La organización Human Rights Watch (HRW) acusó este martes 19 de octubre al gobierno de Cuba de llevar a cabo, de forma sistemática, detenciones arbitrarias, torturas contra los detenidos y juicios sin garantías, en represalia a las protestas de julio.
Esa fue "esencialmente la respuesta brutal de un régimen que concentra todo el poder desde hace décadas (...) y que fue sorprendido por unas manifestaciones espontáneas", dijo José Miguel Vivanco, el director para las Américas de HRW, durante la presentación en Miami del último informe de la organización.
El gobierno de Miguel Díaz-Canel quería "infundir miedo entre la población y reprimir el disenso", sentenció por su parte el investigador Juan Pappier, al término de unas investigaciones que incluyeron a más de 150 personas, incluidos activistas, víctimas, familiares y abogados, además de la consulta de documentos judiciales y corroboró numerosos videos y fotos.
Durante las manifestaciones pacíficas del 11 de julio pasado, las autoridades cubanas detuvieron a más de 1.000 personas durante esa ola represiva, de las cuales más de 500 siguen encarceladas y otras muchas están bajo arresto domiciliario, indicó HRW, citando a la ONG cubana Cubalex. Agregan que los manifestantes y críticos fueron detenidos, incomunicados y juzgados en procesos que son una verdadera farsa.
Para Pappier, los procesos judiciales fueron "una verdadera farsa" y forman parte de una estrategia que trasciende lo anecdótico. "Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales", afirmó. "Para el régimen, el objetivo ha sido que el temor pese más que la desesperación de la gente", dijo Pappier.
Los autores del informe documentaron en detalle violaciones de derechos humanos contra 130 personas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, un municipio especial y dijeron que, en la mayoría de esos casos, las víctimas sufrieron interrogatorios reiterados. Algunos de los detenidos también fueron privados de sueño y golpeados, mientras que a otros se les amenazó con tomar represalias contra ellos o sus familiares por protestar.
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Las autoridades cubanas informaron el 19 de agosto de que 67 personas habían sido condenadas por su implicación en las protestas, en su mayoría con penas de entre diez meses y un año de cárcel. El "desorden público" es el principal cargo esgrimido contra los detenidos, según HRW en base únicamente a testimonios de las propias fuerzas de seguridad. Algunos de los detenidos quedaron en libertad tras pagar una multa o permanecen bajo arresto domiciliario.
"Esto obedece a una política de Estado para frenar de raíz cualquier intento del pueblo cubano por ejercer su derecho a la protesta pacífica", aseguró Vivanco.
El 11 de julio, miles de ciudadanos salieron a las calles de unas 50 ciudades de Cuba al grito de "tenemos hambre" y "libertad". Esas protestas, sin precedentes desde la revolución de 1959, dejaron al menos un muerto y decenas de heridos. Los opositores planean salir nuevamente a la calle el 15 de noviembre, a pesar de la prohibición de las autoridades de la isla y ese día "se verá si la estrategia de miedo del régimen funcionó", advirtió Pappier.
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