro en la nuca".
Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo sin embargo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que "todos los muertos son con impacto de bala". "Todos con quien he hablado dijeron que no había ninguna persona civil con un arma", dijo Becker, señalando que entrevistó a 50 personas.
Según la Constitución, es el Congreso el que deberá elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que los anteriores fueron detenidos por las irregularidades ocurridas en las elecciones del 20 de octubre.
Polémico decreto
Asilado en México tras renunciar, Morales escribió en Twitter que las "FFAA no están exentas de su responsabilidad", al denunciar los "delitos de lesa humanidad" que "no deben quedar en la impunidad" y que considera se han cometido en la represión de las protestas.
Morales hacía referencia a un polémico decreto del gobierno interino, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto "no es una licencia para matar".
La CIDH calificó en Twitter de "grave" un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público. "El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo autónomo de la OEA.
En medio de la polémica, el ministro Murillo indicó que gracias a las gestiones del gobierno "los conflictos han bajado en un 50% en intensidad". En la ciudad de Cochabamba todavía ocurren "algunos enfrentamientos", pero su fuerza "está disminuyendo", respaldó el comandante de la Policía nacional, coronel Rodolfo Montero.
A raíz de los cortes de rutas por las protestas en varias regiones ha comenzado a sentirse el desabastecimiento de comestibles en los mercados populares y el combustible escasea en La Paz. El gobierno envió a La Paz 60 toneladas de carne y pollo.
D.S.
